ESCUCHARLa estadística sobre ese tema en todo el mundo es motivo de controversia y suele no corresponder estrictamente a la realidad pues ésta generalmente es bastante más conflictiva y desnuda las falencias o intereses que movilizan a los gobernantes.
A partir del año 2008 comenzó en el ámbito mundial una extensa etapa recesiva de la que todavía no se ha podido salir y, aunque con algunas variantes, también tiene sus reflejos en nuestro país. En efecto, salvo en los años 2009 y 2012 en que el crecimiento fue nulo, durante 2008, 2010 y 2011 los registros fueron muy semejantes a los del período 2003/07; es decir, +8,9% de media anual. En cuanto al reciente lapso 2013/15, hubo una notoria baja en el ritmo y el promedio fue sólo de +2,4%. Ésta es la más estricta realidad, aunque en la discusión política diaria se suele sostener, intencionadamente, que en los últimos cuatro años estuvimos estancados, lo cual -como se advierte- es falso y equívoco.
Recientemente, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), ha difundido un trabajo que contiene las más actualizadas informaciones del quinquenio 2010/15 para evaluar aspectos relativos al nivel de desempleo existente. En tal sentido considera que prima en nuestro mercado interno “un elevado riesgo de desempleo estructural” pues uno de cada cuatro integrantes de la población ocupada vivió esa amarga experiencia, como mínimo una vez en los 12 meses precedentes a la fecha de confección del referido estudio.
Describen la metodología seguida en una confección que, según el respectivo detalle, adoptó como base a 5.700 casos anuales correspondientes a sendos centros urbanos que superan 80 mil habitantes cada uno y, con base en ellos, se determinó que desde el año 2010 en adelante, el empleo se había expandido ocho por ciento; pero a la par detectan notables diferencias entre los que cumplimentaron las normas legales plenamente y los que se han mantenido como “irregulares”.
Las revelaciones de la investigación
En el caso de los registrados en los organismos respectivos, el incremento en su número habría representado un tres por ciento adicional mientras que en el tramo de los que no lo están descendieron cinco por ciento; pero se advierte que treparon en un inusitado 80% los que se mantienen en los puestos más inestables.
Por lo tanto, para fines del año 2015 constataron que 8,3 millones de personas (43%) de la ocupación total, revistaban encuadrados en la legislación vigente (“en blanco”) y otros 6,2 millones (31,9%) no figuraban (“en negro”), en tanto en un tercer colectivo (15,6% ) se aglutinaban los que sufren elevada inestabilidad o están incluidos en programas especiales de empleo.
Quizá lo más llamativo sobre dicha composición es que para fines de 2015 los desocupados ascendían a 1,8 millón y que, como consecuencia de las medidas más recientes, a ese número se deben sumar otro 1,4 millón (+77,8%). Cabe recordar que el Indec, antes de interrumpir su gestión transitoriamente, hizo conocer que en el tercer trimestre de 2015 el índice sobre esa materia registraba el más bajo indicador de los últimos 28 años; es decir, 5,9%.
El nuevo informe de la UCA se concreta a través de 21 páginas y en ellas se emiten severos juicios para con la administración precedente aunque no dejan de formular serias advertencias a la actual. Los párrafos más rotundos y críticos dicen textualmente: “Sin dudas, los desajustes estructurales acumulados constituyen una herencia de mucho peso. Ahora bien, el problema puede agravarse si hay un error de diagnóstico o una equivocación en la elección política por mucho que las decisiones estén bien intencionadas”.
Tales expresiones no son las únicas que trasuntan inquietud ya que a continuación surgen otras mas duras y alarmantes, que permiten apreciar la honda preocupación que ha hecho presa de sus autores. En el párrafo más patético sostienen: “La estrategia adoptada para normalizar en parte las variables macroeconómicas habría generado más de un millón de nuevos pobres, fundamentalmente segmentos provenientes del sector informal y de las clases medias bajas”.
En busca de tratar de completar el cuadro para eliminar todo tipo de dudas y omisiones, el estudio sostiene sobre dicho aspecto: “Este dato, aunque impactante, no deja de ser una estimación conservadora, más aún si consideramos la dinámica socioeconómica subsiguiente” y subraya que en el primer trimestre del año actual la pobreza se agudizó, ascendiendo -“según la fuente de datos que se utilice”- a un nivel que oscila entre 27% y 33%. También advierte en tono muy severo otras debilidades de orden programáticas y que ese escenario se traduce “necesariamente en caída de la ocupación”.
Continuando con el análisis, los autores manifiestan que “dentro de otros abusos, aumentaron los precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la reciente recesión”; además de que han insistido en seguir la misma línea de acción lo que critican al expresar que “existe muy poca voluntad para reconocer errores”. Seguramente éstos se reiterarán, si no se elabora un plan integral que incluya no sólo las vías de concreción sino los instrumentos a utilizar durante su ejecución, que debe ser plurianual y prolongará el período de mayor desocupación abierta.
