ESCUCHARLo reclamó el Ministerio Público representado por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. También solicitaron la detención de empresarios y que se profundice la investigación
Los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo requirieron ayer que la ex presidenta Cristina Fernández sea acusada por 913 hechos de corrupción y pidieron la detención de empresarios que fueron procesados por el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos.
En el mismo escrito, los fiscales pidieron que se dicte el procesamiento a empresarios a quienes se les dictó la falta de mérito. Se trata de Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta. Todos ellos eran los “segundos” en la línea de mando de las empresas, pero el argumento de los fiscales es que también deben ser procesados aunque los jefes se hicieron cargo del pago de sobornos.
Por otro lado, plantearon que Ernesto Clarens, José López y Carlos Wagner sean procesados como “organizadores” porque consideraron que realizaron “mayores aportes a la obra delictual, resultando ser elemental”.
Los tres como arrepentidos aportaron los nombres de empresarios y compañías vinculadas a la cartelización de la obra pública para lo cual pagaban coimas. Por eso los fiscales señalaron que se debe citar a indagatoria a nuevos acusados y sumaron un nuevo delito para investigar: lavado de dinero.
Cristina Fernández está señalada como la jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Está procesada por 22 casos de dádivas y cinco de cohecho. Pero como jefa de la asociación ilícita, la Fiscalía entendió que debe estar procesada por todos los hechos de corrupción del caso, que incluyen los anotados por el chofer Oscar Centeno y por todos los que relataron los arrepentidos, entre ellos el financista Clarens, quien entregó un listado de licitaciones presuntamente “arregladas”.
Los fiscales también requirieron que sean procesados el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su secretario Martín Larraburu como presuntos miembros de una asociación ilícita y 28 casos de coimas. También del Miguel Marconi, de la empresa Supercemento, por presunta asociación ilícita y coimas.
Ahora todas las apelaciones irán a la Cámara Federal. La Sala I del tribunal deberá fijar una audiencia con las partes y luego resolver las presentaciones de las partes.
