ESCUCHARApunta a simplificar y agilizar las consultas de deuda y pagos, mejorar la gestión de los pasivos, intensificar controles y acelerar las demandas. Sobre éstas, la intención es reducir a un año el inicio del juicio, que hoy se ubica en 3,4 años. También para llegar a sentencia. Para eso fue clave un acuerdo con el TSJ de instrumentación del expediente digital. Buscan depurar 600 mil acciones. Habrá control a procuradores – Alfredo Flury – [email protected]
La Provincia anunció ayer una batería de acciones para mejorar los ingresos fiscales mediante una mayor presión sobre deudores y evasores que, en la práctica, implicará ajustar los controles en sus diferentes etapas, esto es desde la mora temprana hasta el inicio de la demanda y la setencia final para la ejecución del pasivo.
“La idea es demostrar con hechos que no pagar tiene sus consecuencias”, resumió a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien recordó la creciente presión fiscal en todos los ámbitos que hoy hace insostenible seguir incrementando tributos para mejorar los ingresos.
Se trata, en rigor, de una remanida estrategia que de manera cíclica anuncia cada administración tributaria del gobierno de turno.
No obstante, Giordano promete que la consigna esta vez se cumplirá y para eso exhibe un combo de medidas que apuntalará el esquema.
Bajo el nombre de Programa de Equidad Tributaria (PEI), Finanzas dispuso una serie de acciones en todos los frentes, ahora “sin moratoria”, señaló el funcionario.
Es que la idea de “equidad” busca justamente que el que no pague sienta el rigor de cometer esa falta y no que termine equiparándose mediante un plan de pago con el que abonó en tiempo y forma.
En ese marco, el funcionario dijo que bajo la consigna de mejorar la administración tributaria para aumentar la recaudación, se instrumentarán medidas en cuatro instancias: servicios al contribuyente, gestión de deuda, controles y, finalmente, gestión de juicios.
Dentro del primer punto, la idea es “simplificar” y dotar de mayor rapidez la consulta por el contribuyente respecto a su situación fiscal.
Concretamente, vía Ciudadano Digital o con la clave fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el contribuyente puede ingresar a la Dirección de Rentas y conocer su situación frente a ésta en todos los tributos en los que se encuentre alcanzado.
La intención es que la mayoría de los trámites pueda realizarse por canales no presenciales, vía web oficial.
De hecho, hoy Rentas ya notifica a través de la red sobre próximos vencimientos, pagos ingresados o períodos impagos.
Respecto a la gestión de deudas, la estrategia apunta a mejorar el cobro y acortar plazos en el inicio del juicio.
El derrotero incluye el aviso de deuda, la gestión personalizada en el caso de grandes contribuyentes, la publicación en la web del listado de morosos y el inicio de las demandas.
“El objetivo es reducir a un año el inicio de la demanda, que hoy se ubica en 3,4 años”, resumió Giordano, acompañado por el gabinete “recaudador” que lo secunda.
En esa línea, en el caso de grandes contribuyentes de Ingresos Brutos (son 9 mil los nominados), la notificación de deuda llegará a los 30 días de generada ésta y el juicio se iniciará a los 135 días.
En tanto, para empresas que facturan más de 5 millones de pesos anuales y contribuyentes de impuestos patrimoniales con solvencia patrimonial y/o ingresos altos, la demanda se disparará al año -hoy recién se inicia pasados tres años-.
En tanto, para empresas que facturen menos de 5 millones anuales y contribuyentes con solvencia patrimonial y/o ingresos medios-bajos, la demanda se dispondrá a los dos años.
Giordano recordó que, entre las nuevas estrategias, figuran acuerdos con los registros de Propiedad Automotor para que actúen como agentes de retención de los pagos de multas de la Caminera y el impuesto Automotor.
Como tercer punto, Rentas intensificará los controles a través de diferentes herramientas, entre ellas la fiscalización electrónica, auditorías a grandes contribuyentes y operativos de campo, además de un más amplio cruzamiento de datos.
En realidad, parte de los instrumentos mencionados fue utilizada de una u otra forma o en mayor o menor medida por administraciones anteriores, con suerte diversa.
Con todo, el elemento distintivo o al menos el que mayor rédito final podría reportar a Finanzas es el vinculado con los juicios y sus resoluciones.
La percepción hoy es que si bien Rentas envía a juicio a miles de deudores cada año, la mayoría nunca termina en sentencia, esto es en la ejecución de la deuda.
Las cifras parecen ratificar esa imagen. De los 1,2 millón de juicios asignados a procuradores desde 2005 a la fecha, casi la mitad aún sigue activo, 24% fue cobrado y 28% se cerró sin cobrar. Resultado: o no se cobraron o demoran años en resolverse.
La crítica implícita a las propias gestiones anteriores -del mismo signo político- nunca surgió como tal pero quedó flotando en el ambiente.
Las razones de la mora fueron múltiples: desde imposibilidad de notificar al demandado por problemas de domicilio, hasta dificultades para constituir el título ejecutivo por problemas registrales de un inmueble o bien prescripción de períodos reclamados, pasando por la muerte del titular del bien objeto de la demanda.
En esa línea, la estrategia ahora es apuntar a varios frentes: mejorar la calidad del título ejecutivo con el que se encuentra el procurador; avanzar en el inicio temprano de la demanda, para lo cual se prevé enviar a la Justicia unas 1.500 causas mensuales.
También se buscará hacer más eficiente la gestión de los procuradores con controles sobre su tarea, que redundarán en “premios y castigos” (asignar más o menos causas) y a la vez sumarles nuevas herramientas, por ejemplo el embargo de sueldos a determinados deudores.
De todas formas, el punto clave será en la instancia del juicio y se vincula con un acuerdo firmado con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que (desde junio pasado) los juicios se tramiten con expediente digital.
“Ese cambio será clave para la dinámica de las demandas”, señaló Giordano, quien estimó que en un plazo de un año desde el inicio de la acción, podría haber sentencia (hoy ronda seis años, promedio)
Por lo demás, se trabaja para implementar la subasta electrónica de inmuebles y autos, como bienes vinculados con la deuda a percibir.
