Así lo indicó el Ministerio de Energía, luego de una reunión del Comité de Emergencia convocado por el Ente Nacional Regulador del Gas. Es por problemas de importación y por la medida de fuerza de los petroleros en el sur del país.
El Ministerio de Energía les pidió ayer “reducir a cero” el consumo de gas a las principales empresas del país, para garantizar ese fluido a los hogares, hasta que se resuelvan problemas coyunturales de importación y se levante una medida de fuerza que llevan adelante trabajadores en Tierra del Fuego.
Además, “si el gremio no levanta la medida de fuerza, mañana (por hoy) se deberá cortar el suministro de GNC en todo el país”, advirtió la cartera que dirige Juan José Aranguren.
Las medidas fueron planteadas por el Comité de Emergencia convocado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a instancias de la cartera energética, del cual participaron empresas distribuidoras, productores, transportistas y grandes consumidores.
La solicitud se conoció horas antes del encuentro de los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, de Energía, Juan José Aranguren, y los mandatarios de las provincias patagónicas, en el que se abordarán los reclamos y se evaluarán nuevas alternativas por el impacto de los aumentos de tarifas de luz y gas en el sector industrial y productivo.
La reunión está prevista en la sede de la cartera energética, en Buenos Aires, a las 13, en la cual Frigerio y Aranguren recibirán a los representantes de la región patagónica -Neuquén, Río, Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y La Pampa-. En tanto, mañana se hará lo propio con los gobernadores de las provincias de las zonas centro y norte del país.
Debate
En el nuevo esquema de discusión regional, el Gobierno retomará la propuesta realizada a las provincias patagónicas de implementar un tope de 400 por ciento al aumento en las tarifas de usuarios residenciales, que llegaron a recibir facturas con incrementos de hasta 1.800 por ciento.
A pesar de reducir sensiblemente el peso del incremento tarifario, los mandatarios fueron expresando en la última semana que el tope era insuficiente, así como manifestaron su discrepancia con respecto a la disposición de que 50 por ciento del aumento a los usuarios industriales, turísticos y comerciales puedan ser abonados en cuotas en períodos estivales de 2017 y 2018.
Al respecto, Frigerio admitió que el Gobierno analizaba “distintas variantes” para aliviar el peso de las subas de los servicios de gas y luz sobre las pequeñas y medianas empresas y para resguardar los puestos laborales que generan, tema que adelantó será uno de los ejes de debate con los gobernadores en las reuniones de hoy y mañana.
El titular de la cartera política también reiteró en las últimas jornadas que “el ajuste tarifario en 2016 está terminado”, y explicó que en el resto del país se dio de hecho el tope de 400 por ciento en los consumos residenciales de gas que se aplicó en la Patagonia, porque ya hubo subas tarifarias en 2014, mientras que en la región sur estaban retrasadas.
Vía judicial
A la par de los planteos y negociaciones que llevan adelante las provincias con el Gobierno nacional, varios distritos fueron obteniendo en los últimos 10 días medidas cautelares de la Justicia federal. Tales los casos de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y Mendoza; o la ciudad de Bariloche y el partido bonaerense de Tres de Febrero.
En ese mismo sentido, si bien no concedió un amparo, el juez federal platense Alberto Osvaldo Recondo ordenó ayer al Ministerio de Energía de la Nación que convoque en un plazo de 20 días a una audiencia pública para tratar “con amplia participación ciudadana” las nuevas tarifas públicas del gas natural.
Así lo hizo al rechazar un pedido de medida cautelar solicitada por la ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, tendiente a obtener la suspensión de las resoluciones Nos. 28/2016 y 31/2016 de dicho ministerio.
Por su parte, Luis Federico Arias, juez en lo Contencioso-administrativo 1 de La Plata, ordenó directamente suspender el tarifazo en las boletas de luz en provincia de Buenos Aires y justificó la medida en que no se celebró “la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación”, informó la agencia Noticias Argentinas.
La disposición judicial comprende los aumentos otorgados en las áreas donde prestan servicio las distribuidoras Edelap, Edes SA, Edea SA y Eden SA. En está línea, el magistrado ordenó dejar sin efecto “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.
Además, solicitó que “se ordene a las empresas demandadas abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no sea emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.