Hay 2000 personas encarceladas por encima de la capacidad instalada. La Procuración Penitenciaria de la Nación dio a conocer los últimos datos estadísticos. El abuso de la prisión preventiva sigue siendo una constante
La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó el tradicional boletín estadístico con datos actualizados del tercer trimestre del 2019.
El documento, confeccionado por el Equipo de Estadísticas y Bases de Datos de la Procuración, desarrolla los ejes de sobrepoblación, tortura y malos tratos, entre otros. En la actualidad, 6 de cada 10 personas detenidas no tienen condena firme y hay un 16% de sobrepoblación declarada.
Desde el organismo señalaron que, según las estadísticas correspondientes al período comprendido entre julio y septiembre pasado, la cifra de personas encarceladas aumentó a 14.251, lo que implica que hay más de 2.000 personas alojadas por encima de la capacidad informada. Esto significa un 16% de sobrepoblación declarada.
La sobreocupación no es un tema nuevo y las medidas implementadas para reducir el hacinamiento, según el organismo, solo funcionaron como “paliativos que no lograron contener el fenómeno”. En marzo de 2019, el Ministerio de Justicia declaró el estado de emergencia de la situación carcelaria, con el objetivo de controlar el escenario, sin embargo, el fenómeno de la sobrepoblación no dejó de agravarse.
La mayor parte de las personas privadas de la libertad son varones adultos. Según datos oficiales, el 81% son de nacionalidad argentina y solo el 19% extranjeros.
Con respecto a la situación procesal de las personas detenidas, la Procuración hizo hincapié en el uso excesivo de la prisión preventiva, ya que 6 de cada 10 personas no tiene condena firme.
La Procuración Penitenciaria también registra y documenta constantemente los casos de tortura y malos tratos, cuya cifra en el último período llegó a 115 denuncias sobre 367 hechos. Asimismo, en total de 196 personas llevaron adelante alguna forma de protesta hasta el tercer trimestre de 2019, con acciones de huelga de hambre, rechazo de alimentos entregados por Servicio Penitenciario Federal y autolesiones, entre otras.