Otro informe complementario y coincidente
Dicho informe ha sido presentado ante el Consejo de las Américas que este año ha logrado alcanzar un llamativo récord de asistencia; muy probablemente debido a la comprometida situación económico-financiera que prevalece en casi todo el mundo y, en especial, en América Latina. El reporte aporta un interesante análisis desde su punto de vista y fue confeccionado por el equipo de economistas de FIEL, entidad que tradicionalmente ha acompañado a quienes sostienen planes que otorgan prioridad a los colegas de círculos privados con enfoque neoliberales.
En primer lugar los autores dejan traslucir que están conformes con el conjunto de medidas implementadas por el Gobierno argentino pues creen que no sólo son las adecuadas sino que serán útiles para “atraer dinero fresco, sacar al país de la recesión (incluso la mayor desocupación existente), bajar la inflación y acumular capital político para las próximas elecciones legislativas del año próximo; pero aún falta un plan fiscal y un motor de crecimiento de largo plazo”.
En forma rotunda adhieren a la creencia de que “si conseguimos dinero fresco de afuera, la economía se expandirá” aunque ello será recién en el año 2017, en que estiman un crecimiento posible del producto bruto interno de 3,5%; obviamente, después de haber logrado ubicar la tasa de inflación durante el segundo semestre de 2016 en forma estable, debajo de dos por ciento mensual. A ello agregan que la opción de incrementar la inversión con deuda constituye un “remedio de corto plazo”.
Luego de coincidir con todas las medidas que tomó hasta ahora el Gobierno argentino, en especial la de atraer la inversión privada, sostienen que las perspectivas en el corto plazo exhiben “señales mixtas”. En cuanto a las causas que llevaron al comprometido trance actual, en los primeros planos citan la crítica situación de Brasil, la vigencia internacional de bajos precios de los “bienes commodities” y una devaluación que consideran de un nivel insuficiente para impulsar antes la reactivación.
Para avalar esta apreciación insisten en que “Argentina medida en dólares es cara”. Aconsejan por ello aprovechar el bajo nivel de endeudamiento, acreciendo la inversión mediante un crédito especial para aprovechar la capacidad ociosa existente al mismo efecto. Esta vía ya fue utilizada en las últimas décadas del siglo XX y condujeron a un violento crack; razón por el cual se debe ser cauteloso en este aspecto. Además, como no hay pautas ciertas sobre hasta qué cifra se pueden contraer nuevos pasivos, existe el riesgo de utilizar este recurso en una medida inadecuada.
Por ser Brasil el socio más importante, advierten que habrá que buscar nuevos mercados externos pues la crisis recesiva de dicho país se extenderá en el tiempo a punto tal que las marcas antes habituales no podrán alcanzarse, por lo menos, hasta el año 2018.
Pero en ese lapso, y lo más pronto posible, reclaman que se formule un plan que tenga como primera prioridad asegurar el máximo nivel de ocupación que actualmente está notoriamente deteriorado.
El informe finaliza recomendando en el terreno instrumental una inmediata actualización del impuesto a las Ganancias y establecer un régimen tarifario previsible.
El planteo más significativo lo constituye la advertencia de que “el Gobierno no puede recostarse en la deuda para siempre. Todavía está pendiente un programa fiscal nacional estableciendo como van a hacer para hacer frente a los temas estructurales y como reducirán el déficit.
A modo de guía se debe tener en cuenta que la inversión bruta, en sus primeros doce puntos porcentuales, apenas cubre y sustituye a la maquinaria que queda fuera de servicio por agotamiento y/o obsolescencia. Es por ello que para nuestro país se ha establecido que el nivel ideal de la inversión ascienda a 24%.
En la actualidad apenas llega a 17% y por ello es un factor expulsor de mano de obra.
Reflexiones finales
Los dos informes, al margen de las disidencias que generen en otros círculos que no concuerdan con su sustento ideológico, por haberlos confeccionado en ambos casos los más respetados por especialistas experimentados de ese campo, deben ser motivo de un serio y profundo análisis. El hecho de que en nuestro país hayan tenido tan escasa, casi nula difusión, sugiere que no han sido muy bien recibidos en las esferas oficiales y por ello han preferido ignorarlos.
Al revisarlos sólo se encuentran aspectos críticos para que se confeccione con urgencia un plan plurianual y la formulación de propuestas concretas respecto de modificaciones que aconsejan en el ámbito tributario, lo que parece haber molestado al Gobierno.
Toda una paradoja pues, en realidad, son los más importantes aportes que deberían agradecer efusivamente.
