ESCUCHARPor Salvador Treber
La suba del personal desocupado, tanto entre los registrados como por parte de los no registrados, presenta un escenario conflictivo que, además del elevado costo social, genera una marcada caída en el nivel de productividad y retarda la eventual futura recuperación
En todo el transcurso del presente siglo el más alto nivel de la población económicamente activa en nuestro país se verificó en los años 2009 y 2012, pero hasta 2015 fue descendiendo hasta 44,5%, el índice más bajo registrado en los tres quinquenios transcurridos. No obstante, en el primer semestre del año en curso volvió a descender a 43,8%, lo cual es altamente preocupante. Por tanto, la desocupación abierta que incluía a 1,26 millones de personas se acrecentó en otros 1,4 millones, agravando dramáticamente el escenario social de nuestro país.
Es oportuno tener presente que el trabajo humano (físico e intelectual) no debe ser considerado un bien comercializable sino uno de los factores esenciales en los procesos de producción de bienes y servicios junto con el capital, integrado por los bienes naturales, la acumulación generada por beneficios de procesos precedentes y los provenientes del exterior, a todo lo cual se deben sumar los constantes aportes del “agregado científico-tecnológico” aplicado a la gestión productiva que en las últimas décadas sumaron prodigiosos avances al circuito generador de bienes y servicios para atender la demanda interna y externa.
Por lo tanto, el progreso y las mejoras en el nivel de vida están estrechamente ligados a dicho factor, ya que el grado de formación de la fuerza de trabajo es un condicionante ineludible. En la actualidad es muy preocupante que 57% de ella, según lo hace notar el Observatorio de la deuda Social Argentina a cargo de la Universidad Católica (UCA), esté sufriendo graves problemas de desempleo pues ello es sinónimo de estancamiento y/o retroceso. Respecto a ello sostienen que luego de la aplicación de políticas que generaron la crisis de los años 1999/2002 y una posterior década signada por el crecimiento y la implementación de leyes protectoras, aún perduran dificultades para consolidar un trabajo de calidad, según las normas nacionales e internacionales que regulan los respectivos derechos laborales y sociales.
La visión actual de los especialistas
El estudio emitido por la UCA advierte que “entre 2010 y 2015 los trabajadores a los cuales se les reconocía plenamente sus derechos pasaron de representar 44% a 43% (8,3 millones) y los de empleos precarios de constituir 35,5% a 31,9% (6,2 millones) de la PEA”. Complementariamente subrayan que se incrementó, especialmente desde 2013, la participación de los trabajadores que realizan “changas”, actividades de escasa productividad o contraprestaciones de programas de empleo, pasando de 9,2% a 15,6% (tres millones). Es que el trabajo no registrado, según fuentes oficiales, trepó a 42% de la PEA y ello conspira contra la eficiencia global.
En lo que se refiere al desempleo, según los últimos datos aportados por el organismo especializado de la administración pública nacional que operó hasta el 9 de diciembre pasado, había descendido a su menor expresión (5,9%) en el tercer trimestre de 2015. Con posterioridad y a fines de junio ese índice habría subido, según la estimación oficial, a 9,3% (en la ciudad de Córdoba trepó a 11,5%) exhibiendo una firme tendencia a seguir ese ascenso. Sin que las autoridades lo admitan, todas las fuentes privadas coinciden en que los que perdieron en ese lapso sus trabajos superaron 150 mil (54.000 de ellos sólo en el área de la construcción).
La última baja anterior en tal sentido se verificó en 2012 (-0,7%). Esa caída se debió a que el sector público local (provincial y los municipios) acrecieron en el gasto improductivo en forma muy considerable. Durante las décadas más recientes este tipo de oscilaciones se hicieron frecuentes, aunque la primera vez que alcanzaron los dos dígitos fue en el año 1994 y algo semejante se reiteró, pero con mayor intensidad, en el muy crítico lapso del bienio 2001/02. Luego se advierte una ascendente recuperación en que sólo registraron dos años de retroceso o estancamiento (2008 y 2012).
Los analistas observan que las subas periódicas se montan sobre una franja de “inactivos”, que son parte de la población económicamente activa pero que no han logrado por años acceder a un puesto estable; lo cual no aparece como algo normal y afectan las posibilidades potenciales. Resulta obvio que, estando muy disminuida la capacidad de crecimiento de la economía, la franja precitada pierde toda esperanza de mejorar su situación y termina por resignarse a la permanencia de una baja o nula participación laboral. Con gran desánimo los afectados suelen hasta dejar de buscar trabajo y entran en un círculo cada vez más acentuado de pobreza.
Dicho “clima” de frustración abarca un tramo creciente que se retroalimenta, siendo particularmente grave y notorio entre las mujeres, a las cuales impulsa muy frecuentemente a retornar en forma exclusiva a las tareas habituales del hogar a modo de falso consuelo. La oficina local de la Organización Mundial del Trabajo ha señalado en forma enfática que “los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino se ha exacerbado entre los jóvenes; donde priman la informalidad, precariedad, bajos salarios, elevada inestabilidad y alta rotación como características reiteradas entre los empleos a los que acceden”.
