ESCUCHAREl pacto fiscal exigirá una reducción paulatina de IIBB y Sellos. Según la Nación, la Provincia desistió de cuatro demandas. A cambio, obtendrá $600 millones extra en 2018 y $1.400 millones en adelante. Logró incluir una actualización del fondeo para la Caja de Jubilaciones. Schiaretti calificó como positivo el convenio
El Acuerdo Fiscal que firmaron las provincias (excepto San Luis) ayer con el Gobierno nacional incluye el envío de 600 millones de pesos a Córdoba en 2018 y desde entonces 1.400 millones de pesos extra por 10 años como compensación por la desactivación de cuatro juicios que la Provincia mantiene con el Gobierno nacional.
El convenio fue ponderado por el gobernador Juan Schiaretti y en general por todos los firmantes. En rigor, sus alcances tienen efectos disímiles en cada provincia.
Como fuere, el impacto en Córdoba tiene incidencia concreta, cuyos costos y compensaciones fiscales aún no están plenamente claros.
Es que la ecuación incluye aspectos difíciles de mencionar.
Quizá el más concreto es el vinculado con los juicios. En rigor, de las cuatro demandas que la Nación incluyó en un anexo, que son las que involucran a Córdoba, en principio es una la que tiene efectos potencialmente materiales.
Se trata de la que inició la Provincia contra la Nación por la detracción del 15 por ciento de la coparticipación a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
Esa acción tiene una cautelar que seguirá vigente y que “gotea” unos 700 millones de pesos por mes a la Provincia. Sin embargo, estaba pendiente un fallo de fondo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya se concretó para las provincias de Santa Fe y San Luis, cuyo retroactivo era multimillonario.
Es ese punto el que Córdoba resignará. La compensación llegó luego de la presión de los gobernadores, quienes entendieron que la Nación debía girar algo a cambio a las provincias, así como lo hizo con Buenos Aires, por desistir del juicio por el denominado Fondo del Conurbano.
Por lo demás, la Provincia logró mejorar el gradualismo de la baja de Ingresos Brutos (IIBB) para determinados rubros, particularmente para el impuesto de Sellos.
Si bien IIBB es el tributo que más recauda en las arcas provinciales, Sellos se había convertido en un impuesto clave para los ingresos corrientes -a fuerza del revalúo de propiedades, por ejemplo-.
En ambos tributos, la baja o eventual eliminación de determinados hechos imponibles será gradual hasta 2022, esto es por cinco años.
También se logró incluir la coparticipación del revalúo de activos y de la renta financiera. En ambos casos, aún es incierto el monto que puede llegar producto de la recaudación de esos tributos.
Respecto de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, se incluyó un capítulo en el que se asegura el fondeo a los organismos no transferidos, además de una actualización de los montos a cuenta, previo al cálculo del déficit.
Principales puntos
– Compromiso de las provincias: para bajar “impuestos distorsivos” como IIBB y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años.
– Ley de Responsabilidad Fiscal: compromiso de aprobar y adherir al proyecto de una nueva Ley. Las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
– Acuerdo por el Fondo del Conurbano: $40 mil millones de pesos en 2018 y $65 mil millones en 2019 para la Provincia de Buenos Aires.
– Ley de Ganancias: derogación del artículo 104.
– Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno nacional (340 mil millones de pesos las provincias y $400 mil millones la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano).
-Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto.
– Impuesto al cheque: 100% a Anses.
-Régimen previsional. Se acordó: a) tratar un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente, por inflación. b) Garantizar que las jubilaciones sean de al menos 82% del salario mínimo vital y móvil. c) Eliminar las jubilaciones de privilegio.
-Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit.
– Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar esa norma en municipios de cada una de sus jurisdicciones.
– Impuesto Inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.Juan Schiaretti
Las soluciones urgentes tanto para el déficit fiscal como para las distorsiones y desequilibrios acumulados durante años en el sector estatal -en todos sus estamentos- requiere de un trabajo serio, consensuado y sustentable en el tiempo. Que por la vía del acuerdo y diálogo se haya logrado alcanzar un pacto fiscal resulta un hecho sumamente auspicioso. Emite un mensaje claro a todos los sectores sociales y económicos (…), responsabilidad que deberá extenderse debidamente a los municipios. También da una fuerte señal de trabajo mancomunado entre provincias y Nación. Este pacto es, también, un punto de partida para continuar con otras reformas que, en conjunto, logren devolver competitividad al sector productivo.
