ESCUCHARPor Salvador Treber
El grado de intervención que ejercen los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) quedó claro en el relevo en septiembre del entonces presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), imponiendo un severo control sobre la operatoria de la entidad. Al titular del BCRA lo sindicaban como principal responsable de las continuas infracciones que causaron la pérdida, casi en su totalidad, de la primera remisión de fondos por US$15.000 mil millones, ante la insaciable “sed de dólares” de fuertes operadores, sin que se cumplimentaran los objetivos preanunciados en el acuerdo de desembolso del préstamo.
Al referirse a las directivas en esos primeros tres meses de vigencia, en oportunidad de elevarse el proyecto de Presupuesto para el presente año, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el relativo a una reducción de 27% en las previsiones para atender los gastos de inversión que, a moneda constante, virtualmente duplica dicha merma.
Ello contrasta notoriamente con la atención que han merecido los gastos sociales en el referido proyecto pues respecto a éstos prevé para los mismos un incremento de 37%. Traducido a números, en el primer caso durante el año pasado la previsión era de $219 mil millones y para el actual se prevén sólo $160 mil millones. Por el contrario, en el segundo rubro suben de 1,68 billón a 2,29 billones.
Cabe aclarar además que, en cuanto a los recursos tributarios, se estimó y consignó que subirán un muy importante 43%, mientras los gastos primarios lo harían en apenas 25%, lo cual, de cumplirse, permitiría lograr un cierre sin déficit primario tal como lo ha de requerido imperativamente el FMI. Advierten al respecto que ello es imprescindible para concretar las sucesivas remesas trimestrales previstas.
Las mencionadas prestaciones sociales incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo y demás planes asistenciales adicionales. Si se las mide en función del PBI, se advierte que la suba programada es bastante reducida pues equivale a sólo 0,3% de aquél y este tipo de erogación será el único que superaría holgadamente el índice de inflación proyectado.
Debe también considerarse que el índice combinado de actualización hace concurrir para determinarlo en proporción de 70% el correspondiente a la inflación y, en 30%, la evolución operada en igual lapso por la media salarial ajustada.
Debe subrayarse enfáticamente que todo lo referido se verificará, si el ritmo inflacionario de 2019 no supera 23%, lo que está por verse.
Las más fuertes “podas” se han introducido, como ya se mencionó, en los gastos de capital -en especial obras públicas- implicarán una merma equivalente a -0,7% del PBI. Tal decisión está “en los papeles”, pero en un año electoral no será nada fácil cumplirla y ello dependerá en alto grado de cómo se presente la disputa política que, por el momento, parece muy problemática.
A su vez, coadyuvarán a la atención de los compromisos todo lo que gire el FMI y alrededor de US$12.000 millones de financiamiento privado.
Los estimaciones en materia de recursos
En los ámbitos gubernamentales hay notoria preocupación por la continuidad de la recesión, pues se tiene plena conciencia de que perturbará los planes de permanencia en el gobierno y por ello enarbolan como bandera muy insistentemente el propósito de atenuar notoriamente las presiones inflacionarias como las sufridas en el 2018.
No habrá crecimiento alguno aunque consideran “un éxito” que tampoco haya déficit, pero pretenden que la cotización del dólar se mantenga en un promedio de “sólo $42”, sobre lo cual diversos analistas tienen muy serias dudas. La exigida fuerte “poda” de gastos obviamente afectará la actividad general, pese a lo cual el FMI advierte que no hará ningún tipo de concesiones.
Luego de un acuerdo con la mayoría de los gobernadores de las provincias los funcionarios nacionales lograron introducir varias modificaciones en la reforma tributaria sancionada durante el año 2017, que acentuó levemente la respectiva presión. Apuntan a mantener la vigencia de mayores recursos destinados a eliminar totalmente el déficit fiscal. Por ello, en principio se postergó por un año más la parcial deducción del llamado impuesto nacional al cheque, en cuanto a la posibilidad de efectuar por esa vía deducciones en el sobre “Ganancias” que alivien la carga.
Una medida semejante se adoptó con la disminución anunciada del impuesto provincial a los Sellos. Pese a que antes se había anunciado también en este caso, se postergó la autorización a las empresas privadas para actualizar los activos de sus respectivos balances anuales. A la par, se eliminarán las diversas exenciones y deducciones vigentes, entre las cuales pueden citarse las que beneficiaban a los empleados públicos y otros varios regímenes especiales como es el caso de los obreros petroleros, mutuales y cooperativas.
Disminuye el nivel de reintegros e introducen subas a los Derechos de Exportación, mientras que se decidió no elevar el Impuesto a los Bienes Personales (y que se mantengan en el exterior) llevándolo de 0,25% a uno por ciento como se propuso inicialmente.
En cambio, se ratificó la baja ya operada en el impuesto provincial a los Ingresos Brutos y se postergó la baja antes programada de la alícuota máxima en cinco puntos (de 35% a 30%) en el Impuesto a las Ganancias y no modificar el esquema de reintegro del IVA para estimular las nuevas inversiones.
