ESCUCHARPor Luis Carranza Torres (*) y Carlos Krauth (**)
Es poco discutible que la sociedad argentina –al menos en el discurso- es mayoritariamente estatista. Sea por ideología, comodidad (es más fácil demandar que el Estado haga lo que no queremos afrontar nosotros), o la razón que fuere, la mayoría de los argentinos, por distintas vías, casi siempre espera que el Estado decida y resuelva todo (o al menos casi todo) y satisfaga todas nuestras necesidades.
Pese a ello notamos un sinnúmero de contradicciones entre el discurso y lo que sucede, lo que tal vez sea un indicador de porque nos va como nos va.
Es que si vemos nuestra vida cotidiana, notamos que existen una enorme cantidad de servicios que el Estado se ha comprometido jurídicamente a prestar y no lo hace (al menos de manera completa), y que es reemplazado, de facto, por la actividad particular.
Vamos a los ejemplos: el servicio de seguridad, que en muchísimos casos se contrata a empresas particulares para que lo brinden. Incluso el mismo Estado alienta la contratación de estos servicios, participando de su comercialización por vía de los denominados “adicionales”. Lo mismo ocurre con el sistema de salud, el que pese a ser “gratuito”, en innumerables situaciones es necesario recurrir a particulares para ver satisfecha la demanda sanitaria. Los residuos, son otro ejemplo, en donde decenas de personas que, por fuera del sistema establecido, recogen escombros, basura y/o cualquier otro tipo de objeto que la gente desea descartar y quiénes son los responsables de hacerlo no lo hacen o lo hacen a las cansadas.
Tal vez uno de los mas paradójicos sea lo que ocurre en las calles y el control del estacionamiento y el transito. Cuantos “naranjitas” se encargan de “controlar y cuidar” los espacios para estacionamiento, sean estos lugares regulados o no. Incluso no pocas veces a ocurrido, en que ante embotellamientos atascamientos u otros problemas de circulación vehicular semejantes son ellos los que ante la ausencia de los funcionarios correspondientes, toman cartas en el asunto y dirigen el “transito”. Justamente se publico la noticia de un hecho como el que describimos en Colon y Tucumán en pleno día y por la falla en los semáforos del lugar.
Para no hablar de las “zonas liberadas” cuando la gestión de los espacios públicos en la inmediaciones de espectáculos deportivos u similares son apropiadas por grupos que la parcelan y cobran ante la llamativa ausencia de cualquier poder estatal o el mirar para otro lado de los que pueden verse en el lugar.
Lejos de querer discutir aquí las funciones que debe tener el Estado lo que pretendemos es mostrar un problema que a cotidiano se presenta y la contradicción que acarrea. Sostenemos en el discurso la necesidad de un Estado presente pero, al mismo tiempo, en el actuar cotidiano, naturalizamos su ausencia y su reemplazo por terceros que realizan el trabajo que este se ha obligado a ejecutar.
Se trata de otro más de los dobles discursos de una sociedad que juega a ser políticamente correcta y es sumamente informal en sus conductas. Después, nos asombrarnos de por qué las normas no se cumplen o caen en letra muerta.
Tales circunstancias lo único que traen es deslegitimar a la autoridad estatal. Frente a impuestos astronómicos que solo parecen otorgar como contrapartida prestaciones bastantes deficientes, debemos pensar si no ha llegado el momento de un debate sincero respecto de lo que realmente puede hacer el Estado. Se trata de una necesaria revisión de las funciones que debe realizar el Estado y como debe ejecutarlas. Ya que con mayor o menor presencia, es necesario un Estado eficiente, para no caer en riesgosas situaciones anómicas y anárquicas.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.
(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
