ESCUCHAREs contra los responsables de municipio, Provincia y Nación. Se los acusa de violar el artículo 55 de la ley 24051 de Residuos Peligrosos y el artículo 200 de delitos contra la salud pública
El abogado Carlos Nayi presentó ayer una denuncia penal contra las autoridades del municipio, provincia y nación, por el estado del lago San Roque, cuyas aguas fueron teñidas por algas verdes y azules producto de la profunda contaminación.
“No lo hizo el defensor del Pueblo ni ningún fiscal, de oficio. Por eso, como abogado, al cumplir una función social, efectué una denuncia penal en la que pido se determine si hay delito y, de haberlo, las responsabilidades que le competen al gobierno municipal de Carlos Paz y gobiernos provincial y nacional”, afirmó el letrado luego de la presentación.
El abogado aclaró que no se trata de un amparo ambiental sino que es una denuncia por violación al artículo 55 de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, en consonancia con el Código Penal, y del artículo 200 de delitos contra la Salud Pública.
La presentación, explicó, tiene por objetivo “que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir y se convoque al comité de cuenca para remediar el enorme daño que se ha hecho”.
Y agregó: “Un muestreo de Cirsa (Centro de la Región Semiarida) en enero comprobó la falta de oxígeno en el agua, lo que provoca mortandad de peces, malos olores y putrefacción”. Y acusó: “El lago está abandonado, enfermo y en terapia intensiva”.
La denuncia se presentó ante la fiscal Jorgelina Gómez quien, según opinó Nayi, “tiene la alta responsabilidad de dar respuesta, verificar si se cumplieron las medidas dispuestas por el juez, en qué magnitud si fueron suficientes, por qué está ocurriendo esto y determinar responsabilidades”.
El abogado planteó que sólo 30% de la población carlospacense tiene acceso a la red cloacal, y se preguntó por los “57 millones de pesos que en tres presupuestos municipales han sido asignados a esta tarea” y que no han sido utilizados.
“Es un interrogante que deberá develar la Justicia”, aseveró.
Incumplimiento
Según Nayi, “lo que están viviendo los vecinos, turistas y la sociedad” son las consecuencias del incumplimiento de un mandato judicial.
“En 2013 un juez emitió una orden directa en el marco de acción amparo para se lleven adelante obras tendientes a sanear el lago. Ninguno de los tres involucrados, ni municipio, ni Provincia ni Nación escucharon la voz de la Justicia, que dijo en el año 2013 que en el corto, mediano y largo plazos los 10 municipios que forman parte de la cuenca de Punilla debían trabajar en la infraestructura y en las obras necesarias para evitar que el lago se contaminara. Al mismo tiempo, (esa resolución) hacía hincapié en la labor de la policía ambiental para que se evitara que se vuelquen líquidos cloacales y cualquier otro elemento contaminante. Y lo que se hizo, se hizo a medias y no correctamente”, aseguró.
“Hoy tenemos un lago envenenado, que afecta la salud, al medio ambiente y puede comprometer la vida de las personas”, alertó.
