ESCUCHARPese a que la justicia Penal desestimó una denuncia en contra de más de 30 choferes, el fuero Contravencional porteño anunció que tiene los datos de los “socios” de la empresa norteamericana. La intención es demorarlos e, incluso, inhabilitarlos para manejar
Desde que la firma estadounidense Uber comenzó a reclutar conductores en el país, la polémica no cesa.
Luego de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en donde la compañía concentra el grueso de sus actividades, se pronunció en contra de la posibilidad de que operara, ocurrieron protestas de taxistas, allanamientos y anuncios de posibles sanciones.
Córdoba
Los taxistas y remiseros locales cerraron filas con sus pares porteños y la Municipalidad de Córdoba fijó posición a poco de que trascendio la noticia del “desembarco” de la compañía. En abril, el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman, descartó de plano que se pudiera utilizar el sistema en el ejido municipal.
Sin embargo, a fines de octubre un fallo abrió cierta esperanza para las personas que buscan trabajar en sus rodados transportando pasajeros fuera del sistema de taxis o remises.
En esa oportunidad, el juez de Instrucción Luis Zelaya desestimó una denuncia penal presentada por el sindicato de choferes en contra de 33 conductores que usan la plataforma, al considerar que la modalidad no implica delito alguno y que se trata de “un entuerto netamente comercial”.
El magistrado valoró que el giro de Uber es “absolutamente lícito” y que tiene “fines legítimos”.
Según los taxistas, los denunciados entorpecieron el transporte, desobedecieron a la autoridad, compitieron deslealmente, instigaron a cometer ilícitos y se asociaron para delinquir.
Zelaya estimó que no era lógico interpretar que la intención de los choferes esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte, ya que lo que pretenden es sumar sus servicios.
“Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de Uber, lo concreto y real es que no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto”, destacó el juez.
Además, subrayó que el planteo parecía girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor y opinó que el fuero Penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto.
La decisión fue apelada por el estudio Cúneo Libarona, que representa a los taxistas, pero la Sala 5ª de la Cámara del Crimen respaldó el punto de vista del a quo.
Entre otras consideraciones, la alzada plasmó que transportar pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación. Cuando se conoció el fallo, el fiscal porteño Martín Lapadú sostuvo que la actividad de Uber en la ciudad de Buenos Aires podría constituir una contravención.
Ahora, el representante del Ministerio Público anunció que tiene los datos de 3.978 conductores y precisó que podrían sufrir detenciones de hasta diez días y ser penalizados con dos años de inhabilitación para manejar.
Lapadú puntualizó que la decisión de la Justicia criminal no interfiere en la causa que él instruye y que se van a intensificar los allanamientos a los efectos de que los involucrados sean indagados.
Sucede que a todos los conductores les enrostra desarrollar una actividad lucrativa en espacios públicos sin autorización e insiste con sancionarlos porque la mayoría carece de carnet de conducir profesional. Lapadú sostuvo que “Uber es un profesional de la ilegalidad” y que “pone en en riesgo la vida de sus usuarios”.
En ese sentido, indicó que los directivos de la firma no sólo están bajo investigación contravencional, sino también está en marcha una pesquisa penal tributaria.
La semana que viene, los datos de casi cuatro mil personas -que se obtuvieron durante un allanamiento a la oficina de Payment Collection SRL, de la empresa que realiza los movimientos comerciales de Uber y ejecuta los pagos a sus choferes- serán enviados al Poder Ejecutivo de la Capital Federal para que durante los controles de tránsito la policía secuestre los vehículos.
Clausura
Uber fue clausurada el 22 de abril por infringir el artículo 83 del Código Contravencional, que castiga a quienes ejercen actividades comerciales en el espacio público sin autorización. En tanto, a sus gerentes se les imputa haber violado la clausura y continuar infringiendo ese artículo.
Según anticipó el fiscal, antes de fin de año comenzarán las audiencias indagatorias de 10 choferes que fueron allanados el 8 de septiembre.
Por su parte, los voceros de Uber reiteraron su respaldo absoluto para sus “socios” y mantuvieorn su intención de continuar brindando a los usuarios viajes seguros y confiables “al toque de un botón en su celular”.
“Uber seguirá ejerciendo su defensa y acudiremos a las instancias que nos otorga la ley”, agregaron, aclarando que seguirán buscando espacios de diálogo con las autoridades para trabajar en alternativas regulatorias.
A raíz de la embestida judicial en contra de la empresa, propiciada por los gremios y avalada por el Gobierno de la CABA, el sistema comenzó a sufrir problemas operativos. No obstante, se calcula que cerca de 30 mil personas lo usan.
Problemas judiciales
Uber enfretó problemas judiciales desde que anunció que comenzaría a reclutar choferes. Entre otros episodios, superó el bloqueo de sus plataformas digitales.
La empresa optó por vincularse con los usuarios, para divulgar la aplicación y generar aceptación. Sus potenciales clientes respondieron bien y, pese a las dificultades (por ejemplo, no poder pagar con tarjeta), siguieron contratando el servicio.
Si bien los funcionarios, los sindicatos y parte de la Justicia opinan que es ilegal, la compañía sostiene que se ajusta a las leyes nacionales.
En un comunicado, plasmó que el Código Civil y Comercial establece en su artículo 1280 la figura del contrato de transporte y alega que, con base en esa legislación, cualquier persona puede transportar a otra a cambio de un pago. Además, destacó que las autoridades provinciales pueden regular aspectos específicos de la actividad.
Uber surgió en San Francisco, Estados Unidos, en 2008. Sus desarrolladores empezaron a trabajar en el prototipo de la aplicación, la que llamaron UberCab, y en enero de 2010 hicieron las primeras pruebas, en Nueva York, con tres coches. Luego de trabajar en la faz operativa del negocio, lo pusieron en marcha a fines de mayo de 2010.
Uber es resistido mientras sistemas similares, que ofrecen -por ejemplo- comida a domicilio o alcohol fuera de los horarios de venta, no son objetados.
