Por Dr. Joan Clos
El estilo de vida urbano se ha convertido en la nueva normalidad para dos tercios de la población mundial, transformando así a la sociedad humana.
A principios del siglo XX esta proporción no superaba 20%, mientras que a día de hoy, en 2017, este porcentaje ya se ha elevado oficialmente a 56%. Estudios más refinados obtenidos por imágenes satelitales indican que la realidad puede superar con creces este porcentaje y puede llegar a 65% de población y América Latina es la región en desarrollo con los niveles más altos de urbanización.
Las ciudades latinoamericanas han vivido en los últimos 50 años una serie de transformaciones sin precedentes, ya que es en las ciudades donde se generan las condiciones emergentes de la urbanización. Nos referimos a condiciones emergentes cuando aparecen fenómenos que van más allá de la suma de las partes. Esta realidad ha transformado por completo la vida y las costumbres humanas, incrementando la productividad económica sobre todo en las economías posindustriales de alto valor añadido. Sin embargo, la falta de una regulación y una planificación adecuada han dado lugar a problemas tan comunes a día de hoy como la congestión, el hacinamiento, la contaminación atmosférica y otros más profundos como las desigualdades sociales, la segregación de usos urbanos del suelo y la proliferación de comunidades valladas.
Estaríamos engañándonos si afirmaríamos que existen recetas mágicas para dar solución inmediata a los principales problemas de la urbanización latinoamericana, ya que cada ciudad tiene sus propios desafíos.
Lo que en cambio sí existe es un conjunto de estrategias que, bien puestas en marcha, pueden contribuir de manera extraordinaria a la mejora de la vida urbana y a la generación de empleos y prosperidad. Estas medidas, contenidas en la Nueva Agenda Urbana, se aprobaron el pasado mes de octubre en Quito durante Habitat III, la mayor reunión de la historia sobre desarrollo urbano sostenible.
La Asamblea de Altas Autoridades de Desarrollo Urbano y Vivienda de América Latina y el Caribe que se celebró en la ciudad de Buenos Aires es una muy buena oportunidad para definir la puesta en marcha de la Nueva Agenda Urbana.
La Nueva Agenda Urbana nos invita a reinventar un nuevo paradigma urbano ajustado a los desafíos del mundo de hoy.
Estudios científicos muestran que la dinámica urbana está ahora mismo más dirigida por el crecimiento espontáneo en barrios informales o por el cortoplacismo de la inversión inmobiliaria en vez de por los principios básicos de la buena urbanización. Así, la agenda opta por el retorno a los principios del buen planeamiento urbano.
En primer lugar, el reconocimiento del fundamento jurídico de la urbanización. La urbanización debe basarse en el imperio de la ley, y los gobiernos centrales deberán invertir en políticas nacionales urbanas.
En segundo lugar, la necesidad de un buen diseño urbano. La capacidad de la urbanización de generar prosperidad estará íntimamente ligada a la calidad del diseño físico de ésta, con el correspondiente espacio público, del suelo para la edificación y de la interrelación entre ambos.
Y, en tercer lugar, la adecuada financiación. La urbanización no se puede hacer bien sin un plan financiero que contemple ingresos y gastos que planifique los costos de mantenimiento y que cuide de preservar los bienes comunes asociados a la urbanización.
La Nueva Agenda Urbana hace un llamamiento urgente a la necesidad de un diálogo reforzado entre gobiernos centrales y gobiernos locales.
Es al gobierno central al que le corresponde la elaboración de la legislación nacional urbana, las políticas de seguridad, los mecanismos de financiación de los gobiernos locales y sobre todo, las políticas de redistribución de la renta.
Gracias a los sistemas fiscales de redistribución de rentas del estado de bienestar, muchas ciudades y ciudadanos disfrutan hoy de servicios entre los que destacan la educación universal, la salud, el salario mínimo, pensiones de paro y jubilación y acceso a la vivienda pública que junto a la buena urbanización, son imprescindibles para una vida digna.
A los gobiernos locales les corresponde casi todo lo demás que afecta a la calidad de vida de los vecinos. Pero para singularizar quizás podemos decir que su mayor responsabilidad es la provisión, garantía y mantenimiento del espacio público.
Consideremos la urbanización no como un gasto, sino como una inversión, ya que el costo de la nueva urbanización es mínimo en comparación con el valor que puede y debe generar.
Una mala urbanización no sólo no produce los bienes esperados en términos de desarrollo y prosperidad, sino que se convierte en un grave freno a toda prosperidad.
Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, Secretario-General Adjunto de la ONU.