ESCUCHARSe fijó la fecha del 25 de julio. El tribunal finalmente quedó integrado por los jueces Julián Falcucci, Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Gallino
Finalmente, luego de varias postergaciones, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba fijó para el próximo 25 de julio el inicio del juicio oral en la causa conocida como “de los magistrados”, que tiene como imputados a cinco ex jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios acusados de encubrir torturas y ejecuciones durante la última dictadura cívico-militar.
El tribunal quedó integrado por los jueces Julián Falcucci (presidente) y Camilo Quiroga Uriburu – de la Rioja-. El tercer juez -que no había sido elegido- será Jorge Sebastián Gallino, integrante del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay y subrogante en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Desde que el expediente fue iniciado, en septiembre de 2007, al menos una decena de funcionarios judiciales cordobeses decidió apartarse o fue recusada por “amistad íntima” con los acusados, motivo por el cual el tribunal se conformó con jueces de otras provincias: José Quiroga Uriburu y, en un principio, Juan Carlos Reynaga, de Catamarca. La fecha original era el 27 de abril de este año pero Reynaga pidió ser apartado en marzo y la fecha del juicio volvió a postergarse.
De la acusación estará a cargo el fiscal Carlos Gonella y la defensa la ejercerá Roque Carlos Lescano y Ángel Ignacio Carranza, Julio Deheza, Marcelo Brito y Benjamín Sonzini Astudillo.
En principio, las audiencias serán un día y medio por semana para permitir a los jueces que no son de Córdoba regresar a sus provincias y continuar con sus agendas. Está previsto que declaren al menos 28 testigos.
Los hechos
En la causa se investigan hechos cometidos en los centros de detenciones clandestinos denominados “Unidad Penitenciara N° 1 (UP1)” durante el año 1976. Los acusados son el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina, y el ex secretario penal del Juzgado Federal N° 1, Carlos Otero Álvarez, que era secretario penal del fallecido juez Federal N° 1, Adolfo Zamboni Ledesma. Deben responder por complicidad con las torturas y asesinatos de 31 presos políticos cometidos por el Ejército Argentino y la Policía de la Provincia entre abril y noviembre 1976. Uno de los presos, Raúl Bauducco, fue ejecutado de un tiro en la cabeza en el patio de la UP1 ante decenas de testigos. Otro -José René Moukarzel- murió luego de ser estaqueado a la intemperie y golpeado, en la helada noche del 14 de julio. Los demás, acribillados en ocho fusilamientos colectivos presentados como “intentos de fuga”.
Por estos hechos fueron condenados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros militares, en 2010. Ahora, los funcionarios judiciales que debían velar por los derechos de esos detenidos- muchos de los cuales, a disposición de la Justicia- están imputados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento de delitos de lesa humanidad.
La causa se inició en 2007 con la denuncia de Luis Miguel Baronetto, expreso político en la UP1, y por Juan Miguel Ceballos, hijo de uno de los presos ejecutados (Miguel Ángel Ceballos). La jueza Cristina Garzón de Lascano la instruyó por separado a la causa “UP1” y la tituló “Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud”. Desde entonces el curso del expediente fue varias veces interrumpido por apartamientos y recusaciones, la mayoría basados en la “amistad íntima” de los jueces.
