ESCUCHAREl organismo recordó que los crímenes de lesa humanidad no pueden asimilarse a los delitos comunes. Mientras tanto, se presentó la primera denuncia contra los tres jueces que votaron a favor del beneficio para el represor Muiña
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a que tenga en cuenta “los estándares internacionales de derechos humanos” y que cumpla “los compromisos asumidos a nivel internacional”, al referirse al fallo que declaró aplicable a u represor el derogado beneficio del 2×1.
“La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, señaló el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado que divulgó ayer la oficina con sede en Santiago de Chile.
Incalcaterra expresó que la CSJN argentina debe considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en el sentido de “no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.
Recordó que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad -ratificada por Argentina en 1995, que goza de jerarquía constitucional-, sumada al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), establecen que “estos delitos son imprescriptibles”, a la vez que “instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas”.
Aseveró el representante del Acnudh: “Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”.
Al respecto, Incalcaterra recordó que el Estatuto de Roma de la CPI, en su artículo 110, establece las condiciones para aplicar posibles reducciones de pena o el otorgamiento de beneficios ante crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, subrayó que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación “son derechos humanos reconocidos internacionalmente” que “han sido objeto de recomendaciones al Estado argentino por parte de mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas”.
Denuncia por prevaricato
Paralelamente, ayer el abogado Marcelo Parrilli presentó la primera denuncia penal contra los jueces de la CSJN que votaron a favor de la aplicación del “dos por uno”.
La causa quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Parrilli denunció a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco por “prevaricato”.
El letrado sostuvo que los tres jueces avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos excede los alcances previstos por la legislación.
La objeción apunta al concepto que permite aplicar el beneficio a un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.
El juez Rafecas remitirá el expediente al fiscal Guillermo Marijuan para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación.
Represor “Chubi” López pidió acogerse al beneficio
La defensora del represor Arnaldo “Chubi” López -quien cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros- presentó ayer su pedido ante la Justicia federal de Córdoba para acceder al beneficio del 2×1 -otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al también condenado Luis Muiña-.
López es el primer represor cordobés que lo solicita .”Con el nuevo fallo de la Corte es posible hacer este pedido para esta persona. Le podría corresponder”, dijo Mariela Cesaratto, abogada de López.
El represor es un exagente civil de Inteligencia del Ejército y fue condenado a prisión perpetua en la megacausa La Perla. Incluso fue miembro de la organización paramilitar “Comando Libertadores de América” y uno de los torturadores de la “patota de La Perla”. En el megajuicio estuvo imputado por 1.037 delitos, entre ellos 281 homicidios calificados.
Después de la lectura de la sentencia, López insultó a los familiares de desaparecidos. En la sala se encontraba el gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti.
