ESCUCHAREn poco más de un año ingresaron 8.640 expedientes, de los cuales ya se resolvieron 2.350. Cada litigio demanda, en promedio, siete años de tramitación. La cuestión de fondo es la discusión sobre el 82% móvil.
Por Silvina Bazterrechea – [email protected] y Luz Saint Phat – [email protected]
Unos 8.640 expedientes previsionales contra la Administración Nacional de seguridad Social (Anses) ingresaron en poco más de un año a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De ellos, están en trámite 4.590. Otras 2.350 lograron una resolución, mientras 1.600 fueron devueltas por diferentes razones, según informó a Comercio y Justicia, el presidente de la Cámara cordobesa, Abel Sánchez Torres.
El dato es clave para dimensionar la problemática de la seguridad social en la provincia y en el país, sobre todo teniendo en cuenta la intención ya anunciada por el Gobierno nacional de pagar los litigios que se tramitan en los tribunales.
Se trata de causas por haberes mal liquidados a partir de la crisis del 2001, debido a que en los primeros años de la década anterior, el Gobierno sólo aumentaba las jubilaciones mínimas pero no se autorizaba el incremento de haberes para otros jubilados, lo que motivó una verdadera industria del juicio que hoy colapsa los tribunales.
En este sentido, se estima que en todo el país existe medio millón de litigios por reajustes de haberes que mantienen los jubilados contra el organismo estatal.
Córdoba representa aproximadamente 10% de ese universo, razón por la cual se calcula que en la provincia pueden existir, en todos los juzgados, un total aproximado de 50 mil juicios.
La problemática es severa, si se tiene en cuenta que -aunque la mayoría de las sentencias terminan siendo a favor de los jubilados apoyados en fallos de la Corte Suprema como “Badaro” y “Ellif”-, la Anses apela hasta la última instancia y, por ello, cada litigio demanda un período de entre siete y 10 años desde que se inicia el trámite administrativo.
Así, en muchos casos, los juicios terminan siendo cobrados por los herederos de los demandantes y el Estado es condenado al pago de la retroactividad más intereses, lo que abulta la deuda.
Los últimos pagos de sentencias de la Anses mostraron un promedio de poco más de 300 mil pesos por jubilado, aunque esto depende del haber que reclama cada demandante.
Pago
El Gobierno nacional anunció semanas atrás la intención de afectar, por ley o por decreto, parte de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a saldar las deudas pendientes con la totalidad de los jubilados que ganaron o mantienen litigios con el organismo.
Si bien la Anses en los últimos años ha liquidado una importante cantidad de sentencias, el número aumentó con el correr del tiempo.
Respecto de esta posibilidad, Daniel Medah, abogado especialista en materia previsional, indicó a este medio que es un acto de “estricta justicia para los jubilados que el Gobierno nacional pague la totalidad de la deuda que mantiene con los pasivos”.
Medah también recordó que, si bien el Fondo de Sustentabilidad busca servir para afrontar las jubilaciones futuras de quienes hoy se encuentran en actividad, “el dinero es en su mayoría de gente que está jubilada y que no está cobrando correctamente sus haberes”.
No obstante, el especialista también alertó que, en caso de usarse este fondo, la Anses deberá analizar de qué “forma se pueden obtener nuevos recursos para lograr un régimen jubilatorio futuro que sea sustentable”.
Para el previsionalista, el Gobierno tendría que evaluar la posibilidad -tal como se hizo en los gobiernos de Ricardo Alfonsín y de Carlos Menem- de “recomponer los haberes jubilatorios de inmediato y pagar los retroactivos, una parte en bonos y otra en efectivo para no desembolsar todo el dinero junto”.
En tanto, Norma Flores, magister en Planeamiento Educativo, docente de la cátedra Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Facutlad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y asesora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de la provincia, indicó que “la intención del Gobierno nacional es muy buena, pero depende fundamentalmente de una voluntad política porque es necesario asignar los recursos presupuestarios para poder pagar esos juicios, cuyo monto total es elevado”.
“El tema es que, para poder resolver la cuestión de fondo, se tendría que poner en debate el 82% móvil, por el cual los jubilados puedan también percibir el aumento de sus haberes”, dijo la especialista y agregó: “Con esto se pondría fin a estos juicios previsionales y también al malestar de los pasivos”.
