ESCUCHARSe trata de establecimientos rurales ubicados en el departamento Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, en los cuales funcionaban pistas de aterrizaje utilizadas para ingresar cocaína al país
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) comenzará a gestionar campos decomisados en el marco de una causa por narcotráfico.
Se trata de los establecimientos rurales “Santa María del Aguapey” y “Santa Úrsula”, de 7.000 y 1.889 hectáreas, respectivamente, ubicados en el departamento Santo Tomé de la provincia de Corrientes, en los cuales funcionaban pistas de aterrizaje utilizadas para ingresar cocaína al país.
En abril, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes condenó a un grupo de personas a penas de entre ocho y 20 años por integrar una organización transnacional que traía estupefacientes mediante vuelos clandestinos, utilizando aquellas estancias y diversos rodados. Todos los bienes fueron decomisados.
El fiscal General ante el TOF, Carlos Schaefer, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), peticionaron que el INTA fuera designado administrados judicial de los predios.
Los agentes citaron la necesidad de asegurarle al Estado la posibilidad de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención y control sobre los inmuebles, que cuentan con una enorme extensión y estratégica ubicación fronteriza. También resaltaron que deben ser conservados y explotados de manera eficiente, transparente y orientada hacia fines de utilidad social, de modo que sirvan para reparar el daño causado.
Teniendo en cuenta las propuestas de desarrollo y los planes de trabajo presentados por los administradores judiciales designados por el INTA, el TOF los autorizó a celebrar contratos de arrendamiento, régimen de capitalización, pastaje y/o pastoreo, bajo condición resolutiva y renovables bajo el mismo régimen, debiendo efectuar la debida rendición de cuentas en forma trimestral de todo lo actuado.
