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Hace tres meses, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público a 31 procesados
por administración fraudulenta y cohecho. Ahora, hay un asunto de competencia que puede demorar la realización del debate
El Tribunal Oral Federal 4, designado para hacer el juicio por “Skanska”, no quiere llevarlo adelante: se declaró incompetente y pidió que se unifique con la causa “Cuadernos”, a cargo del Tribunal Oral Federal 7.
Hace tres meses, Sebastián Casanello envió a juicio oral y público a 31 procesados por administración fraudulenta y cohecho.
Entre los encartados figuran el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
En el expediente “Skanska”, el primero importante que involucró al kirchnerismo, se investiga el supuesto pago de coimas mediante el uso de facturas apócrifas, con el objetivo de que la empresa fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.
El proyecto de Ampliación de Gas 2005 preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos -los sistemas norte (TGN) y sur (TGS)-, el acondicionamiento de las plantas compresoras y la construcción de una nueva.
Se planeó que las obras serían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomiso y los presuntos sobornos -pagados en forma de sobreprecios- se habrían concretado luego de que se modificara la forma de licitación.
Acuerdo espurio
Al enviar a debate a los encausados, Casanello dio por clausurada la parte de la investigación en la que se indagó el “acuerdo espurio” entre empresarios y funcionarios públicos del gobierno argentino, en el que se acordó que los primeros realizarían pagos a los segundos, en carácter de sobornos.
Según el magistrado, el accionar delictivo requirió de la presencia de tres clases de intervinientes: por un lado, los funcionarios públicos; por otro, los dependientes de la firma Skanska SA, y por último, de personas que participaron en la confección de la facturación falsa y el cobro de cheques librados por la compañía, con destino a coimas.
A De Vido y López, así como al ex gerente General de Nación Fideicomisos SA, Néstor Ulloa, el juez les enrostra haber recibido dinero de directivos del grupo económico, a cambio su intervención “en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado ‘Proyecto de Expansión de Gas 2005’, mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación a Skanska, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”.
“Se corroboró que percibieron pagos instrumentados por directivos y dependientes de la empresa, que extrajeron $13.949.829,87 con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo”, detalló.
En octubre del año pasado, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, la Sala de la Cámara Federal porteña anuló la invalidez de un audio que probaría el pago de una coima.
El tema llegó ante el tribunal porque Stornelli apeló una decisión de Casanello que rechazó declarar nulo el primer fallo de la Cámara, que había descartado la escucha como prueba.
Los vocales Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que la grabación de la conversación, registrada por un síndico de la empresa, en la cual el ex gerente Comercial Javier Azcárate admite que se abonaron sobornos a cambio de adjudicaciones de obras, era válida. “Es un negocio de cien millones de dólares, de parte nuestra, más lo de ellos, 200 millones. ¿Y vos le vas a tirar el negocio abajo al tipo que hizo todo el tromping (sic) y al muchacho, al ‘pingüino’ de acá a dos cuadras?”, dijo el directivo.
En noviembre de 2011, la misma sala de la alzada, pero integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, dejó sin efecto la grabación, cerrando la chance de que el caso se investigara como cohecho.
Vicio
No obstante, Bruglia, Llorens y Bertuzzi estimaron que el decisorio de sus antecesores se basó “en un vicio grave de fundamentación”, entre otros errores, y que la prueba validada en su momento por la Cámara Federal de Casación Penal constituyó un factor trascendente para la corroboración de una de las principales sospechas que motorizaron la investigación.
En esa línea, precisaron que se imponía la valoración de la grabación por la reincorporación decidida por la Máxima Instancia en lo penal, ya no era posible defender la aptitud de la sentencia dictada por sus colegas hace siete años, que excluyó el análisis de aquel relevante elemento de juicio.
Fiscal
Al reclamar el procesamiento de De Vido, en junio de 2017, el fiscal Stornelli alegó que “estaba al tanto de cada uno de los pormenores de las contrataciones en cuestión”.
Además, opinó que era “inimaginable” que el ex titular de Planificación hubiera “simplemente delegado sus funciones, desentendiéndose al menos bajo actitud negligente de cuanto ocurriera en los procedimientos de contratación finalmente autorizados en su propia jurisdicción”.
Así, concluyó que De Vido tuvo un rol activo y decisivo en la suerte que corrieron sendas contrataciones.
Protagonistas
La conversación entre Azcárate y el auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, el otro protagonista de la charla, data de 2006, luego de que la sede de la empresa en Buenos Aires fue allanada por disposición del entonces juez Guillermo Montenegro, quien citó a indagatoria al ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, y a Ulloa.
El ex magistrado Oyarbide intervino después y procesó a Corizzo y Azcárate junto al entonces secretario de Energía, Daniel Cameron.
Todos fueron sobreseídos. En 2011, la prueba se anuló la prueba. Freiler, Farah y Ballestero alegaron que no podía usarse porque se trató de una grabación clandestina en la cual el ejecutivo se autoincriminó. También descartaron las existencia de sobre precios y coimas.
“Decisión política”
En esa oportunidad, argumentaron que hubo una “decisión política” de hacer las obras frente a la crisis energética y la necesidad de suministro de gas en el invierno de 2005 y consideraron justificados los presupuestos que pasaron las contratistas (Skanska, TBU, Techint y Odebrecht), pese a que superaban los proyectados por las gerenciadoras.
“Aun con el desfase entre la inicial proyección de costos y el precio final, la irrazonabilidad predicada por Oyarbide es tan sólo producto de una argumentación circular y autoconfirmatoria”, plasmaron.
Así, concluyeron que el juez “construyó” la teoría de las coimas en un “plano especulativo”.
Si bien la escucha fue declarada nula, en diciembre de 2015 la Corte Suprema, a pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dispuso que se revisara la decisión. Luego, Casación la declaró válida y confirmó la reapertura definitiva de la pesquisa.
La defensa del ex gerente Comercial de Skanska dijo que el diálogo telefónico fue fruto de un “engaño” y la calificó como una grabación “parajudicial”.
No obstante, la Casación aclaró que “las grabaciones, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles”.
En la misma dirección, indicó que la declaración no fue realizada de forma subrepticia y que, por ello, el contenido de las expresiones no se obtuvo de manera fraudulenta.
