Con la ley de solidaridad social ya promulgada, Fernández espera al FMI

En los “próximos días” llegará al país una misión de ese organismo, confirmó el Presidente. Anticipó cambios para los haberes de retiro de jueces y diplomáticos

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que en los «pró-
ximos días» llegará a Buenos Aires una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar formalmente las negociaciones con el Gobierno por la deuda argentina.Seguramente, las conversaciones con el organismo multilateral de crédito se contextualizarán en las expectativas gubernamentales sobre la aplicación de la ya promulgada Ley de Solidaridad Social y Reactiva-ción Productiva.

En detalle, Fernández, en diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada, dijo que su «preocupación es tratar de ordenar esto» y manifestó: «Con Martín (Guzmán,
el ministro de Economía) decimos que hay que tranquilizar la economía, a la Argentina , y estar todos un poco más tranquilos para empezar el año».

Con relación específicamente a la normativa que fue publicada ayer en la versión vespertina del Boletín Oficial de la Nación, el primer mandatario indicó que el texto de la nueva ley de emergencia «está publicando en una separata con un veto parcial del artículo que beneficiaba con la moratoria a las empresas más grandes de las que habíamos previsto», y que para la reglamentación de esa norma «hay que dar tiempo».

En tanto, el Presidente  que con currió a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada para saludar, con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año, a los allí acreditados adelantó además que se va a integrar «lo más rápidamente» una comisión para estudiar el tema de las denominadas jubilaciones de privilegio, en respuesta a las principales críticas que realizó la oposición sobre la normativa que impulsó el Ejecutivo y fue aprobada la semana pasada en el Congreso de la Nación.

Según trascendió a la prensa el día de ayer, las nuevas disposiciones para los retiros de privilegios se establecerán mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mediante el cual se congelarán las jubilaciones de privilegio a jueces y embajadores, además de aplicar una contribución de 21% y un aporte extraordinario de siete puntos porcentales para quienes perciban retiros superiores de $100 mil.

A pesar de que estos detalles se conocerán en el transcurso del día, Fernández aseguró que considera “necesario ordenar eso, porque sino tenemos jubilados de primeras y jubilados de segunda», mientras anticipó que «los jubilados van a tener su aumento en marzo, como estaba previsto, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer porque la situación es muy compleja. Todos los jubilados tuvieron un aumento en diciembre de casi nueve por ciento».

Por otro lado, también este lunes, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, anunció que -a partir del 1 de enero quienes hayan tomado créditos con la Anses (sean jubilados, jubiladas o beneficiarios de asignaciones) tendrán una reducción de 11 y 12 puntos porcentuales de la tasa de interés, medida que beneficiará a 5,5 millones de personas.

Además, durante el primer trimestre los tomadores de préstamo de esta población «no van a pagar la cuota» de los créditos que contrajeron,como medida adicional.

Campo
Por otro lado, durante la jornada de este lunes, Alberto Fernández mantuvo una extensa reunión con representantes de la Mesa de Enlace, con quienes dialogó sobre la segmentación en los derechos de exportación para el sector agropecuario, considerando que el propio jefe de Estado propuso la semana pasada una reforma al texto de la ley de solidaridad social, en la cual se contempla diferenciaciones para pequeños productores y pymes.

En este sentido, al finalizar el encuentro de ayer, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, aseguró que «el campo es un socio fundamental» del Gobierno y ratificó que Fernández se comprometió a compensar «a pequeños productores y regiones alejadas de los puertos”.

Esta declaración fue realizada en una conferencia de prensa posterior a la reunión, en la que también se encontraban dirigentes del campo.

“Hemos analizado la dificultad de la situación en la que está el país, la aguda crisis de déficit que hay que abordar y, en función de ello, los esfuerzos que están haciendo los distintos sectores”, detalló Basterra, al comentar el contenido del encuen tro y agregó que “se tratará de generar un trabajo y un canal de diálogo” con el sector.

Por su parte, los dirigentes de las entidades agropecuarias indicaron que habían solicitado al Jefe de Estado que no aplicara el incremento de 3% a los derechos de exportación para los distintos productos y que sí coincidieron en que “deben hacer un menor esfuerzo quienes son de menor envergadura”.

Con relación a este requerimiento, el titular de la cartera de Agricultura precisó que “el Presidente, con absoluta responsabilidad, planteó que las retenciones tienen que ir disminuyendo, que no es un instrumento deseable para el funcionamiento de una economía, pero que la responsabilidad que le cabe hace que tenga que ser analizado en mucho detalle el pedido de las entidades”.

Por otro lado, el funcionario destacó que los agricultores familiares tendrán un tratamiento especial y que la cuestión se encuentra siendo analizada por equipos técnicos, además de que se aceptaron propuestas provenientes del mismo sector.

Con respecto a estos puntos, también durante la jornada de ayer, se conoció un comunicado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el cual se destacó la necesidad de exceptuar a las economías regionales de la suba de retenciones que establece la nueva ley.

“Productos tales como arroz, maní, legumbres, frutas finas, yerba, tabaco, miel, entre otros, deben contar con un trato impositivo diferencial que incentive a los productores a encarar una planificación de trabajo acorto y mediano plazo”, señalaron desde CAME.

La entidad advirtió, además, que el nivel de rentabilidad en estas economías regionales “es nulo o directamente negativo” y en algunos casos, inclusive- los costos de producción superan por amplio margen los precios que reciben los productores.

En este sentido, el aporte de este sector al Tesoro en concepto de derechos de exportación rondará este año los 520 millones de dólares con la tasa de entre tres y cuatro pesos por dólar exportado que aplicó el anterior gobierno en 2018.

“Un dato clave que remarca CAME para comprender la necesidad de un trato impositivo diferencial surge del Censo Nacional Agropecuario preliminar del Indec: de las 250.881 explotaciones rurales que existen en el país, un 63% corresponden a economías regionales”, precisó la misiva de la entidad.