ESCUCHARPor Javier De Pascuale – [email protected]
La previamente anunciada a los medios detención del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el “filtrado” de las fotografías que lo muestran esposado, que sólo pudieron ser tomadas por personal involucrado en el procedimiento, fueron la excusa para que algunos medios hicieran su microteatro de 15 minutos sobre la “fiesta de justicia” que viviría Argentina, en su imaginario: “Cayó Boudou”, fue el título de La Voz del Interior, diario que habló del “operativo” que derivó en la detención de un ciudadano inocente (hasta el momento absuelto de todo lo que se le acusó), que se produjo en el mismo domicilio que tiene fijado desde hace ocho años ante la Justicia, tiempo durante el cual viene sustanciándose la causa por la cual el juez actuante, Ariel Lijo, consideró que la libertad de Boudou no entrañaba riesgo procesal para la investigación. Hasta que sí lo hizo. Sin que mediara ningún cambio en las pruebas ni mucho menos en la conducta del acusado.
Más bien lo que sucedió y quizás impactó en el espíritu del magistrado fue un hecho político externo a la causa: Cambiemos, el partido de Gobierno, ganó las elecciones. Y no sólo se llevó el triunfo sino que aquéllas dejaron un mapa político que es hasta el momento el que necesitaría Mauricio Macri para llegar en las mejores condiciones hasta los comicios presidenciales de 2019: un peronismo dividido, con sus líderes emergentes perdidosos en sus distritos y una posición de fortaleza de la ex presidente Cristina Fernández, garantía de división en la principal fuerza opositora.
El caso Boudou no es más que el corolario de otros, que comenzaron en el vergonzoso proceso a la dirigente social Milagro Sala, observado reiteradamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está a punto de denunciar al Estado argentino ante la Corte Interamericana por no cumplir una cautelar obligatoria.
El alejamiento anticipado de su cargo de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, después de una larga persecución, es otro hito de importancia en ese derrotero de derrumbe de uno de los pilares de la República, cual es la independencia del Poder Judicial de los dictados del poder político. Porque la Justicia está sospechada. Porque la misma estructura judicial que durante años no movió causas, ahora las mueve por el solo hecho del cambio político. Porque la acción de un puñado de jueces y fiscales de Comodoro Py, sospechosamente ligada a los intereses del Gobierno, ha desplegado un manto de dudas sobre el conjunto del Poder Judicial. Porque la acción simultánea y coordinada entre esos magistrados y funcionarios y parte de la corporación mediática desbaratan cualquier argumento jurídico de sus acciones y lo supeditan a argumentos de tipo político.
Y cuando la Justicia se desdibuja y el Ministerio Público Fiscal pierde su autonomía y las instituciones que hacen al equilibrio de poderes comienzan a girar en torno del principio de “reformismo permanente” lanzado por el presidente Macri y los medios celebran el desaguisado, se cierne sobre el país, desde las más altas instancias de la Nación y hacia los subsuelos de la sociedad, un peligroso manto de desinstitucionalización.
En palabras del jurista Julio Maier, quien pasó ayer por Córdoba para dictar una conferencia en la sede de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), “nos lleva a preguntarnos, entre signos de admiración, qué tipo de Estado estamos viviendo, qué tipo de Estado nos espera y espera a nuestros hijos y nietos y dónde quedaron las virtudes republicanas”.
El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Es la razón por la cual existe el derecho, última garantía de los ciudadanos frente a la siempre posible tentación de ejercicio arbitrario de la fuerza estatal. Los derechos, las garantías -como la República y el conjunto de las conquistas políticas que consagran la Constitución y las leyes en el país- no son irreversibles: deben ser tutelados de modo permanente ya que el retroceso siempre es posible.
