ESCUCHARPor Silverio E. Escudero
Un extraño clima de violencia, intimidación y terror envuelve –a medida que los plazos se acortan- las elecciones presidenciales de la República Federativa de Brasil, que se efectuarán el 7 de octubre de 2018 (primera vuelta). Las fuerzas en pugna han optado por el idioma de las armas antes que por el fragor del debate de las ideas.
Brasil busca el sucesor de Michel Temer, un personaje de la política y el empresariado brasileño pleno de claroscuros y un pasado poco recomendable, que accedió a la primera magistratura del vecino país después de un amañado juicio político que –sin pruebas sólidas y objetivas- dio por tierra con el gobierno legítimo de la presidente Dilma Rousseff (DR).
El procedimiento elegido para el “impeachment” fue irregular. No resiste un análisis independiente y atado a las normas constitucionales vigentes. Tampoco los encargados de sostener las falsas acusaciones contra DR pudieron mostrar una conducta intachable. Muchos de ellos, actualmente, se encuentran acusados o condenados a prisión por corrupción. Ninguno de ellos es capaz de justificar sus enormes fortunas ante un tribunal auténticamente independiente. Tampoco pueden sostener los cargos contra DR, que “cometió el error” de compensar partidas presupuestarias. Hecho que es aceptado y permitido por las leyes de contabilidad de todos los estados asociados a la Organización de Naciones Unidas.
Más allá de estos aspectos formales y producto de disputas abogadiles, la violencia y muerte en el interior profundo de Brasil es una constante. Los seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro, diputado nacional y miembro del derechista Partido Social Cristiano (PSC), en tanto y acorde a las definiciones políticas de su líder, siembran muerte y terror entre la población negra de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul. Se cuentan por miles los asesinados por comandos parapoliciales y paramilitares que gozan de la protección del Estado.
Acciones que encuentran justificativo y fundamento en un discurso de campaña de Bolsonaro quien, en un acto celebrado en el local la Sociedad Hebraica de Río de Janeiro, afirmó sobre los descendientes de esclavos, los afrodescendientes: “No hacen nada, (y) creo que ni como reproductores sirven más”.
No conforme con ello fue a por más. Desnudó como nunca antes su misoginia, su desprecio más profundo por la mujer. En agosto, el político fue sentenciado a pagarle 10.000 reales (3.150 dólares) a la política Maria do Rosário, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), por haberle dicho que “no merecía ser violada” porque es “muy fea”. Hecho que fue correspondido por sus adláteres con una campaña de apaleamiento a centenares de mujeres que tuvo escasa repercusión en la prensa internacional.
Bolsonaro tampoco se priva en público de hacer comentarios homofóbicos. Gesto que le otorga gran popularidad en Brasil, ya que una encuesta de reciente publicación le da una intención de voto para presidente de 16%, que lo coloca en el segundo lugar de las preferencias del electorado y sólo sería derrotado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, si éste pudiera competir en la elección.
Por ello, a esta hora, todo el poder se ha confabulado para intentar frenar el triunfo del PT. Temerosos –quizá- de terminar sus días en las cárceles de Brasil porque están todos sospechados de latrocinio.
Ellos, que promovieron los juicios en contra de Lula y DR y forjaron sus extraordinarias fortunas durante los gobiernos dictatoriales que se extendieron desde marzo-abril de 1964 hasta el advenimiento de la democracia el 15 de marzo de 1985, cuando resultó triunfante Tancredo de Almeida Neves, quien murió en circunstancias oscuras, poco antes de asumir la presidencia de la Nación.
Pese a los esfuerzos de su sucesor, José Sarney, la muerte de Tancredo Neves sigue sin dilucidarse. El Poder Judicial –el mismo que encabeza el Lava Jato- se niega a investigar los hechos cometidos por la dictadura militar y encuentra todo tipo de subterfugios para enviar a archivo todas esas causas. Es que los jueces –repito, los mismos que encabezan el Lava Jato- no quieren, ni por asomo, juzgar las presidencias de facto de Humberto Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel y João Figueiredo, acusados de violaciones de derechos humanos, apropiación ilegal de bienes de los prisioneros políticos, y de otorgarse a sí mismos y sus familiares extensas concesiones territoriales en el Amazonas, entre otras minucias por el estilo.
En ese marco, en ese complot global deben inscribirse las heridas de arma blanca que recibió el ultraderechista Bolsonaro el 6 de setiembre en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Heridas que, en un principio, tendrían que haber sido más o menos superficiales, pero “el entusiasmo” del ejecutor las tornó graves. Tan graves que los médicos tuvieron que hacer una segunda operación de emergencia en los intestinos del candidato y paciente.
Atento a la enorme crisis que afecta la economía y finanzas de la región, y la fragilidad de nuestros países en ese sentido, pretendemos acercarnos a las ideas económicas del candidato que el mercado brasileño proclama cuasi milagrosas. Bolsonaro admitió al diario O Globo que su versación sobre temas económicos es nula. Que, en realidad, esas cuestiones no le importan demasiado y deja su resolución a Dios.
Esa deidad le “sopló” el nombre del economista Paulo Guedes, que los círculos de poder de San Pablo y Río de Janeiro consideran una auténtica garantía. Garantía que se traducirá en la privatización absoluta y sin restricciones de los bienes del Estado para pagar, en parte, la abultada deuda pública de Brasil. Mientras que exigirá –manu militari, si es preciso- que los estados y los municipios hagan ajustes extraordinarios para atender los intereses de la deuda externa brasileña.
En una entrevista con Reuters, Guedes, quien coordina el programa económico de Bolsonaro, evaluó que ése es el camino para refundar la manera de hacer política en Brasil y, al mismo tiempo, “desmontar la bola de nieve del endeudamiento”. Para, seguidamente, abogar a favor del mantenimiento del trípode macroeconómico, con régimen de meta fiscal y de inflación, con cambio fluctuante y, de paso, defender la necesidad de una simplificación tributaria “brutal” hacia un impuesto único federal.
“Tendría que vender todo”, afirmó el economista con Ph.D. en la Universidad de Chicago, considerada el templo mundial del liberalismo. “Privatizar sólo en el zapato, avergonzadamente, no. Tiene que acelerar la privatización para jugar en el área social”, agregó Guedes, en una entrevista en la sede de Bozano Inversiones, en Río de Janeiro, donde es socio y cuyo comité ejecutivo integra.
Sobre las compañías que podrían pasar al capital privado indicó que, en principio, todas serían elegibles. Es decir, Petrobras y Banco do Brasil estarían en la fila. En las cuentas de Guedes, la participación del gobierno en las estatales rinde actualmente cerca de 800 mil millones de reales, capaz de abatir cerca de 20% de la deuda pública federal, calculada en 3,6 billones de reales.
“Yo propuse vender todo en 1989 (cuando participó en la elaboración del plan de gobierno del entonces candidato a la presidencia Guilherme Afif). Si hubiera vendido todo en aquella época, habría liquidado la deuda “, dijo.
“Hoy son 400 mil millones de reales que gastamos con intereses por año, sin conseguir reducir la deuda”, agregó Guedes, quien afirma que los recursos ahorrados con el pago de la deuda irían para salud, seguridad y educación, pero en una nueva configuración, siendo directamente vertidos para las bases de los parlamentarios “donde el pueblo está”. Es decir, redistribuir los recursos a estados y municipios.
