ESCUCHAREl Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 1, a cargo de María Servini, convocó a indagatoria a 20 empresarios vinculados con un grupo de cooperativas y financieras que entre agosto de 2009 y diciembre de 2015 descontaron cheques emitidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a los clubes asociados en el marco del denominado “Fútbol para Todos” (FPT), por el cual aquella entidad abonó un total de $4.678.189.605,40.
Las citaciones, que se concretarán entre el 3 y el 24 de septiembre, se dan luego de la presentación de un informe -en junio- ante la magistrada y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Número 3, a cargo de Eduardo Taiano, realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (Datip).
Se trata de una causa derivada de la investigación sobre el aquel programa, cuya primera etapa, elevada a juicio a fines del año pasado, tiene como imputados a ex funcionarios y directivos por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La pesquisa a cargo de Servini se centra en la reconstrucción de la ruta del dinero recibido por la AFA como parte del mencionado programa. La Datip tomó intervención en la causa a mediados de 2018, por un requerimiento de colaboración en el que se solicitó establecer cómo los cheques salieron de la cuenta de la AFA, en la sucursal 218 del Banco Credicoop -en donde la Jefatura de Gabinete de Ministros depositaba los fondos- hasta que se presentaron al cobro. Además, en caso de aparecer intermediarios (mutuales, cooperativas o financieras), se requirió determinar el descuento realizado; es decir, la diferencia de valor entre lo que el intermediario le pagó al club por el cheque y lo que obtuvo cuando lo negoció luego con un banco o con otro intermediario.
Por último, la Datip también debió analizar posibles relaciones entre dirigentes de clubes y los intermediarios.
En febrero, la dirección presentó un relevamiento preliminar, con base en el cual la magistrada interviniente resolvió librar órdenes de presentación a cuatro firmas hasta entonces no exploradas, lo que a su vez generó nueva documentación para procesar.
El segundo informe, que deriva ahora en la citación de los empresarios -algunos también vinculados a la dirigencia de clubes de fútbol- permitió reconstruir la ruta de 16.343 cheques por $4.184.213.479,46. Para su formulación se procesaron más de 35 cajas de documentación contable, financiera y societaria, a lo que se agregó información de operaciones con cheques remitida directamente a dicha Dirección General por 36 entidades financieras, así como otros datos derivados de la investigación patrimonial realizada por la propia Datip mediante las bases con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal y de fuentes públicas nacionales, extranjeras e internacionales.
A efectos de procesar y entrecruzar la voluminosa información se efectuaron operaciones de exploración, clasificación, carga, digitalización y entrecruzamiento. Además, se desarrollaron piezas de software para automatizar procesos de lectura de datos y se confeccionaron tablas dinámicas y esquemas de redes para visualizar los resultados de manera gráfica.
Juicio
En noviembre del año pasado, los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros ex funcionarios y ex directivos futbolísticos, fueron enviados a juicio oral por el Fútbol Para Todos.
Parte principal
Así lo decidió Servini, al dar por cerrada la parte principal del expediente, que comenzó a instruirse en 2014, a raíz de la denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña, quien apuntó a modificaciones en el convenio entre la AFA y el anterior Gobierno y que calificó como “irregular” el manejo de la pauta publicitaria. También sostuvo que la AFA no cumplió con los pagos y que los clubes habrían desviado el dinero.
“Puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa FPT más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma”, enfatizó Servini.
Asimismo, indicó: “A ello debe sumarse que también se encuentra documentado en la causa que el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que, como lo ha explicado la veeduría actuante en la causa, es de público conocimiento y fue reflejado por la opinión pública más de una vez, y reconocido por todos, que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la Afip”.
Servini afirmó que tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, porque durante la ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada.
Además de Fernández y Capitanich, se sentarán en el banquillo el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto (ex coordinador del programa- y el ex titular de la AFA, Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos.
También irán a debate Rafael Savino, ex presidente de San Lorenzo; José Lemme, titular del club Defensa y Justicia; Miguel Ángel Silva, secretario General del FTP; Rubén Raposo, ex dirigente de del club Lanús; los ex dirigentes de la AFA Norberto Monteleone, Carlos Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Rigano, ex CEO de Iveco.
