ESCUCHARPese a la falta de información oficial al respecto, la conocida Consultora Economía & Regiones se ha ocupado específicamente y con seriedad del tema, logrando elaborar datos actualizados sobre ocupación para ser analizados
Por Salvador Treber
La problemática argentina no pasa desapercibida siquiera en el ámbito internacional pues el país este año está cumpliendo un rol estelar dentro del denominado Grupo de los 20. Por la extensión territorial, nuestro país se ubica en octavo lugar dentro del ámbito ecuménico detrás de Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, Australia e India; su ciudad capital, Buenos Aires, con sus alrededores figura entre los 15 mayores centros poblados del planeta. En función del producto bruto interno (PBI) ocupamos el puesto 26º, pero por el número total de habitantes está relegado al escalón 74º. Pese a ello, es el quinto representante americano en el precitado grupo, lo cual, por lejos, es la mayor y más poderosa asociación de países en el mundo.
Ello es así pues, en conjunto, sus integrantes llegan a cubrir nada menos que 86,3% del PBI mundial; correspondiendo el 13,7% restante al conjunto de 188 países. En el presente año a nuestro país le tocó ejercer la presidencia, anualmente rotativa, y ser sede de todas las reuniones generales y/o parciales que sus miembros decidan realizar en el transcurso de todo 2018. Al respecto no ha habido la más mínima objeción, pese a ser el país más austral y cercano al Polo Sur.
En Argentina, la población económicamente activa está integrada por 20,5 millones de personas que representan 46,3% del total que actualmente -se estima- asciende a 43,8 millones y para finales de la década en curso se calcula llegará a 45 millones. Dentro de este amplio colectivo debe tenerse muy en cuenta que los que permanecen desocupados, aunque buscando trabajo pero sin éxito, ascienden a 1,65 millón (8,3%); al par que los subocupados -los que trabajan entre una y 35 horas semanales, aunque desearían hacerlo con más intensidad- implican otros 2,12 millones (10,8%).
Un tercer grupo que suele ser identificado como “los ni-ni” (ni estudian ni trabajan) suman alrededor de otros 800 mil y virtualmente son una carga para sus parientes más cercanos. Por lo tanto, los que cumplen jornadas laborales plenas, sean ellos empresarios, profesionales, monotributistas o asalariados, cubren en conjunto 15,95 millones de personas e impulsan la parte sustancial del proceso productivo. Los monotributistas, profesionales y empresarios, sumados, ascienden a 5 millones; mientras los asalariados (privados y públicos) completan dicha composición con 8,8 millones.
Cabe aclarar que, de este último total, 3,4 millones revistan en carácter de empleados públicos (correspondientes a las tres jurisdicciones) y en el sector privado lo hacen los otros 5,4 millones. Debe subrayarse que en cada uno de estos dos campos hay actividades que se prestan en exclusividad en el área pública como es seguridad y defensa; mientras por otro lado pertenecen excluyentemente al campo privado el comercio minorista o el denominado trabajo a domicilio. Todos los actos de administración, así como la creación y posterior aplicación de las normas públicas que verifican estas particularidades sectoriales, rigen con mayor o menor eficiencia en los 208 países que coexisten en el mundo.
Aspectos particulares
En cada de los ámbitos antes señalados las respectivas actividades suelen asumir características muy especiales. Las que en el sector privado requieren mayor número de personal son las que se desarrollan en las áreas del comercio (especialmente minorista) y las prestadas en el ámbito familiar por el servicio doméstico.
Al mismo tiempo son ambas las que requieren menos formación para desempeñarlas y, paralelamente, suelen ser las menos remuneradas en el respectivo mercado de trabajo. Dentro del ámbito público las actividades cuya prestación le son propias, sólo se diferencian según la jurisdicción a que corresponda sea nacional provincial o municipal.
No obstante, existen importantes funciones donde convergen integrantes u organismos que trabajan en cada uno de ambo sectores. Las funciones más relevantes en estos casos son la la prestación de los servicios de salud en todos los niveles y especialidades como así también los de educación que en nuestro país se prestan por las provincias el primero y segundo niveles; mientras lo hace la Nación para el tercero.
Al margen de advertirse eventualmente mayor o menor eficiencia, los realizados en las áreas públicas en nuestro país son totalmente gratuitos, especialmente para el caso de las universidades públicas, cuya gratuidad no suele ser nada corriente y que en Argentina es potente faro de progreso que acompaña a sus alumnos.
Otro faceta de singular relevancia y característica de las diversas actividades privadas antes mencionadas es la vinculada a una muy importante cantidad de personal que permanece “en negro” (sin cumplir integralmente las normas vigentes).
