martes 26, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Morón: “Hay que cortar con la judicialidad”

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“El corazón de la reforma es que todas las controversias de los trabajadores se resuelvan en las comisiones médicas”, detalló el titular de la SRT. Dio detalles del proyecto y contestó las críticas de los abogados

Por Carolina Klepp – [email protected]

El superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, mantiene reuniones sectoriales por la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo. Afirma que el proyecto gubernamental apunta a reducir el alto nivel de litigiosidad existente y generar confiabilidad y previsibilidad en el sistema.
En diálogo con Comercio y Justicia destacó el rol fundamental que ocuparían las comisiones médicas dentro del sistema que plantea la reforma, pensadas como la instancia previa, obligatoria y excluyente por donde pasará el reclamo del trabajador que sufra un accidente o enfermedad laboral.
También respondió a las críticas de los colegios de abogados de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sostuvo que los laboralistas podrán ejercer su actividad en las mencionadas comisiones y que los trabajadores que no acuerden con el fallo de la comisión médica podrán iniciar la instancia judicial.
Para Morón, la iniciativa busca, también, generar previsibilidad a los empresarios que inviertan y se transforme en un instrumento que ayude a crear nuevas fuentes de empleo.

– ¿Cuál es el eje central de la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo?
– El corazón de la reforma es que todas las controversias de los trabajadores se resuelvan en las comisiones médicas. Que en éstas tengan el debido proceso, un proceso de homologación. Además, que sean receptadas todas sus necesidades y que se vayan contentos. El sistema prevé que los trabajadores que no estén de acuerdo con el fallo de la comisión médica pueden tener una apelación a la justicia laboral.

– Una de los puntos que se critica de esta reforma es que las comisiones médicas sean la instancia única y obligatoria previa al inicio de la acción judicial.
– El corazón de la reforma, que es la obligatoriedad de pasar por la comisión médica, tiene que estar aprobada por las legislaturas provinciales. No podrá ser de otra manera. Éste es un sistema con el que están de acuerdo los trabajadores y los empresarios y tiene la supervisión del Estado. Es un sistema en que todos los primeros de mes, las alícuotas las cobran las ART para dar las prestaciones de la Ley de Riesgo de Trabajo a los trabajadores. Éste es un sistema solidario que lo financian los empresarios con destino a las prestaciones a los trabajadores.
Los litigios tienen que ser una anomalía, una cosa marginal. Si no son algo marginal, como es ahora que es un caos, no es un sistema. Por eso tenemos que elegir un sistema que tenga parámetros claros. Por ejemplo, que tenga un baremo (una tabla de evaluación incapacidades laborales), que tenga un listado de enfermedades profesionales, que tenga prestaciones médicas preestablecidas, prestaciones dinerarias preestablecidas, que sea sustentable, con alícuota razonable, que permita que haya nuevos trabajadores que ingresen al mercado. Es decir, un sistema en donde las comisiones médicas también tienen el debido proceso, es decir, los abogados laboralistas tienen trabajo en éstas, no es que no tendrán trabajo.
Si el trabajador no está de acuerdo con todas las prestaciones que se le otorgan en la comisión médica puede ir a la justicia laboral, a la primera instancia, y hacer juicio. Aquí no se le coarta la posibilidad a nadie.

– Los colegios de abogados de Córdoba y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires critican la reforma y niegan ser ellos los promotores de la industria del juicio ¿Qué responde a esto?
– Los abogados pueden estar en desacuerdo porque hoy el sistema es un caos. Este sistema, así como está , con la cantidad de juicios que tiene, no dura ni dos años más.  Cuando un empresario pyme tiene un accidente fatal de un trabajador, la empresa quiebra y todos los obreros de esa pyme se quedan sin trabajo. Es decir, cada uno individualmente resuelve su seguro, cómo va a financiar los accidentes de trabajo, pero si no lo ordenamos se rompe el sistema.
Los abogados no son parte del sistema. Cuando surgen controversias tienen su lugar en las comisiones médicas y si los trabajadores no están de acuerdo con dicha comisión tienen su lugar en la justicia laboral. Ellos no están de acuerdo con la modificación de la ley porque tienen una renta importante que se saca del financiamiento de la seguridad social que está destinado a los riesgos de trabajo.

– Según las estadísticas que maneja la SRT ¿qué cantidad de juicios hay en el país por riesgo de trabajo?
– La justicia laboral argentina puede resolver 35.000 juicios por mes. Para este año están proyectados 120.000 juicios por mes en todo el país. La curva es exponencial. No sólo no lo soporta el sistema de Riesgos del Trabajo, no lo soporta tampoco el sistema de la justicia laboral.

– Los abogados también han dicho que la reforma podría ser inconstitucional.
– La reforma necesita una adhesión de las provincias y eso se hace justamente porque, si no, sí sería inconstitucional.

En números
– ¿Qué montos promedio se ponen en juego en juicios por riesgos del trabajo?
– El promedio por juicio es de alrededor de 250.000 pesos y el saldo que tienen las deudas por juicio alcanzan a 4.500 millones de dólares, creciendo exponencialmente, por eso el sistema ya no puede durar mucho más. Además, suben las alícuotas, con lo cual los empresarios ya no pueden pagarlas. Es un tema límite, hay que cortar la judicialidad y en beneficio de todos los argentinos y no en beneficio de un sector.

– ¿Cuáles son los accidentes y enfermedades laborales que más llegan a los tribunales?
– Las lumbalgias, las hernias y los problemas del cuello.

– El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti respaldó la semana pasada el tratamiento de la reforma. ¿Cuentan con el apoyo político de otras provincias?
– Creo que todas las provincias tienen el mismo problema. Con los que hemos conversado tienen el problema de que los empresarios no pueden seguir pagando la alícuota que se paga porque no pueden incorporar trabajadores nuevos y no pueden tener una empresa productiva y competitiva. Y los trabajadores no pueden conseguir trabajo. Esto que está ocurriendo actualmente es una forma de que no se atraigan inversiones y trabajo.
Crece tan rápido la judicialidad y hoy lo que explica el valor de la alícuota en 50%, según dicen las aseguradoras del riesgo del trabajo (ART), es el riesgo del juicio. Ése es el problema.

El superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, mantuvo reuniones con diversos sectores. La semana pasada se reunió con el secretario General del gremio de los camioneros, Hugo Moyano, con quien analizaron los principales objetivos que persigue la reforma de la ley.

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