ESCUCHARHubo cambios y también retiro de personal. Sin embargo, los cambios en el convenio colectivo
sólo se acordaron con el Sindicato Regional. Capital y Río Cuarto se mantienen firmes y anuncian protestas. Las cuentas de la compañía mejoraron pero el déficit financiero no lo hizo
Por Alfredo Flury – [email protected]
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba concretará hoy un abandono de tareas y concentración frente a la sede de la EPEC, al cumplirse un año del inicio del conflicto que aún hoy mantiene con el directorio de la compañía, en el marco del plan de ajuste dispuesto por las autoridades desde entonces, que incluyó la denuncia de varios artículos del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
“Nuestro gremio está resistiendo la avanzada del gobierno para despojarnos de cláusulas convencionales y de tercerizar trabajos que les corresponden a empleados de EPEC. No claudicaremos; por el contrario, continuaremos luchando junto al pueblo de Córdoba en la defensa de la EPEC estatal e integrada y de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”, encabeza el comunicado que ayer difundió Luz y Fuerza Córdoba que en su “bajada” aclara que “se cumple un año desde que el Directorio de EPEC y el Gobierno de la Provincia iniciaran el ataque contra nuestro gremio”.
El documento firmado por el titular del gremio, Gabriel Suárez, es útil para poner en perspectiva la situación de la empresa y la evolución de un conflicto que, efectivamente, ya lleva un año.
En rigor, en la edición del 11 de abril de 2018, Comercio y Justicia anticipaba la decisión del Directorio de la EPEC de denunciar diferentes artículos del CCT. Hasta entonces, la relación entre las autoridades y los gremios de Luz y Fuerza había sido estable y en cierta medida “complice” de parte de los puntos que desde entonces denunció la compañía.
Sin embargo, la tensión parecía en ascenso hasta ese momento en que el directorio resolvió avanzar en contra de artículos del convenio colectivo.
El contexto era una empresa con serios problemas financieros e incluso con déficit operativo. Mientras la Nación mantuvo los subsidios a las tarifas vinculadas al valor de la energía, las subas aplicadas por la EPEC en el Valor Agregado de Distribución (VAD) parecían no hacer mella en los sufridos usuarios cordobeses de la EPEC.
Sin embargo, cuando la administración de Mauricio Macri aceleró la quita de subsidios, comenzó a operar un doble incremento de tarifas que terminó por exasperar a los clientes de la EPEC, con facturas que crecían de manera exponencial producto de la suba del precio de la energía y también del VAD.
En ese marco, la orden política del gobernador Juan Schiaretti fue avanzar con el denominado Costo Córdoba de la EPEC, el mismo que el propio mandatario y su antecesor, José Manuel de la Sota, habían avalado por años.
Es cierto que De la Sota intentó una embestida contra el gremio y buscó privatizar la empresa a poco de asumir, ya en el año 2000. Pero esa estrategia chocó no sólo con la oposición gremial sino también con un contexto en el que las privatizaciones habían “pasado de moda”. Argentina estaba en una etapa de declive, previo al colapso de fines de 2001.
Como fuere, la decisión de poner en caja a la empresa llegó más que por convencimiento propio, forzada por una situación de creciente tensión con los usuarios, cansados de periódicas subas de tarifas, ahora por doble vía.
En ese marco, el directorio de la empresa anunció la denuncia de varios artículos del CCT, junto con otras medidas vinculadas al personal que apuntaban a reducir el costo laboral. Al mismo tiempo, se resolvió achicar el gasto por otras vías. Así, se decidió cerrar varios Centros de Atención Comercial (CAC) que con no poca “pompa” se habían habilitado apenas meses atrás.
En la misma línea, aunque más adelante, se decidió el cierre de las centrales Zanichelli y Las Ferias, consideradas ineficientes y responsables de parte del quebranto de la EPEC en el área generación. Los anuncios se fueron sucediendo de manera dinámica en la misma medida en que crecía la tensión con los gremios.
