Crece la tensión por la suba de tarifas y el Gobierno propone cuotas para el gas

La decisión trascendió luego de una reunión de Cambiemos en la Casa Rosada. El anuncio lo realizó ante la prensa el diputado radical Mario Negri. El Frente Renovador, el kirchnerismo y la CGT se pronunciaron en contra de la medida. En el Senado, el PJ que conduce Pichetto presentó otro proyecto para frenar los aumentos

En el país crece la tensión por el incremento de las tarifas de los servicios públicos.
Luego de la sesión fallida en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el tema el miércoles, y en el marco de las manifestaciones que se realizaron en los últimos días en distintos puntos del país para frenar los aumentos, representantes de la coalición Cambiemos se reunieron ayer en la Casa Rosada, en un encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Participaron de la reunión el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el jefe de bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot; el titular del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri; el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez.
Posterior al encuentro, los jefes parlamentarios del oficialismo anunciaron que los últimos aumentos en las facturas de gas del invierno se podrán pagar en el verano, en los tres trimestres de menor consumo. Así lo precisó ante la prensa el diputado Mario Negri, quien explicó que lo acordado fue un “aplanamiento de las tarifas” de gas para los períodos de mayor consumo, cuyo aumento se prorrateará en los meses de menor consumo en forma optativa.
Bajo este nuevo esquema, los pagos diferidos y con interés, se harán efectivos en los tres bimestres de menor consumo: el último bimestre de 2018 y los primeros de 2019.
Por su parte, el gobernador mendocino aseguró que en la reunión previa que tuvo con el presidente Mauricio Marcri, de la que también participó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el primer mandatario ratificó que “no va a haber más aumentos en el año” y que “el sendero trazado es el de las audiencias públicas”.
Del encuentro, según se precisó, surgió también un acuerdo para la realización de controles en empresas, entes reguladores y cooperativas distribuidoras, y otro para el desarrollo de una campaña de concientización sobre la necesidad de ahorrar gas, a la que se invitará a sumarse a gobiernos provinciales, municipios y empresas.
Asimismo, se decidió la convocatoria al Consejo Federal Energético, que integran todas las provincias, con el objetivo de “lograr la participación y el compromiso de los estados del interior en los temas acordados entre los integrantes de Cambiemos y del Ejecutivo”, según manifestó Negri.
Por otro lado, respecto de las tarifas de electricidad, en tanto, se acordó también avanzar en los próximos días -para dar tiempo a que el radicalismo presente una propuesta, tal como lo hizo con el gas-. Además, se decidió suspender por dos bimestres las limitaciones para la tarifa social que regían desde diciembre de 2017.

Críticas
Por su parte, tal como era previsible, el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) rechazó la propuesta del Gobierno de pagar en cuotas las facturas de gas “con interés” porque “se mantienen los exorbitantes aumentos”, y reclamó debatir el proyecto que congela las tarifas a enero de 2017.
“Sin lugar a dudas, la propuesta de Mauricio Macri es una tomada de pelo a todos los argentinos agobiados por la suba de tarifas”, agregó el bloque opositor en un comunicado.
La bancada que conduce Agustín Rossi expresó que “una vez más decimos que las tarifas en Argentina han llegado a un nivel que resultan impagables para muchos sectores de la población”.
En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente Renovador consideró que “el Gobierno ha pateado para adelante el problema del aumento de las tarifas” y evaluó que las tarifas son “tan irrazonables que en muchos casos llegan a ser confiscatorias de los ingresos de muchos ciudadanos”.
La bancada que preside Graciela Camaño advirtió: “Nosotros vamos a seguir insistiendo en una solución, que, sin volver al pasado, les dé un respiro a los argentinos. E invitamos a los diputados oficialistas a ser parte de la solución y no de la distracción”.
Mientras, la conducción de la CGT rechazó “el aumento indiscriminado y desproporcionado de las tarifas” y aseguró que las justificaciones de las autoridades en las audiencias públicas y de los funcionarios de las diversas áreas en los medios “se fundan en criterios sólo comerciales, ecuaciones económicas, precios internacionales y valor de cambio de la moneda”.
“El factor social y el deterioro de los ingresos de los ciudadanos no fueron tomados en cuenta a la hora de actualizar” los montos, consideró la CGT.
Las tarifas de los servicios públicos deben tener como eje “su esencialidad en la vida de los ciudadanos y también la relación entre su valor y los ingresos de los hogares”, dijo la organización.
“El indisimulable proceso inflacionario deteriora de forma sostenida el valor de los salarios y, la suba de tarifas, potencia el nivel inflacionario y acelera la disminución de ingresos, por lo que la CGT reclama un debate republicano sobre la calidad de los servicios, las tarifas, las concesiones y los planes de inversión de las firmas concesionadas”, expresó.