La actividad que aparece como la máxima empleadora es el precitado rubro comercial minorista, en el que labora 20,9% del total de asalariados; mientras en la industria manufacturera lo hace sólo 13,6% y, tras éstas, surge en tercer término el conjunto de las actividades agrícola, ganadera, de caza y pesca, en que lo hace 12,7% de los aquéllos.
Si se pretendiera conocer cómo están distribuidos en el territorio del país, también surge debidamente localizada la desocupación existente por cada región. Los que no están adecuadamente inscriptos han venido creciendo en número y el último dato a su respecto estima que representan 34,6 de los asalariados privados. La causa principal de su permanencia en tal condición se debe a que la remuneración es muy inferior a la mínima legal; generando una superrenta adicional que retienen quienes los ocupan bajo condiciones ilegales, virtualmente miserables.
Pese a ello no son instrumentados con el objeto de reducir el nivel de precios finales sino para lograr por parte de dichos empleadores un “plus” que acrece sus beneficios.
En las áreas más pobladas del país como son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de la Capital Federal, puede verificarse que para el Gran Buenos Aires (sumándole 14 partidos aledaños a la Capital Federal) la tasa de desocupación trepa a 9,3% mientras en el resto de la Región Pampeana, la misma llega sólo a 7,7%.
En las zonas del NOA y NEA el trabajo no registrado ha venido creciendo ininterrumpidamente y actualmente cubre 41% del total de asalariados en todo el norte del país y 38,2% en la región cuyana. Las máximas expresiones de tal situación, obviamente anómala, se verifica en las ciudades de Salta, Tucumán, Tafí Viejo, Santiago del Estero y La Banda; aunque por número representen apenas 12,6% y son casi tres veces más los que figuran en igual condición dentro del Gran Buenos Aires.
Problemas y conclusiones
Contrariamente a lo antes expuesto, en las provincias patagónicas de Tierra del Fuego (Ushuaia y Río Grande), Santa Cruz y Chubut (Río Gallegos e incluso en Comodoro Rivadavia) se verifican los índices más bajos de desocupación, todos por debajo de 3,2% que se traducen en los salarios notoriamente más elevados del país, 19,8% para la media respecto de la zona pampeana, pues el nivel de precios vigente allí enfrenta una situación muy semejante. La modalidad identificada como “trabajadores en negro” viene creciendo y debe ser intensamente combatida, pero hasta ahora deja mucho que desear porque en vez de erradicarse se expande a ojos vista.
Cabe advertir que la información ínsita en la denominada Encuesta Permanente de Hogares se mantiene atrasada pues los últimos datos disponibles corresponden al tercer trimestre del año 2015; pese a que el Indec está publicando datos actualizados, aunque omiten otros como los precitados.
En el mercado laboral actual la tasa de empleo asciende a 42,4% y el trabajo registrado, a 34,4%. Lo inexplicable es que puedan determinar con tal precisión la información que se dan a conocer en forma oficial, pero no se elimine efectivamente el trabajo ilegal o “en negro”.
Semejante anomalía sólo podría explicarse en función de un alto grado de ineptitud por parte de los funcionarios de dicha área o, en su defecto, por haber decidido “dejar hacer, dejar pasar”. Hasta ahora es poco o nada lo encarado al respecto y eso se traduce en la tendencia alcista de actividades ilegales Lo real es que se hace perentorio acciones contra este grave e instalado vicio para lograr mejorar efectiva y sensiblemente nuestro mercado interno de trabajo, pues de otra manera ello significa que su vigencia impedirá un desarrollo competitivo y lo postergará “sine die” el objetivo de convertirnos en una economía avanzada y competitiva.
La necesidad de elaborar programas de mediano y largo plazo merece un párrafo aparte. La economía argentina no admite dilaciones en tal sentido ya que es muy profundo y diversificado el esquema que seguramente revolucionará los sistemas aún vigentes. Ello requiere adoptar, adecuadamente y sin dilación, la introducción de nuevas técnicas que revolucionarán los procesos y los harán sensibles para acceder a un desarrollo mucho más sofisticado que se verificará en el transcurso de las próximas décadas. Bastará con mencionar la influencia generada por el advenimiento de la automatización y robotización que comenzará a desplazar al trabajo humano no calificado.
Esa perspectiva cierta, y a bastante corto plazo, irrumpirá por lo menos en las 33 economías que integran el denominado “primer mundo” e incluso en algunos países “en desarrollo” como China que, al equipar con poderosas y muy moderna maquinarias podrá encarar la reducción a sólo 50 millones los asignados para encarar específicamente la concreción del producto bruto agropecuario. A su vez los alrededor de 300 millones de ex labradores, a un ritmo no menor de 15 millones por año y hasta el año 2030, serán reeducados para ejercer alguna actividad técnica y tendrán, obligadamente, que emigrar en forma definitiva para establecerse en alguna de las nuevas 25 ciudades que se vienen fundando a ese efecto.
