ESCUCHARSin divulgar en forma amplia las causas por las cuales el actual Gobierno nacional reduce las exigencias y requisitos que deberían regir en dichas operaciones por parte de extranjeros en
zonas estratégicamente muy sensibles – Por Salvador Treber
El planeta Tierra está compuesto en su mayor proporción por océanos y mares, mientras la tierra firme representa apenas un tercio. Por ello, el tema es crucial pues las tierras de gran calidad productiva y las que están situadas en zonas estratégicas de frontera, no es conveniente que sean adquiridas por propietarios extranjeros.
Una reciente disposición de la conducción nacional ha simplificado y distendido la operatoria e incluso hay, con algún grado de reserva, ofertas a quienes que se especializan en su explotación.
Si nos referimos más específicamente a tierras rurales adecuadas para una producción agrícola que exceda las necesidades internas de los respectivos países, de los 208 países existentes en el mundo, son pocos los que están suficientemente dotados por la naturaleza para asegurar una eficiente explotación. Por otra parte, el más cercano contralor sobre quiénes poseen las mejores y su precisa ubicación espacial no es ninguna novedad pues en todos lados el tema es cuidadosamente atendido.
Ello es muy lógico, más aún si se tiene en cuenta que la producción de cereales y oleaginosas en esa magnitud constituye un privilegio que en América sólo incluye a tres países (Estados Unidos, Brasil y Argentina) y en Europa a otros tres (Francia, Ucrania y Rumania). Obviamente, coexisten unos diez más que cubren total o parcialmente su demanda interna pero no incursionan en el mercado internacional. Canadá es un caso singular pues sus mayores excedentes se colocan en EEUU.
Según lo consigna el Anuario del Banco Mundial, la superficie total asciende a 134.097 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales la explotable con agricultura, en el mejor de los casos, llega a un máximo de 24,7%, aunque actualmente está catalogado como arable solamente 21,7%, pero al momento aparece como “en explotación intensiva” apenas 14.4%. Este panorama es dinámico y el avance de las nuevas técnicas en el futuro sumaría nuevas e importantes superficies. Lo mencionado permite apreciar las extraordinarias perspectivas de nuestro país pues la extensión cultivada actual hasta mediados del presente siglo podría llegar a doblarse.
La realidad actual
En el caso de nuestro país, la norma legal fundamental sobre el tema data del año 2011. En función de ello se sancionó y promulgó la ley nacional Nº 26737 que versa sobre esa problemática y fue reglamentada mediante el decreto Nº 274/2012. Por medio de éstos se establece un límite máximo de mil hectáreas que puede tener un titular extranjero en la llamada “zona agrícola núcleo” que corresponde al centro-norte de la provincia de Buenos Aires junto con el sur de las de Santa Fe y Córdoba.
La presente Administración nacional, sin hacer cambios de ninguna especie en el texto de la referida ley, ha optado por dictar el decreto N º820/2016, que flexibiliza esa limitación. Y también fija áreas de frontera que no pueden tener dueños extranjeros por considerarse ello un acto de defensa preventiva de la seguridad. Obviamente, este tipo de restricciones había generado incrementos en los precios pero, sintomáticamente, desde su reciente vigencia registraron considerables bajas que en ciertos casos llegan a 25%. Por la extraña sensibilidad “bajista” sería oportuno ponerse en guardia.
En realidad, el tope de las mil hectáreas se mantiene; la “novedad” radica en que se crea un régimen de equivalencias aplicable en las provincias vecinas y se detiene a definir específicamente cuándo una sociedad debe ser categorizada como “extranjera”. Además, se crea un Consejo Interministerial integrado por funcionarios de los ministerios de Agroindustria, Interior y Ambiente al que se les otorgó treinta días para notificarse y aceptar dicha nueva responsabilidad. También establece sólo quince días para ratificar las mencionadas equivalencias, las cuales se podrán modificar posteriormente y cuantas veces se considere oportuno.
Entre las facultades asignadas a este organismo interno se ha resuelto que quede habilitado para promover la llegada de interesados del exterior y que a tal efecto se puedan readaptar tanto las normas como las condiciones a regir con sentido promocional que procuren hacerlo factible. En todo el territorio existen 267,6 millones de hectáreas explotables en agricultura, aunque con muy diversas características. En la actualidad, 5,93% de ese total figura con propietarios no nacionales. Pero esa relación es engañosa por dos motivos importantes; en primer lugar porque es indispensable establecerla respecto del total de la zona núcleo y porque por medio de sociedades o prestanombres pueden coadyuvar a ocultar la realidad.
Es obvio que revisten mucho mayor trascendencia si están ubicadas en la “zona núcleo” por la calidad y mayor fertilidad de la tierra o en las reducidas pero muy feraces de cultivos específicos, como es el caso del valle del río Negro, en materia de producción frutal, o la zona de Cuyo, con la producción vitivinícola. Debe tenerse muy presente que la primera posee 34,5 millones de hectáreas cultivadas, en especial con soja, maíz y trigo. La posibilidad actual de que se burle las limitaciones previstas para extranjeros en esta área, que está entre las mejores del planeta, no puede generar otra cosa que legítima inquietud.
