ESCUCHAREl Gobierno afirmó que impulsará una reforma. Abogados y trabajadores judiciales criticaron duramente el anuncio. La decisión quedará en manos de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal
Las entidades que reúnen a los abogados y los magistrados plantearon su oposición al proyecto oficial de reducir la feria judicial. A la postura se sumaron los trabajadores de las diferentes instancias de la Justicia, quienes consideraron que se atenta contra derechos adquiridos.
Luego de que el presidente Mauricio Macri le reclamó al Poder Judicial trabajar con mayor celeridad, el ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció que el Gobierno impulsará una reforma para limitar la duración del receso, que se extiende 45 días e implica una interrupción de casi 20% anual de las tareas.
Una de las críticas más enérgicas a la proyecto oficial fue la que expresó el Colegio de Abogados de Buenos Aires, mientras que en Córdoba la entidad que reúne a los letrados también cuestionó la limitación de la feria.
Intención
“Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover”, aseguró Garavano al fundamentar la postura del Gobierno, y consideró que la paralización de la actividad les genera “un grave perjuicio” a los ciudadanos.
En esa dirección precisó que se planteará discutir cómo hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días al año.
Además, sostuvo que se deberían ampliar los horarios de atención al público mediante el diseño de dos turnos de trabajo.
A pesar de las intenciones que expresó Garavano, el Poder Ejecutivo no puede avanzar por su cuenta, ya que el asunto quedará en manos de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal.
Antes de darle mayor impulso al tema, el Gobierno buscará logar consenso con los gremios judiciales, que ya lanzaron críticas a la iniciativa. En ese sentido, la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) consideró que la reducción o la eliminación de la feria es una “flexibilización” encubierta.
Al respecto, el gremio emitió un comunicado en el que rechazó enfáticamente el proyecto y calificaron la iniciativa como una “intromisión del ejecutivo” en otro Poder del Estado. “En el proyecto de ‘Justicia 2020’, bajo una aparente búsqueda de eficiencia se esconde un conjunto de medidas que tienden a flexibilizar las condiciones de trabajo y avasallar derechos adquiridos por los trabajadores judiciales”, afirmó el sindicato.
Algunos funcionarios y especialistas se mostraron a favor del proyecto y consideraron que la feria representa una política laboral obsoleta.
El ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra afirmó que un cambio en la extensión de la feria es “una discusión necesaria” y destacó las demandas de la población al respecto.
Gil Lavedra -quien integró el tribunal que en 1985 condenó a los militares del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas- también se desempeñó como Ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 1999 y 2000 y presidió el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación.
El último rol del político en el ámbito público fue como coordinador general del programa Justicia 2020.
Ciudad de Buenos Aires
Cabe recordar que durante su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Garavano suprimió la feria judicial para los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
En ese entonces, los fiscales y coordinadores debían apelar a un calendario coordinado para tomarse días libres entre diciembre y abril, con el fin de asegurar que siempre hubiera un tercio de los trabajadores en pleno ejercicio de sus funciones.
Opiniones divididas entre los actores del sistema
El titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, opinó que eliminar la feria es complicado porque -según valoró- “se trata de un derecho adquirido”. Además, aseguró que “para los abogados que caminan los tribunales es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero”.
Sin embargo, admitió que un descanso de 45 días anuales es un “privilegio” y consideró que habría que ampliar el horario de atención en tribunales al menos dos horas, con dos turnos.
Héctor Echegaray, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, consideró que eliminar la feria perjudicará a los abogados, quienes no tendrán derecho a tomarse vacaciones si trabajan en un pequeño estudio, porque los plazos procesales seguirán corriendo.
La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, consideró que el inconveniente de eliminar la feria “no será tanto para los jueces sino para los abogados”; sobre todo los que no integran grandes bufetes.
Por su parte, para el secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti, “la eficiencia de la Justicia no se consigue durante el receso de Feria”.ONG
Fernando Bracaccini, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), estimó que” lo ideal sería generar un sistema de licencias para que el sistema funcione todo el año”. En tanto, Torcuato Sozio, que conduce la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), manifestó que la feria “no tiene sustento legal ni de razonabilidad” y que es una forma de “denegación de Justicia”.