En la búsqueda de fundamentos a tal estado de desaliento se otorga especial relevancia a la deserción escolar y la insuficiente existencia de oferta para acceder a un trabajo privado formal. Pero advierten, además, que esa situación es la reinante a nivel mundial y no sólo en nuestro país. Claro que lo ocurrido aquí, debido a haber caído la tasa de participación en la franja de menores de 30 años de 73% en 2004, a 65% en este momento tampoco es históricamente algo muy frecuente. Según la FIEL, “lo que estamos viviendo desde hace cinco años es que no crece el empleo privado formal. Está estancado”.
Por tanto se detienen a llamar muy especialmente la atención sobre el hecho de que desde “hace seis o siete meses se registra una caída de empleo privado formal, asociada a la recesión que empezó a mitad del año pasado y es la cuarta que vive el país en los últimos ocho años. Ello se alivió parcialmente con mayor empleo público que coincidentemente marcó un menor nivel de productividad global”. Su análisis sobre el tema conduce a la conclusión de que en esta circunstancia “hay un problema de creación de empleo más que de desempleo propio de nuestro país que se reiteraron en 1995 y en 2002”.
Los problemas de productividad
El especialista Jorge Colina, por su parte, sostiene al respecto que “los planes sociales en este siglo han crecido en 50%, llegando a 450 mil”. Cabe aclarar que las personas que los tienen no se computan como desocupados, según la metodología estadística internacional pero su existencia se traduce siempre en una baja en los índices de productividad. Ello es así pues gravitan negativamente en los resultados por una falta de calificación de carácter masiva. Colina subraya al respecto que en nuestro país no menos de 40% de los que figuran como ocupados perciben salarios extremadamente bajos, siendo muy lógico que en tal caso se reduzcan los niveles productivos.
Se verifica entonces una dicotomía altamente perjudicial para todas las partes pues frecuentemente los empresarios no se preocupan por actuar con la voluntad indispensable para mejorar el grado de capacitación de esos subordinados, suponiendo equívocamente que realizan “ahorro de costos” aunque no es así ya que apelan a una mano de obra menos capaz. Tales equívocos se convierten en un factor negativo del proceso productivo.
El referido informe de FIEL se detiene a analizar las prácticas vigentes en materia de empleo asalariado en el sector privado y concluye sobre el particular que los ocupados sin formación alguna, muy frecuentemente “en negro”, son motivo de continuos recambios que no les dan oportunidad de crear ningún vínculo ni estímulo en las rutinarias tareas que realizan. La idea de que vale la pena implementar medidas adecuadas para optimizar la calificación de dicho personal es habitualmente rechazada por considerar el costo de éstas “plata tirada”.
Debe tenerse muy presente que los “irregulares” constituyen una cantidad considerable pues estiman que totalizan más de 4,5 millones y ello debilita la economía al no mejorar su estándar de eficiencia. Resulta obvio que la problemática de éstos constituye un “círculo vicioso” muy difícil de superar si el Estado no asume en plenitud la responsabilidad de elevar masivamente su calidad y formación, especialmente de los jóvenes. Para lograrlo es importante que éstos cursen integralmente los tres primeros ciclos educativos (inicial, primario y secundario).
En consecuencia deben adecuarse sus respectivos planes que deberían introducir nociones básicas sobre las actividades más demandadas. Nuestro esquema virtualmente omite estos aspectos y sólo piensa en preparar a los educandos para cursar especialidades en la universidad que, obviamente, no es el destino de la inmensa mayoría. Tal como está conformada nuestra sociedad actual respecto a los jóvenes que surgen de hogares de estratos medios y altos, en muchos casos con padres y hermanos profesionales, son los que integran nada menos los 1,85 millones de estudiantes (94,6%) que registran actualmente, en conjunto, las universidades tanto públicas como privadas.
Resulta obvio que apenas un muy exiguo 5,4% de ese total corresponde a las franjas inferiores de la pirámide distributiva; lo cual implica una discriminación que hasta ahora no se ha tratado de corregir. Es oportuno advertir que la gratuidad de los estudios de tercer nivel en las casas de altos estudios estaduales es una condición necesaria pero no suficiente para corregir los defectos y carencias que hoy plantea este nivel de formación. También habría que ampliar el arco de especialidades no universitarias y oficios que la sociedad demanda y que son atendidos en su mayor proporción sólo por “prácticos” autodidactas.
La complejidad de la vida actual requiere encarar con toda firmeza y convicción estas tareas formativas pues de otra manera se deteriorarán cada vez más el nivel medio de formación. Si se repasa la evolución habida en la economía argentina durante el transcurso de este siglo, se puede verificar fehacientemente que -salvo el período 2003/2008, que constituyó el más dinámico dentro de los dos siglos de existencia como país independiente- en los diez años restantes se ha vegetado lamentablemente. No se trata de un problema de índole política sino de una inadecuada gestión de todos los gobiernos sin distinción de pertenencia.
