ESCUCHARDe aprobarse el nuevo régimen penal juvenil, el Estado deberá desembolsar 766 millones de pesos. La mayor parte estará destinada a financiar a los equipos interdisciplinarios que auxiliarán a los jueces y estarán integrados por al menos tres profesionales. Esa fue la estimación que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el órgano desconcentrado del Parlamento que brinda asistencia técnica a los legisladores.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que reduce la edad de punibilidad de 16 a 15 años, es analizada por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El plenario ya realizó cuatro audiencias públicas con la presencia de funcionarios, integrantes del Poder Judicial, especialistas y representantes de la sociedad civil invitados por los distintos bloques.
Si bien la próxima reunión todavía no tiene fecha, uno de los ejes de la discusión que se avecina es el impacto presupuestario que tendrá la ley en caso de ser sancionada. En ese marco, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) encargó a la OPC un informe que fue concluido en los últimos días.
El órgano dirigido por el contador Marcos Makón concluyó que el costo de la ley será de 766 millones de pesos, aunque aclaró que la implementación del régimen será progresiva, por lo que el costo estimado no recaería totalmente en el primer año de su entrada en vigencia. La primera erogación sería de 327 millones, hasta alcanzar 766 millones en siete años.
Otro aspecto importante es que el costo no sería financiado plenamente por el Presupuesto Nacional: si bien no se explicita en el proyecto de ley, parte del costo debería afrontarse con recursos provenientes de presupuestos provinciales, en función de las facultades y competencias de las jurisdicciones.
De los mencionados 766 millones de pesos, la mayor parte estará destinada a financiar a los equipos interdisciplinarios autónomos que auxiliarán a los jueces, los cuales estarán integrados por al menos tres profesionales de distintas disciplinas. Según los cálculos, 436 millones serán destinados a este rubro por año.
En tanto, 154 millones adicionales serán para “programas socioeducativos”; 100 millones adicionales serán para “monitoreo electrónico”; 16 millones adicionales para “medidas restrictivas de la libertad” y finalmente, 60 millones adicionales para “sanciones privativas de la libertad”.
Según la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el sistema penal juvenil vigente alcanza en Argentina a 6.275 jóvenes. Con la baja de edad de punibilidad, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Justicia, se sumarán 825 nuevos jóvenes, por lo que la población total alcanzada será de 7.100 jóvenes mayores de 15 años y menores de 18 años.
