El plan contempla que esos elementos de uso doméstico sean recibidos en puntos de recolección primaria. Luego, las empresas los retirarán para almacenarlos en centros de seguridad
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación avanza en un proyecto para darles disposición final a las pilas, con base en el principio de responsabilidad extendida al productor. El proyecto contempla que las empresas importadoras serán las encargadas de la gestión, aunque en un principio será el Estado el que dé los primeros pasos.
Por este motivo, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Javier Ureta, recibieron a representantes de las empresas que importan pilas para conversar sobre esta iniciativa.
Situación actual
Las pilas son consideradas residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El promedio de consumo por año es de 10 pilas por persona, y en el período 2003-2015 se importó un total de 445.782 toneladas; según datos del informe sobre gestión de pilas y baterías eléctricas en Argentina, realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Actualmente, en Argentina todas las pilas que se utilizan son importadas; para traerlas al país, las empresas del sector tienen que solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Ambiente. A partir de este proyecto, esa cartera habilitará la importación en la medida en que las empresas se hagan cargo de la logística y de la disposición final.
“El Ministerio reconoce la necesidad de darles disposición a las pilas y el reclamo de la gente en este sentido. Sabemos que hay una omisión, que faltó una política de Estado. Por eso, desde el Ministerio asumimos esa necesidad y nos involucramos en la solución, haciéndonos cargo en un principio y luego dejándole la responsabilidad al sector privado”, dijo Ureta.
El plan contempla que las personas lleven las pilas de uso doméstico a desechar a puntos de recolección primaria, que se instalarán en las todas las localidades del país. Luego, las empresas procederán a retirarlas de los contenedores especiales y a almacenarlas en centros de seguridad para la disposición final, cuyo sistema deberá ser aprobado por esa cartera.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable colaborará durante el año próximo con el sector privado para aplicar el proyecto, pero a partir de 2018 serán las empresas las que se harán cargo de la totalidad del sistema de disposición final.