Pollicita elevó a juicio una causa contra Cristina por la obra pública

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez sea elevada a juicio oral y público. En la causa, la ex mandataria Cristina Fernández está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, a Julio de Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 52 contratos viales por $46.000 millones, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Este circuito de contrataciones “irregulares”, según el fiscal Pollicita, permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-, 12.127% mediante la adquisición de bienes por 205 millones de dólares.
Según Pollicita, en esta causa se investiga una “operatoria criminal” con la cual el gobierno anterior y diversos “organismos estatales vinculados con la obra pública montaron “una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de $46.000 millones”.
De esta manera, para la fiscalía, se configuró un esquema “de beneficios exclusivos” para Báez.
Cabe recordar que la ex presidenta tiene dos causas por lavado de activos: una confirmada recientemente por la Sala I de la Cámara Federal porteña y otra en instancia de indagatorias. La Justicia determinó que los alquileres de inmuebles de Los Sauces SA a favor de Báez y Cristóbal López, que eran contratistas del Estado, y la administración y alquiler de Hotesur SA en manos de Báez pagando alquileres millonarios, tiene un “delito procedente”: una instancia donde “los fondos se originaron y fueron reciclados”. Esto es, el expediente del direccionamiento de la obra pública.