ESCUCHARSe trata de una organización narcocriminal que se dedicaba al tráfico de cocaína mediante el uso de encomiendas. Se destacó la importancia de la etapa de cesura.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la primer condena de una organización narcocriminal que se dedicaba al tráfico de cocaína mediante el uso de encomiendas, que se realizó mediante el sistema acusatorio.
Después de un minucioso estudio del caso, los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos ratificaron la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta y descartaron la existencia de fisuras durante el proceso.
Además de evaluar y, en este caso, rechazar los agravios de las defensas, los jueces reconocieron, en sus consideraciones, los aportes que llegaron al proceso a partir de la implementación del sistema acusatorio, entre ellos el juicio de cesura, una nueva figura dentro del debate oral.
Para Javier Carbajo, “la cesura del juicio ha venido a poner término en el ámbito federal a la inercia de más de un siglo de restarle importancia al tema de la determinación de la pena”. A su entender, “los obstáculos y las cuestiones que las partes plantean y discuten en relación con esta problemática, tan vital para el acusado, necesitaban de un marco adecuado en el que se garanticen en plenitud los principios que gobiernan el proceso penal acusatorio (art. 2, Código Procesal Penal Federal, CPPF), y este instituto procesal -para nada novedoso- zanja esta antigua disputa “… “en tanto logra colocar la cuestión sobre la pena en el mismo plano procesal que la cuestión de la culpabilidad” .
Por su parte, el juez Gustavo Hornos destacó la trascendencia de este caso pues en él “se aplica plenamente el CPPF”, para posteriormente resaltar, como lo hizo Carbajo, la importancia de la etapa de cesura. Indicó que “debe destacarse que una de las novedades que trajo aparejada la implementación del CPPF es la división del juicio oral con pronunciamientos por separado; por un lado, la cuestión de la declaración de culpabilidad y, una vez efectuada su comprobación, la realización por el sentenciante de un juicio de valor sobre la pena a imponer, previa audiencia de debate, donde específicamente las partes exponen sus argumentos sobre la pena y su modalidad de cumplimiento”.
“Encuentro acertada dicha distinción por cuanto permite al Tribunal sentenciante, por un lado, abocarse plenamente al estudio de las circunstancias personales de la persona imputada y, a su vez, a la defensa, efectuar las presentaciones que estime pertinentes en la audiencia fijada a tales fines, realizando un efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio, ya sin interferencias relacionadas a las cuestiones pertinentes a la responsabilidad de su defendido”, agregó.
El caso
Los cuestionamientos resueltos por la Cámara de Casación se refieren a una investigación iniciada el 15 de julio de 2019, cuando por una denuncia anónima se interceptaron dos paquetes que, a modo de encomiendas, habían sido entregados en una empresa de transporte de la ciudad de Salta a fin de ser trasladados a Córdoba. En el interior de los paquetes se habían acondicionado 11 kilos de cocaína, ocultos en las paredes de un horno microondas y un filtro de camión. Luego de las verificaciones pertinentes, el fiscal Toranzos, del Área de Casos Complejos, llevó adelante el caso y para poder atrapar a los implicados practicó una “entrega vigilada”, para lo cual previamente reemplazó el estupefaciente por harina.
De esta manera, las encomiendas siguieron viaje a la provincia de Córdoba, donde los acusados -en distintos roles- se presentaron en la empresa y en sus alrededores para poder hacerse de la mercancía, siendo todos ellos detenidos el 19 de julio.
