En el marco del juicio por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en el que se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) pidió una pena de ocho años de prisión para Lázaro Báez.
El organismo recaudador también solicitó penas para los cuatro hijos del empresario patagónico: Martín (siete años y seis meses), Leandro (cinco años), Luciana (cinco años) y Melina (cuatro años y seis meses).
En el caso del arrepentido Leonardo Fariña, los abogados de la Afip solicitaron una pena de seis años por entender que su aporte “no fue trascendental” para el debate.
El Fisco también solicitó una condena de siete años y seis meses para el abogado Jorge Chueco y para Daniel Pérez Gadín, como coautores del delito.
También reclamó el decomiso de todos los bienes y que se inicie una causa por falso testimonio en contra de varios testigos que declararon por la operación de la compra de un campo en Mendoza.
Campo
El debate continuará el próximo miércoles con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF). Luego será el turno de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Fiscalía. Ayer, mientras los letrados de la Afip alegaban en el tramo principal de la causa, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos con prisión preventiva de Báez, Chueco y Pérez Gadín, por la compra de un campo en Uruguay, un hecho que formó parte de la “ruta del dinero K”.