Violencias consentidas

Las leyes aluden a deberes del Estado. Y al Estado lo integran sus funcionarios y la sociedad civil. Nadie puede mirar al costado. Todos sufrimos una violencia extrema que nos esmeramos en negar aunque vivamos en estado de alerta.

 Por Alicia Migliore (*)

Todos hablamos de violencias. Como si fueran lejanas, ajenas y no nos rozaran. Todos sufrimos una violencia extrema que nos esmeramos en negar aunque vivamos en estado de alerta.
Señalamos al inadaptado que arremete con un arma casera o al otro que acribilla a su pareja, o a aquel que ejecuta a sus hijos, o dirigimos nuestra mirada al que abusa de niños cuando juró ante su dios protegerlos, pero tratamos de no reparar en nuestra vida cotidiana.
No hablaremos de violencia urbana hasta que nos tiemble el cuerpo ante un insulto visceral por una maniobra equivocada; nos sentiremos a salvo hasta que un exaltado se baje de su vehículo y nos increpe por la ventanilla del auto; o un peatón golpee enajenado el capot de ese auto que soplamos para quitarle el polvo porque creemos que nos da importancia.
Trataremos de quedarnos a resguardo, sin salir del hogar, eludiendo las largas colas de pago o de cobro donde otros se sentirán más fuertes o más impunes y atropellarán con su humanidad a todos los que lo precedieron en el tiempo de espera.
Callaremos nuestra opinión ante la reprimenda brusca que reciba un niño. Correremos en la bocacalle, donde tenemos prioridad, para salvar la vida ante la embestida del vehículo de gran porte que, inexplicablemente, no vio que por allí cruzaba una persona.
Escucharemos, al paso, opiniones de vecinos que creen que el lugar no alcanza para albergar a ciudadanos de otros países. Más allá, otros hablarán de los hijos que nacen, si debieron llegar, si fueron deseados, si tendrán futuro, si es para cobrar la asignación universal.
Las noticias nos dirán del enfrentamiento de padres de una liga infantil de fútbol y luego un tiroteo entre pibes adolescentes, más tarde un policía muerto, luego un joven, manifestaciones por gatillo fácil, por las fuerzas del orden, por una mujer muerta a manos de su pareja, por otra persona a manos de sus herederos, habrá sorpresa por peleas entre vecinas, parecerá más común y justificado el homicidio por ruidos molestos entre vecinos y llegará la edición siguiente del noticiero.
Entre tanta pólvora y arma blanca, muchas otras noticias pasarán sin hesitar: serán aquellas de las violencias silenciosas, las que ignoran a los sectores más vulnerables. Las que refieren los padecimientos que el sistema impone a los viejos, que no tienen quién los represente y hable por ellos.

