Inaccesibilidad a los servicios, excesiva medicalización, encierro y discriminación son algunas
de las principales problemáticas que afrontan las personas que poseen dolencias subjetivas
Por Luz Saint-Phat – [email protected]
Abordar la atención en salud mental desde una perspectiva de derechos humanos continúa siendo un desafío importante para los profesionales del campo disciplinario, no sólo en Argentina sino también en todo el mundo.
En este contexto, los días lunes y martes pasados, en el marco del trabajo que desarrolla la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se realizó un encuentro para discutir sobre las principales problemáticas a las que se enfrentan las personas que poseen discapacidades psicosociales y/o son usuarios de los servicios de salud mental.
En esta ocasión, profesionales y especialistas de distintos países presentaron sus experiencias y estrategias que se encuentran implementando en el campo de la salud mental. El debate se desarrolló en la ciudad de Ginebra (Suiza).
“El Consejo de Derechos Humanos en su resolución 36/13 reconoció que las personas con discapacidades psicosociales, personas con problemas de salud mental y usuarios de servicios de salud mental se enfrentan a una discriminación generalizada, estigma, prejuicio, violencia, abuso, exclusión social y segregación, institucionalización ilegal o arbitraria, prácticas de exceso de medicalización y tratamiento que no respetan su autonomía, voluntad y preferencias. El Consejo decidió realizar una consulta de un día y medio que se centra en identificar estrategias para promover los derechos humanos en la salud mental”, indicó el organismo al referirse a las razones que impulsaron el encuentro.
“El derecho al más alto nivel posible de salud es fundamental para la dignidad humana y no hay salud sin salud mental. Claramente, la provisión de buenos servicios y apoyo son esenciales: no pueden ser vistos como un lujo. Los servicios de salud mental no pueden recibir legítimamente una prioridad menor que los servicios que se centran en la salud física”, dijo -por su parte- sobre la importancia de la discusión sobre estos tópicos el alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Una gran proporción de nosotros podemos vernos afectados por problemas mentales a lo largo de nuestra vida. Los servicios de salud mental de calidad deberían ser accesibles para todos, independientemente de la clase social o cualquier otro tipo de condición; y el uso de estos servicios no debería generar estigma o vergüenza”, agregó Al Hussein en una comunicación, al inaugurar el encuentro.
No obstante, admitió Al Hussein, “muy pocas personas con problemas de salud mental o discapacidades psicosociales se beneficiarán de los servicios accesibles y de calidad que son su derecho”. “En cambio, muchos enfrentarán discriminación”, agregó.
Entre las principales problemáticas que afectan los derechos humanos de estas personas, el alto comisionado señaló los estereotipos que recaen sobre estos individuos, el paradigma de encierro y segregación que todavía guía las prácticas médicas en muchos lugares del mundo, el tratamiento forzoso a los que son sometidos los individuos y la medicalización extrema.
Buenas prácticas
En el marco de la discusión realizada esta semana durante un día y medio en Ginebra, se volvieron a poner en consideración los conceptos emitidos por la organización internacional en un documento a principios de 2017, relacionado a la salud mental y los derechos humanos. En el artículo, uno de los capítulos especifica un conjunto de buenas prácticas que deben ser implementadas por los países en este campo disciplinario.
En primera instancia, la sugerencia es basar la atención en salud mental en la recuperación de los individuos. “La prestación de servicios de salud mental debería abarcar una recuperación basada en un enfoque que enfatiza en el apoyo a las personas para que logren alcanzar sus propias aspiraciones y objetivos”, precisa el reporte. Esta perspectiva de abordaje se “centra en las fortalezas del individuo y en facilitar el acceso al apoyo que él o ella necesita” indica el documento, a la vez que señala que esto requiere “escuchar y responder a la comprensión individual” que estos sujetos tienen de su condición y a “trabajar con las personas como socios en el cuidado” de sí mismas. En este sentido, se reconoce que las “personas con problemas de salud mental” pueden considerarse como “expertos en su propia recuperación”.
En segundo lugar, se señala que “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recomendado que las instalaciones, los bienes y los servicios de salud deben ubicarse dentro de un alcance físico seguro para toda la población, especialmente para los grupos vulnerables o marginados, como las personas con discapacidad”. De esta manera, se promueve una relación estrecha con la comunidad.
“La evidencia muestra que la provisión de servicios interdisciplinarios en la comunidad permite a los usuarios permanecer conectados con sus familias, mantener el empleo y, en general, permanecer cerca de las redes de apoyo que facilitan el tratamiento temprano y la recuperación”, dice el informe consultado.
Otro aspecto a tener en cuenta es impulsar la desinstitucionalización de los usuarios de este tipo de servicios, especialmente de las personas con discapacidad. Sobre este punto, el reporte rescata la importancia de que estos individuos puedan vivir de forma independiente y ser incluidos en la comunidad. “Las redes sociales, el apoyo mutuo, los círculos de apoyo y el soporte de la comunidad local son valiosos, en particular para abordar situaciones de crisis y emergencia”, precisa el documento.
Datos relevantes
Según el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2017, las estimaciones mundiales indican que una de cada cuatro personas es afectada por alguna afección de salud mental en el transcurso de su vida. Sin embargo, casi dos tercios de los individuos que presentan problemas no buscan tratamiento.
Además, esta población posee tasas más altas de patologías físicas por distintas razones. Una de ellas es el propio padecimiento mental pero también, en ocasiones, existe un solapamiento de los diagnósticos.
En tanto, las investigaciones también demuestran que las personas con padecimientos mentales tienen una esperanza de vida menor en comparación con la población general. La disminución es de 10 años para los hombres y de 15 años para las mujeres.