Iniciativas parlamentarias
EL CONGRESO DE LA NACIÓN ES SEDE DEL DEBATE

En un contexto de alto conflicto luego de la fallida sesión en la Cámara Baja, la oposición ya anunció que impulsará para la semana que viene una sesión especial en la Diputados para debatir -finalmente- la cuestión tarifaria. Existen al menos seis proyectos distintos sobre este tema en esa instancia, además del pedido de informe solicitado por Elisa Carrió.
Mientras, en el Senado también se han presentado distintas propuestas.
De hecho, esta semana se conoció la iniciativa de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que consiste en suspender los aumentos en las tarifas de luz, gas y agua para usuarios residenciales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas de trabajo y se retrotraiga su costo al 1 de enero de 2017.
Por su parte, el bloque de senadores peronistas que preside Miguel Ángel Pichetto presentó ayer un proyecto de ley que propone que las subas de las tarifas de los servicios públicos “no excedan el coeficiente de variación salarial” y sean aplicadas siguiendo “una revisión gradual”.
En los fundamentos de la propuesta difundida, los senadores peronistas ratifican que “era necesario un incremento tarifario” pero “nunca en el sentido recorrido, que aumentó exponencialmente las ganancias de la empresas del sector y tornó impagables la facturas para una cantidad muy significativas de los hogares argentinos”.
En el artículo 1 de la iniciativa, que titularon “razonabilidad de las tarifas de servicios públicos”, los 24 senadores del PJ plantearon que las subas para usuarios residenciales “no excedan el Coeficiente de Variación Salarial, acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa”.

De cada $100 que se pagan en gas o luz, $27 son impuestos

De “cada $100 que se pagan por energía eléctrica o por gas natural por redes $27 son impuestos indirectos”, advirtió un informe difundido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
La entidad difundió un análisis con el objetivo de describir las características de la “mochila tributaria” que llevan los servicios públicos mencionados y posteriormente medir el impacto de cambios en el peso de esa “mochila” sobre el valor total de la factura actual. “La carga tributaria indirecta que recae sobre el consumo final tanto de energía eléctrica como de gas natural se compone, en su esencia, de impuesto al Valor Agregado (21%), impuesto a los Ingresos Brutos provincial (5%), tasa municipal general (1%) y tasa municipal específica”, precisó el instituto.
Vale señalar que, en este caso, no se consideran impuestos directos como el a las Ganancias ni al trabajo.
“Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa. Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor al aumento porcentual de la tarifa”, advirtió el Iaraf para luego proponer varias medidas, con el objetivo de lograr, según afirmó, el menor impacto de la suba de tarifas en las facturas que paga el consumidor.
Entre estas, se destacan llevar a cero por ciento la alícuota del IVA por dos años (2018 y 2019), “reformar” el Consenso Fiscal recientemente firmado entre la Nación y las provincias estableciendo la exención en el ámbito provincial y municipal del impuesto a los Ingresos Brutos que recae sobre la distribución de energía eléctrica, gas y agua (en el ámbito municipal formalmente se le llama tasa de seguridad e higiene) a partir de este año, e implementar desde este año 2018 la eliminación de tasas municipales específicas a la distribución de servicios públicos como energía eléctrica y gas natural por redes en todo el país.
En tanto, precisó el Iaraf: “El impacto de la eliminación de la mochila tributaria indirecta sobre los servicios se repartiría de manera bastante pareja entre los distintos niveles de gobierno: los municipios (como los del caso analizado) serían los que mayores ingresos resignarían (13,2% de la tarifa), seguidos de las provincias (12,7% de la tarifa) y finalmente la Nación, que resignaría los 10,2 puntos de IVA que le quedan netos de coparticipación”.