Las que omiten que muchos ignotos detenidos esperan su juicio para probar su inocencia, mientras permanecen atónitos observando el deterioro de su familia.
Las que disimulan las libertades indebidamente otorgadas que sumen en tragedia a nuevas víctimas. Las que hablan de corrupción que empuja a la miseria a muchas familias que esperaron y confiaron.
Las que pregonan, con hipocresía, la norma constitucional que exige idoneidad para los cargos públicos como garantía de igualdad, mientras simultáneamente toman el erario como botín de guerra y lo reparten en la oscuridad.
¿Quién cree que es violencia un niño descalzo en la escuela? ¿Quién piensa en aquellos que no tienen agua potable en el año 2018? ¿Qué concepto de derechos humanos sostiene esta sociedad, que permite que criaturas carezcan de condiciones mínimas para sobrevivir sin alterarse?
Las leyes aluden a deberes del Estado. Y al Estado lo integran sus funcionarios y la sociedad civil. Nadie puede mirar al costado. Cuando se incumple la normativa referida a derechos humanos hay responsables directos e indirectos. Los primeros serán aquellos aludidos en responsabilidad primigenia, y los segundos los que, conociendo el incumplimiento, deciden mirar la lontananza.
No hay inocentes. Hay responsabilidades mayores y menores. Pero el silencio de las mayorías convalida el abuso de las minorías.
Cuando los bolsones de pobreza revisten la envergadura incontenible de postergar o impedir el crecimiento y desarrollo humano, se hace necesario implementar programas de emergencia que reviertan estas condiciones. Ignorar la coyuntura que compromete vida y futuro es violencia aunque no se usen armas.
Cuando las retribuciones por trabajos demandados por la sociedad tienen obscenas diferencias basadas en la habilidad negociadora de los representantes sectoriales, es violencia que se traduce en abismales diferencias en las condiciones de vida aunque se hayan trabajado el mismo número de años.
Cuando la atención médica o la medicación de una persona dependen de las valoraciones de la obra social que la contiene, con independencia del padecimiento que la aqueja, es violencia, porque la enfermedad no distingue en prepagas.
Cuando las mujeres son desvalorizadas sistemáticamente, aunque las leyes ordenen igual valoración, es violencia.
Cuando el periodismo en lugar de informar, dirige la opinión, profundizando diferencias sociales originadas en pasiones, es violencia.
Cuando la dirigencia política enarbola históricos enfrentamientos en lugar de contribuir al diálogo, es violencia.
Cuando se asumen posiciones públicas que apuntan a construir una sociedad de iguales, que no discrimine, y en la primera oportunidad se violenta a las mujeres, excluyéndolas del lugar que les corresponde, es violencia e hipocresía.
Esto es lo que sucede cuando se reemplazan los miembros de la Corte Suprema sin considerar la cuestión de género, y todos callan, haciéndose cómplices de la violencia de la exclusión.
Las leyes derivadas de los Tratados Internacionales con rango constitucional son de jerarquía superior, de orden público incuestionable, y no pueden ser suspendidas por la voluntad (¿autónoma?) de las partes.
Cuando la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en ingl{es) fue ratificada por nuestro país en 1985 y elevada a rango constitucional en la reforma de 1994, se impuso a los legisladores el mandato de disponer medidas de acción positiva que causaran un cambio de paradigma social.
El patriarcado imperante en los estrados judiciales convirtió en letra muerta la ley de cupo femenino por casi una década, lo que permitió burlar su espíritu incluyendo mujeres en lugares de nula expectativa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo a punto de aplicar una sanción al Estado argentino por el incumplimiento y evidente discriminación de las mujeres; sanción que eludió mediante un acuerdo plasmado en decreto nacional que garantiza el acceso de ellas.
A quince años de aquel decreto, todas las fuerzas políticas votan (casi por unanimidad) la paridad en el acceso a cargos electivos. ¿Ha cambiado la sociedad, y sus representantes se hacen eco y se convierten en voceros?
La elección de autoridades de la Unión Cívica Radical, el partido político más antiguo del país, indica lo contrario a lo afirmado en el párrafo precedente: los supuestos voceros de la paridad política que demanda la sociedad se autoasignaron los siete primeros lugares de la nómina, de modo tal de excluir a cualquier mujer de la mesa de conducción.
Cabe preguntarse si conocen la ley, estos hombres de la política; si la conocen los jueces de la República; si están informados los miembros del Inadi; si las mujeres que tienen responsabilidades públicas olvidaron los mandatos legales. Todos han callado y consentido una de las mayores violencias que padecimos las mujeres radicales.
Hoy, que todos hablan del círculo rojo y quieren pertenecer a él, deberían tener en especial consideración que sus opiniones no son inocuas, que sus actitudes no son intrascendentes, que sus roles son ejemplificadores y que cada acto de violencia, consentido en privado, se transformará en múltiples actos de violencia de los dirigidos que pretenden emularlos.
No basta con acceder al círculo de poder. Hay que merecer ese lugar.
Es necesario ser consciente de la responsabilidad que implica. Y respetar, respetar la ley, respetar al otro, respetar al subordinado, respetar al vulnerable, respetar al indefenso y construir la paz.
Con todos.

(*) Abogada-ensayista. Autora del libro Ser mujer en política