ESCUCHARPor Carlos Palacio Laje (*)
Se ha puesto en marcha, con mucho éxito, un discreto curso de entrenamiento para empresarios que corren el riesgo de enfrentar penas de prisión.
La idea surgió a partir de que un ejecutivo de una corporación pidió que se le enseñara defensa personal, preocupado por la perspectiva de tener que pasar un tiempo en la cárcel.
Desde entonces, pasan por ese curso personas acusadas de distintos delitos vinculados con la corrupción, como sobornos (coimas), fraude financiero, estafas, espionaje económico, tráfico de influencias, piratería, entre otros delitos de cuello blanco.
El precio del curso, de 100 horas, es de 20 mil dólares, pero hay cursos más cortos y baratos. Todos ofrecen lecciones para la vida en prisión (incluye manejo de lenguaje carcelario), preparación física y mental, y entrenamiento en defensa personal. Además de adoctrinarlos, los “alumnos” reciben consejos muy útiles, como trabajar muy duro en las tareas asignadas, advirtiéndoles que en la cárcel no hay amigos y que nunca hagan contacto visual con nadie.
El “Programa de Optimización del Encarcelamiento” es una realidad muy requerida en Estados Unidos, especialmente a partir de esporádicos colapsos bursátiles. Los norteamericanos (en Alemania y otros países europeos existen cursos similares) se han acostumbrado a ver a ejecutivos de empresas obligados a desfilar por tribunales esposados y escoltados. Así, Frank Quatrrone, un ex ejecutivo estrella del Banco Credit Suisse First Boston, fue declarado culpable de obstruir la Justicia y se lo sancionó a cumplir 18 meses de cárcel. Y el ex tesorero de Erson cumple una sentencia de cinco años de prisión. Y la lista es más que amplia.
¿Podría ser necesario en Argentina un entrenamiento semejante?
En nuestro país, algunas cosas están cambiando. Pero aún queda mucho por andar para que ese tipo de “programas” pueda tomarse seriamente. Y aun cuando en los últimos años avanzamos en una legislación penal más efectiva, la gestión de la Justicia penal federal y de las provincias (amparada por un orden político cómplice) sigue inmersa en una lentitud e impericia admirables.
Para que causas como las de “los cuadernos”, u otras similares, no sean simples shows mediáticos se requiere sentencia en corto plazo. En Brasil ese lapso puede ser de entre 2 y 3 años. Argentina demanda 10 a 12. Con estos márgenes en las ecuaciones de los negocios Estado-empresas, la corrupción seguirá instalada y la confianza en el orden judicial mantendrá los bajos niveles que hoy tiene en nuestra sociedad.
La dinámica de la investigación debe mejorar. Enfocarse en la prueba más que en la prisión preventiva o en los titulares de la tapa de los diarios. Mucho enturbia en una causa vinculada con la criminalidad económica, decenas de imputados con otra decena de abogados por detrás. Y si fuere así, debería eximirse al magistrado y al fiscal actuante de nuevas causas que puedan entorpecer un centrado trabajo de investigación y conexiones. Una experiencia que en Córdoba se hizo, en parte, con el llamado “superproceso del Banco Social”, a cargo en su momento del juez de Instrucción Barrios.
En esa dinámica debe comprenderse que los clientes de esta gestión judicial están relacionados de manera estrecha con el orden político, con empresas de generosa capacidad económica y con personas poderosas, en bolsillo y cintura.
Luego podremos considerar algún tipo de entrenamiento para que los ejecutivos tengan un buen pasar en sus condenas. Todo llega a su momento.
(*) Abogado penalista