A todo lo referido, la Nación agregó la decisión de vender los inmuebles públicos y una serie de bienes que se consideran “fuera de uso”, como lo son dos centrales de Enarsa; mientras que para asegurar el pago de la denominada “reparación histórica” se apelará a los fondos provenientes del denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta opción fue aconsejada por los funcionarios nacionales también en la jurisdicción de los gobiernos provinciales e inclusive en los grandes municipios.
En procura de lograr eliminar totalmente el déficit primario, los subsidios se circunscribirán sólo a los referidos a energía en grado menor, transfiriendo a las provincias los referidos al transporte y el contralor de la tarifa social en electricidad que -esperan- se compense con la postergación de otras rebajas de impuestos.
Los funcionarios subrayan que el país está viviendo una difícil emergencia y que ello obliga al Estado federal, sin violar la autonomía de jurisdicciones locales, a mantenerse atento y vigilante pues, en buena medida, depende de ello superar dicho trance sin correr mayores riesgos.
Los analistas ponen en seria duda que se logre durante 2019 un incremento tan importante en materia de recaudación como el presupuestado, pero los funcionarios que han elaborado el proyecto confían en poder concretarlo y lo respaldan firmemente, pese a las dudas que han hecho conocer especialistas muy respetados. La decisión oficial fue mantener su hipótesis, aunque admiten que debieron apelar a una diversidad de medidas, ninguna suficiente para garantizar una fuente de ingresos relevante ya que cada una de ellas, si bien apuntan a sumar, lo hacen en forma muy limitada.
Reducción programada del gasto público
En lo referente al gasto público federal, el límite máximo de incremento previsto para todo 2019 en cuanto a remuneraciones al personal y en la gestión de las universidades se ha fijado en 33% y están estimados en $695 mil millones. Mientras los gastos de funcionamiento y demás erogaciones corrientes de las mismas podrán incrementarse apenas siete por ciento. Fuera de dichos ámbitos, los gastos de todas las demás reparticiones estarán limitados a un incremento interanual de sólo seis por ciento; lo cual, si se cumple estrictamente, significará de por sí un ahorro equivalente a 0,2% del PBI.
Cabe recordar que el déficit primario federal de 2018 se estima en $365,2 miles de millones y se pretende eliminarlo en forma total en el próximo.
En cambio, se estimó que el pago de intereses trepará a $598 mil millones, razón por la cual, luego del pago de aquellos, el déficit será equivalente a -3,2% del PBI. Es oportuno recordar que en el ejercicio 2018 este rubro ascendería a $771,7 miles de millones, equivalentes a 5,6% del PBI.
Por otra parte, en 2019 deberán atenderse Letes por US$28.300 millones, US$15.200 millones que cubrirán intereses de acreedores privados, organismos internacionales y el propio sector público además de US$9.500 millones que corresponden a vencimientos de amortizaciones de capital.
Según el criterio que primó en la Comisión de Presupuesto, es indispensable llegar al déficit primario nulo y ello sólo estará asegurado si el sector privado lo entiende así y aporta lo indispensable para lograr cumplir tal objetivo.
La discusión suscitada en la Comisión de Presupuesto ha sido muy ardua, pero -pese a las controversias- facilitó el posterior tratamiento en el plenario, pues bajo distintos enfoques constituyeron sendos aportes a la profundización del análisis. Hay especial intención oficial en tratar de transmitir confianza en que el ritmo inflacionario cederá y se podrá evitar que se “espiralice”. Por su parte, los analistas plantean muchas objeciones y dudas, pero se vierten muy pocas ideas sobre el particular en el área oficial.
Hay bastante escepticismo en cuanto a la dimensión que asume la reducción prevista, no sólo en el área de energía sino especialmente en el rubro transportes, pues en esta área la mitad de los recortes deberán ser cubiertos por los fiscos provinciales. Respecto a ello se revela que “ya estaba acordada con algunos gobernadores”.
El rubro no es de pequeño monto pues en 2018, estando por entonces totalmente a cargo del Gobierno federal, figuró en el Presupuesto con una previsión de $44 mil millones sólo para respaldar y atender la red de colectivos en todo el territorio del país.
Se duda de que las provincias podrán cumplir adecuadamente dicha nueva obligación, pero de todas maneras la Nación ya ha reducido para 2019 en 50% este rubro a su cargo.
Tal decisión se considera posible de concretar si se encara bien el saneamiento previsto de las cuentas locales, especialmente luego de percibir como compensación un porcentaje adicional de coparticipación resuelto por la Suprema Corte. Aunque debe tenerse presente que la mitad de dichos fondos corresponde a subsidios de la ciudad y provincia de Buenos Aires; mientras el otro 50%, a las 22 provincias restantes en proporción a la distribución por coparticipación federal.
