El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) expresó la necesidad de una política tributaria integral de la Nación, las provincias y los municipios para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. Al respecto, destacó la necesidad de coordinar acciones que alivien al sector privado y que, a la vez, ordenen el financiamiento de la baja de ingresos
La entidad destacó que el impacto del coronavirus será “relevante” y afectará significativamente el nivel de actividad del sector privado y, consecuentemente, los ingresos fiscales de los tres niveles de gobierno en el país.
En ese sentido, afirmó que se deberá aumentar paralelamente el gasto público de salud, de asistencia a la población más necesitada y de apoyo al sector privado.
“Las cuentas públicas venían con déficit y este shock las empeorará de manera importante, siendo la vía casi exclusiva de financiamiento la emisión de pesos, más allá de los esfuerzos de reasignación del gasto que se puedan realizar”, detalló el Iaraf.
Para el instituto, los aumentos del déficit y de la emisión de pesos no constituyen actualmente un problema relevante.
“Lo que sí es clave, es que, garantizando un proceso ordenado y transparente del uso de la emisión de pesos, los tres niveles de gobierno lleven a cabo las acciones más eficaces
y eficientes en la lucha contra el coronavirus y la caída de actividad económica que se va a
generar”, insistió.
Por las restricciones en el marco del aislamiento social y las medidas oficiales para contener la expansión del virus, para el Iaraf se va a acrecentar la imposibilidad, al menos parcial, de cumplir el pago de las remuneraciones del personal en una amplia cantidad de sectores de la economía.
La caída de ingresos es incierta y los autores del informe de la entidad destacaron que actualmente no resulta posible proyectar un número “serio” de la merma. Pero sí identificaron las vías a través de las cuales va a ocurrir:
– Caída de la base imponible de impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA),
Impuesto a los ingresos brutos (IIBB) y Tasa de seguridad e higiene municipal (TISH),
entre otros. Las menores ventas y producción incidirán en la base imponible.
– Caída del pago de impuestos devengados y de aportes y contribuciones. Un claro ejemplo sería el menor pago de aportes y contribuciones por parte de empresas que no tengan liquidez propia para hacerlo. Para mitigar esta caída será clave que la masa de dinero puesta a disposición de las empresas vía préstamos sea efectiva y oportuna.
– Diferimiento del pago de impuestos con el objeto de facilitar la liquidez de empresas
para que puedan afrontar el pago de sueldos y de familias para que afronten gastos
imprescindibles.
– Disminución de impuestos y de aportes y contribuciones. Los tres niveles de gobierno
van a tener que brindar exenciones transitorias a los sectores más afectados,
adicionalmente a la dilación del pago de impuestos.
“Se cree que la acción coordinada de los tres niveles de gobierno facilitaría la acción del sector privado, ya que establecería las reglas de juego de una manera homogénea en todo el país,
pudiéndose considerar las particularidades regionales y sectoriales. Esto evitaría la presentación de pedidos desmedidos y el desorden en la acción de los fiscos. Y facilitaría la dinámica de la aplicación de medidas, en función de la evolución del contagio del virus en nuestro país”, destacó el informe.
Para el Iaraf, una vez establecidos los costos de las medidas coordinadas se puede ordenar la emisión de pesos. Cada provincia debería recibir el equivalente a su participación en la masa coparticipable más su recaudación de Ingresos Brutos (IIBB). Cada municipio, por carácter transitivo, debería recibir el equivalente a su participación en la masa coparticipable provincial más su recaudación de Tasa de seguridad e higiene municipal (TISH).
Dado que parte de las medidas serán posposición de pagos de impuestos, para la entidad se debería establecer un plazo determinado y cumplido el mismo, la Nación debería retenerle de la coparticipación a las provincias el monto de dinero enviado por motivo posposición (sería un préstamo) y las provincias hacer lo propio con sus municipios.
“A su vez, la Nación debería cancelar los préstamos al BCRA, reduciendo la cantidad de base monetaria creada durante el proceso”, afirmó el Iaraf.