ESCUCHARLa Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo y Tributario porteño rechazó el recurso interpuesto por un conductor incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos quien había solicitado la renovación de su licencia de conducir.
En su sentencia, el magistrado consideró que la norma no es “ilegal”, por cuanto el requisito de no hallarse inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos requerido para efectivizar el trámite de renovación de la licencia de conducir no era sino la aplicación “lisa y llana” del Código de Tránsito local, en concordancia con la normativa nacional.
Luego, destacó la finalidad disuasiva de la norma respecto de aquellos que desatendían la obligación de sostener económicamente a su familia, y que un pronunciamiento acerca de la constitucionalidad de la restricción dispuesta en la Ley 269 requería de una “amplitud de debate y prueba” que excedía el marco restringido de conocimiento propio de las medidas cautelares.
Señaló, además, que no podía omitirse que, conforme sus dichos, el amparista ya había accedido al beneficio previsto en el artículo 6 de la Ley 269, que habilitaba a quienes se encontrasen inscriptos en dicho registro a solicitar, esgrimiendo motivos laborales, una licencia provisoria por única vez que caducaría al año de otorgada.
En este escenario, los vocales Fernando Juan Lima y Esteban Centanaro compartieron los razonamientos del fiscal de Cámara, quien en su dictamen señaló que no se logró acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho, en tanto no se advirtió un accionar manifiestamente arbitrario por parte de la demandada, quien se limitó a efectuar la aplicación del Código de Tránsito local.
También destacó que los agravios vertidos por el actor no resultaban suficientes para rebatir la decisión adoptada por el magistrado de primera instancia, y sostuvo: “El recurrente pretende cuestionar la sentencia con argumentos genéricos que sólo traducen su disconformidad con un fallo que le fue adverso, pero sin hacerse cargo de las razones que lo fundaron”.
De este modo, el fiscal concluyó: “No se controvierte de manera concreta lo afirmado por el juzgador en cuanto a que no se advierte –prima facie– un comportamiento irregular de la demandada, quien habría actuado de conformidad con la normativa vigente (…) aprobado por la ley 2148 y la ley 269”.