En Brasil la superficie cultivada se eleva a 73,6 millones de hectáreas aunque no tiene condiciones favorables para el cultivo de trigo y debe importar alrededor de cinco millones de toneladas para atender el consumo de su población.
En la actualidad, el mayor empeño del gobierno argentino se ha concentrado en lograr el mayor ingreso de capitales extranjeros y el precitado consejo creado parece adecuarse con marcada elasticidad a introducir las condiciones que respondan a la preocupación consistente en extender el complejo agroindustrial en las 23 provincias sin reparar en riesgos.
Las debilidades de la nueva situación
El nuevo decreto, de manera inversa, adjudica el carácter de sociedad extranjera cuando 51% o más está en dichas manos. Esas condiciones son mucho más flexibles que las que regían antes de su vigencia ya que permite la compra y venta de superficies superiores a mil hectáreas. Cuando esto era ilegal se trató frecuentemente de violar la prohibición, pero ahora ello podrá hacerse sin mayor dificultad. Estos antecedentes no deberían pasar desapercibidos y tampoco coadyuva en absoluto bajar la guardia…
Dada la escasez relativa de agua en la medida indispensable para impulsar los cultivos, se ha resuelto exigir que los grandes productores confeccionen un plano en que se den precisiones sobre la disposición potencial del agua y los cálculos sobre las perspectivas futuras en dicho aspecto. No puede olvidarse que la “zona núcleo” está localizada en el área identificada como “pampa húmeda” por el nivel de milimetraje anual habitual que generan las lluvias que la caracteriza; pero mucho mas extensa es la “semihúmeda” que registra un promedio de sólo 600 milímetros anuales.
Los límites y dificultades preexistentes se han venido limando a medida en que se progresa en el uso de nuevas semillas, adaptadas a campos naturalmente menos fértiles. Una prueba fehaciente de ello es que en el año 1975 virtualmente comenzó el cultivo de soja en el país y en la cosecha 2002/03 recolectaron 30 millones de toneladas, cifra que quedó muy atrás cuando en la de 2010/11 se logró doblarla. Es cierto que desde entonces sufre un estancamiento aunque en compensación, se han diversificado mucho más alcanzando cierta significación la cebada, avena, arroz y los campos de pastoreo.
En los últimos años hubo una recuperación en la producción de maíz y, en cierta medida, también de trigo. La cosecha precedente permitió exportar 6,5 millones de toneladas y se anuncia que la nueva podrá estará entre 15 millones y 16 millones de toneladas. Parecería por tanto que dicho cultivo, que supo ser el “estrella” cuando Argentina era considerada el “granero del mundo”, está en vísperas de que en los próximos años reverdezca sus viejos lauros. Ello contribuirá a que el próximo “salto” se verifique, confluyendo un avance en la producción total y por hectárea a lo que habrá de sumarse la extensión de la frontera geográfica. Hay quienes propugnan promover un amplio debate público con el objeto de mejorar las condiciones que impulsen la actual capacidad productiva en una escala relevante con ayuda de las tecnologías de mayor avanzada. Es muy probable que en esa circunstancia habrá un período intermedio en que registren mayores costos, pero han calculado con crecidos fundamentos que al cabo de una década se podrá hasta sumar no menos de 60% al tonelaje cosechado.
La Federación Agraria Argentina, entidad que supera 100.000 asociados, todos pequeños y medianos, fue en su momento el mas firme opositor, al cuestionar con dureza el acceso de extranjeros a la propiedad de tierras rurales; su presidente advirtió recientemente que a las autoridades nacionales actuales “no les tíembla la mano para firmar un decreto a favor de intereses extranjeros”. Esta virtual tan grave imputación es un claro testimonio del disgusto que prima en los corrillos de la federación y su firme voluntad de mantenerse vigilante.
Muy diversa es la posición de la Sociedad Rural, con menos de 12.000 asociados pero que agrupa a los mayores propietarios, productores, criadores, acopiadores y exportadores del país; cuya concepción elitista los caracteriza desde su creación en 1866 por medio de su adhesión al pensamiento liberal. Consecuentes con ello, propugnan que no se limite la adquisición de tierras por parte de quien lo desee y tenga capacidad económica para ello, sin hacer diferencias entre nativos y extranjeros.
Por lo tanto, las posiciones -muy distintas e irreconciliables- están claramente definidas y expuestas. Lo que no debe perderse de vista es que la expansión de la producción agroindustrial no debe hacerse a expensas de un estancamiento o retroceso de la actividad industrial en las diversas ramas pesadas e intermedias, como está sucediendo actualmente en Brasil. La denominada “primarización” implica la adopción de un proceso regresivo que debilita a los países que lo adopten como modelo e irremisiblemente los vuelven mucho más vulnerables.