También se dispuso avanzar con una reducción de personal a partir de la apertura de un régimen de pasividad anticipada para los trabajadores. La intención original era sumar unos 800 empleados que adhirieran a la iniciativa. Sin embargo, ya en enero, se constató que fueron poco más de 300 los que se acogieron a la medida.
Mientras, en el proceso y conforme el impacto de las medidas de fuerza que golpeaban el normal desempeño de la empresa y que afectaban la facturación en plena escalada de los costos y con una tarifa rezagada, la compañía resolvió avanzar con la tercerización de la toma de lectura de medidores, hasta entonces a cargo de los trabajadores de la EPEC.
Otro frente de conflicto y más tensión entre las partes
Sin embargo, el acuerdo que alcanzó el Directorio con el gremio Regional al cierre del año -anticipado por este medio-, sumado al diferimiento en el aumento salario a los trabajadores nucleados en los otros gremios (Capital y Río Cuarto), incidió en una caída en el costo salarial que mejoró los números de la compañía en los últimos meses de 2018, más allá que esos datos aún no estén disponibles.
Como fuere, de todas maneras la empresa terminó 2018 con un resultado deficitario, incluso en la faz operativa y más allá del impacto del dólar en la deuda que la compañía mantiene activa, el remanente del bono por 565 millones de dólares emitido oportunamente para financiar la construcción de la central Bicentenario en la zona de Pilar, más los 100 millones de dólares emitidos por medio de un título dos años atrás para cubrir deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) además de capital de trabajo. A ese pasivo hay que sumarle los 2.777 millones de pesos tomados por el Gobierno provincial para cancelar la deuda con Cammesa, asumida el año pasado y que EPEC debe cubrir con el Gobierno provincial más allá que el quebranto sea intraestado.
En definitiva, el panorama de la empresa hoy aún deja de ser promisorio. La compañía sigue con fuertes pérdidas, incluso operativas, y también con alta conflictividad laboral, particularmente con dos de los tres gremios que representan a los más de 3.500 trabajadores de la EPEC.
En ese marco, el parorama por delante no permite vislumbrar un horizonte claro.
Ayer, el gremio de Capital volvió a fijar postura contraria a la planteada por el Directorio de la EPEC. A diferencia del Sindicato Regional de Luz y Fuerza -Villa María-, no cederá en las modificaciones propuestas por la empresa al Convenio Colectivo de Trabajo ni a otros cambios en el régimen laboral, aun a costa de perder parte del aumento salarial otorgado al gremio que representa a los trabajadores de Villa María.
Movilización
Respecto a la actitud del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, ayer, el sindicato confirmó la medida de fuerza prevista para hoy al tiempo que señaló que “en estas últimas semanas la gerente de Finanzas y de Comercial ha incrementado en contra de las trabajadoras y trabajadores sus amenazas y sus acciones arbitrarias y persecutorias, llegando hasta el límite de iniciar sumarios a trabajadoras y trabajadores del Área Comercial.
Además no autorizan el pago que corresponde por los cubrimientos de cargos, ni reconocen el pago de las horas extras realizadas y persisten en la negativa de firma de las disposiciones para la puesta de nombres de las estructuras aprobadas”, señaló el gremio en un comunicado.
En ese marco, el sindicato de Capital “rechaza y repudia este accionar irracional y antiestatutario de la contadora Sandra Dora Martínez con el aval del directorio de EPEC, por lo que en cumplimiento de lo resuelto por los cuerpos orgánicos, el Consejo Directivo convoca al Gremio a movilizarnos el martes 9 de abril de 2019 para lo que se dispone el abandono sin afectación del servicio a las 11 en el interior y a las 11.30 en Córdoba Capital, para concentrarnos todo el Gremio en el Edificio Central de EPEC a las 12”, concluye el documento suscripto por el gremio de Capital, y firmado por Suárez.
