ESCUCHARAlgunas de las reformas procesales aprobadas en los últimos meses requieren de la habilitación de nuevos juzgados y espacios acondicionados para realizar -por ejemplo- audiencias videograbadas. Es clave que se concluyan las obras del Polo Judicial y avance la ampliación de la cárcel de Bouwer
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
La continuidad en el cargo de Juan Schiaretti como gobernador de la provincia de Córdoba traerá aparejada, sin dudas, más reformas procesales para la provincia y la sanción de algunas leyes que buscan modernizar, agilizar y mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Fue en diciembre de 2017 cuando el primer mandatario -junto con el por entonces ministro de Justicia, Luis Angulo- anunciaba un paquete de leyes que incluían reformas procesales y la creación de nuevos juzgados.
Aquel paquete logró avanzar sobre algunas iniciativas pero otras quedaron en el camino a la espera que ser tratados en la Unicameral.
Ya concluidas las elecciones -y con una Legislatura de integración claramente oficialista- es de esperarse que el Gobernador no tenga ningún traspié para continuar con los cambios proyectados en materia judicial. El primer proyecto en agenda está vinculado con la reforma de la ley penal juvenil. La iniciativa ingresó a comisión en febrero de este año pero la campaña electoral hizo que su tratamiento se postergue hasta nuevo aviso.
Fuentes consultadas por Comercio y Justicia indicaron que la reforma a la ley 9944 será aprobada sin inconvenientes y con un amplio consenso. El oficialismo presenta la iniciativa como una herramienta que brindará más celeridad a los procesos judiciales que involucran a menores de edad, permitirá regular las medidas alternativas y previas a la prisión y ampliará la herramienta de la mediación. La figura del abogado del Niño también se sumó en el mismo proyecto de ley aunque -según pudo conocer este medio- será debatida como un proyecto separado y autónomo a la reforma penal juvenil.
Otro los proyectos pendientes que el gobierno provincial buscará aprobar en el transcurso de los próximos meses es la iniciativa que busca instaurar la justicia vecinal, también conocida como “la justicia de las pequeñas causas”. La intención del gobierno es avanzar en una administración de justicia descentralizada, gratuita y “desformalizada”. Tiene como base la oralidad del proceso, la concentración en dos audiencias de todos los actos procesales, la intervención directa del juez y una menor rigidez formal.
Antes de su aprobación, el Ministerio de Justicia explicó a este medio que analiza cómo y dónde comenzará a implementarse un proyecto de este tipo y si es necesaria la reforma de la carta orgánica municipal.
En el paquete de reformas anunciado por el Gobernador hay uno de ellos que ingresó para su tratamiento en julio del año pasado pero la crisis económica motivó que su análisis fuera postergado hasta nuevo aviso. Se trata de la iniciativa de incluir la figura del “proceso monitorio” dentro del Código Procesal Civil y Comercial para agilizar la tramitación de las causas vinculadas -por ejemplo- con desalojos, cancelación de hipotecas y transferencia de vehículos. Habrá que ver si finalmente se avanza en su tratamiento o se introducen modificaciones.
Condicionamientos
La crisis económica que atraviesa el país afectará, sin dudas, el ritmo que el Poder Judicial necesita para concretar las reformas procesales anunciadas, aprobadas y en algunos casos, implementadas de manera parcial. También dificultará la normal ejecución de obras claves como, por ejemplo, la ampliación de la cárcel Bouwer.
Por ejemplo, cabe mencionar los tribunales del trabajo, cuya reforma procesal laboral comienza a regir en julio y requiere de la creación de ocho nuevos juzgados. Su puesta en marcha dependerá, primero, de que concluya el concurso de antecedentes y oposición que está abierto en el Consejo de la Magistratura y, luego, de que el Poder Ejecutivo los habilite. Allí, será clave cómo marchen las obras en el Polo Judicial, puesto que este espacio albergará-entre otros tribunales- a los juzgados laborales. La reforma aprobada requiere de salas especialmente acondicionadas para que los jueces de conciliación tomen las audiencias y ello es de imposible cumplimiento en el actual edificio donde funcionan los tribunales laborales.
En párrafo aparte merece mencionarse la compleja situación que atraviesa el sistema penitenciario cordobés. Este año, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Farfán, anunció la construcción de un nuevo módulo para la cárcel de Bouwer que permitirá ampliar 10% su capacidad. La ejecución de la obra fue valuada en 85 millones de pesos y es de vital importancia habida cuenta del crecimiento que viene sufriendo en los últimos años la población carcelaria, en el país en general y en la provincia en particular.
Designaciones claves
En este nuevo mandato Schiaretti tendrá en sus manos dos designaciones en puestos claves del Poder Judicial que quedaron vacantes después de la muerte del vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba Carlos García Allocco y la salida de Alejandro Moyano como Fiscal General.
Los rumores más resonantes dan cuenta de que el lugar del ex TSJ será ocupado por Angulo, quien renunció sorpresivamente a su cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, en diciembre último. Sabido es que el abogado laboralista es uno de los hombres de mayor confianza de Schiaretti y, en ese marco, todo apunta a que a mediados de este año ocupe un lugar en el Alto Cuerpo.
