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La exposición del abogado Daniel Igolnikov involucra al presidente y al secretario del organismo. El letrado que la presentó sostiene que -aunque el trámite de la pesquisa se demora el organismo “no hace nada”
Una denuncia por supuesta “protección” al juez federal Ariel Lijo, quien instruye la causa penal por presuntos ilícitos en el concurso preventivo de Correo Argentino, ya entró al Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).
La exposición del abogado Daniel Igolnikov involucra al presidente del organismo, Ricardo Recondo, y al secretario, Mariano Pérez Roller.
El letrado sostiene que a pesar de que Lijo, supuestamente, demora el trámite de la pesquisa y “no dicta el procesamiento de los presuntos responsables”, el CMN “desatiende sus quejas” en contra del magistrado.
Actualmente, Lijo instruye una denuncia para determinar si hubo ilícitos en la firma del acuerdo de pago de las deudas del Correo Argentino, luego dejado sin efecto. Días atrás, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, al confirmar el rechazo de una propuesta de pago de la empresa a sus acreedores, ordenó que se inicie el proceso de salvataje que, en caso de fracasar, dará lugar a la declaración de la quiebra de la compañía.
Cramdown El procedimiento de cramdown les fue solicitado a las magistradas María Gómez Alonso de Díaz y Matilde Ballerini por la fiscal Gabriela Boquín.
“No habiendo sido obtenida la conformidad requerida, no cabe más que confirmar la resolución de primera instancia en cuanto decide la apertura del registro de cramdown” , resolvieron Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerin.
La firma ofertó el pago de los 298 millones de pesos de capital en efectivo más los intereses de la deuda desde 2001.
El Estado rechazó la proposición y pidió aclaraciones y más tiempo para dar una respuesta, pero en septiembre la Corte Suprema le ordenó a la Cámara Comercial que avanzara.
Privatizado El Correo Argentino fue privatizado en la década de 1990. En 2001 dejó de abonar el canon y en 2003 se reestatizó. En junio del 2016 las partes llegaron a un acuerdo, pero Boquín lo objetó por “abusivo y perjudicial”.
En febrero de 2017, Oscar Aguad, por entonces ministro de Comunicaciones, defendió sus gestiones y le atribuyó a un error jurídico el dictamen de Boquín. “Es la deuda histórica, no se puede actualizar. Son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones, porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con siete por ciento de interés anual”, dijo Aguad.
Poco después, Mauricio Macri anunció sus funcionarios de devolvieron el expediente a la Cámara Comercial. “No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta”, admitió.
“No hay ningún hecho consolidado, porque no se condonó, ni se pagó, ni se cobró”, precisó el ex mandatario.
Idéntica
Hace un año y medio, la concursada presentó una propuesta casi idéntica: repitió que su voluntad era abonar el 100 por ciento de la deuda nominal en 15 cuotas anuales con una tasa de interés del siete por ciento.
Como novedad, sumó una “mejora de plazo y monto” y un “reconocimiento adicional”.
Con relación a la primera variación, explicó que las dos primeras cuotas se cancelarían en un único pago de $5.924.107, dentro de los 30 días de homologado el acuerdo.
En tanto, como “pago adicional” sugió una erogación en concepto de intereses según la tasa pasiva del Banco Central por $1784 millones, pero sujeta a una quita del 30 por ciento sobre el capital y los intereses y a la percepción de una reparación por los activos que la empresa reclamó tras la estatización del servicio, en 2003.
Casación En septiembre, en el marco del expediente por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó analizar los pedidos de los imputados Aguad, Juan Mocoroa (director de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones), Jaime Cibils Robirosa (presidente del directorio de Correo Argentino) y Jaime Leonardo Kleidermacher (representante legal de la empresa).
La Máxima Instancia en lo criminal del país no admitió el cuestionamiento a la negativa del juez Lijo a admitir la excepción de falta de acción por in- existencia de delito presentada por los encartados, aunque no trató el cierre del expediente.
El magistrado ordenó un nuevo estudio contable para zanjar las diferencias entre los encausados y la fiscalía en relación a la deuda y el acuerdo y la Cámara Mercantil dispuso elevar las actuaciones por supuestas anomalías a la Corte.
El resultado de ese análisis será fundamental para definir el destino de la causa por la que ya fueron indagados todos los encartados.
En noviembre, Lijo estableció cuáles son los puntos a revelar en el informe técnico y le pidió colaboración a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) para determinar si el pacto fue o no abusivo
En su momento, la fiscal Boquin cuestionó el principio de acuerdo y sostuvo que la oferta que hizo la firma en 2016 era abusiva porque, según sus cálculos, la homologación implicaría una condonación de deuda por más de $ 4.277 millones, por la inflación y la devaluación.
