ESCUCHARPor Lic. Alejandra Perinetti*
El Poder Ejecutivo inicia el año poniendo en agenda pública y parlamentaria el debate de la baja de la edad de imputabilidad penal. Una discusión que, en un año electoral, parece obedecer a una demanda de sectores y discursos radicalizados del electorado que pugnan por una política de mano dura, más que a datos estadísticos que den cuenta de la necesidad o efectividad de ello.
No existen estadísticas nacionales oficiales sobre delito, lo que hace más llamativa aún la propuesta de reducir la edad de imputación penal dado que la eficacia de una política pública se asienta sobre la pertinencia de la misma para resolver el problema dado. Los datos de la provincia de Buenos Aires, donde reside 40% de la población del país, exponen apenas tres por ciento de delitos cometidos por personas menores de 18 años. Una cifra similar se observa en la ciudad de Buenos Aires. Con este dato, es evidente que enfocarse en los adolescentes no resolverá el problema de la inseguridad.
Es vital aclarar que el Estado argentino adeuda un Sistema Penal Juvenil que pueda dar una respuesta específica, integral y transversal a las situaciones que involucran a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, motivo que incluso le ha valido señalamientos al respecto por parte de organismos internacionales. Sin embargo, de ningún modo disminuir la edad de imputación penal lo resolverá.
Establecer la punibilidad a los 15 años contradice las recomendaciones del derecho internacional y de la legislación nacional vigente, además de violar el principio de progresividad de las leyes. Disminuir la edad de punibilidad no ha demostrado en ninguno de los países que lo han aplicado ser una medida efectiva para combatir el crimen y el delito.
Revisar el actual sistema penal aplicado a adolescentes y jóvenes para la franja entre 16 y 18 años es realmente necesario. En la actualidad, se rige por la ley 22278 denominada “Régimen Penal de la Minoridad” sancionada en 1980 en el contexto de dictadura militar. Esta ley no brinda las garantías procesales necesarias para el cumplimiento del derecho a ser juzgado y sancionados de los adolescentes y jóvenes. Esto hace que, muchas veces, sean condenados sin los procesos correspondientes y sin posibilidad de defensa acorde. En otras palabras, resultan privados de libertad por situaciones por las que un adulto no lo es y son sometidos a mayor discrecionalidad de los jueces que intervienen en sus causas, incluso pierden la libertad sin haberse probado su participación en los delitos que se les acusa.
Política pública con la niñez
Los niños, niñas y adolescentes son un grupo particularmente vulnerable y desde hace años son protagonistas de un desesperanzador fenómeno: la infantilización de la pobreza.
En un contexto país con un casi 30% de población viviendo en condiciones precarias, la incidencia en la niñez es desproporcionadamente mayor, más de la mitad de los niños y adolescentes de nuestro país son pobres, no acceden a aspectos básicos para su desarrollo, no ven cubiertas sus necesidades de cuidados de salud, alimentación, educación, recreación, por mencionar solo algunas.
Esto sumado al desmantelamiento de las escasas políticas públicas que tenían foco en la protección y promoción de sus derechos, los expone mayormente ante bandas delictivas que abusan de su poder e impunidad cooptándolos.
Es fundamental, entonces, el encuentro de la política pública con la niñez y adolescencia previamente al conflicto con la ley penal.
La política pública con foco en niñez y adolescencia está entre las más afectadas por la iniciativa de “ajuste y austeridad estatal”.
Sin justicia, no hay futuro para la sociedad. Sin un sistema penal juvenil específico que resguarde a los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, que brinde mejores respuestas y contención y que pueda romper los círculos viciosos que reproducen la violencia social no habrá justicia. Ésa es la gran deuda pendiente.
* Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina
