ESCUCHARResulta importante que se cuente con estadísticas muy precisas para que los agentes económicos puedan cotejar que los objetivos fijados por las autoridades se están cumpliendo conforme lo prometido.
Un régimen de política monetaria de “metas inflacionarias” significa, en términos muy sencillos, que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectúa un anuncio público de la meta de inflación elegida, la que deberá cumplir. Frente a esta elección, al BCRA no le interesa el nivel de tipo de cambio, pero sí le importa (y por eso siempre lo mirará de reojo) que el mercado cambiario funcione como debe para lograr el único objetivo propuesto.
Al hacer público el anuncio de la meta de inflación, el BCRA se ve obligado a responder por ella, utilizando el instrumento del cual dispone, que es la tasa de interés. Esta herramienta le posibilita reaccionar ante las variaciones que observe de la tasa inflacionaria respecto de la meta establecida. Así, por ejemplo, si la inflación es elevada con relación al objetivo propuesto, hará subir la tasa de interés (mediante la operación monetaria correspondiente, que le permita absorber los pesos excedentes). Sucederá lo contrario si la inflación está por debajo de la meta anunciada.
Bajo este régimen de política monetaria, la autoridad no sólo comunica su objetivo inflacionario sino también fundamenta técnicamente cada uno de los anuncios que efectúa y las medidas que adopta. Por ello, resulta importante que se cuente con estadísticas muy precisas para que los agentes económicos (individuos) puedan visualizar que la meta inflacionaria se está cumpliendo conforme lo prometido. Es importante también que, frente a los datos que se sucedan, la autoridad evalúe su propio desempeño, redefina medidas e, incluso, el objetivo de inflación escogido. Aunque no es imprescindible, por lo general se suele contar con el apoyo de un comité de expertos en política monetaria, quienes otorgan mayor credibilidad al asunto.
Por medio del accionar descripto, el que implica una rendición de cuentas permanente mediante una comunicación regular y transparente con el público, la autoridad monetaria construye la “reputación intachable” requerida por este régimen de política monetaria. Cabe aclarar que, en la práctica, los países que siguen esta variedad de ancla nominal (pues de eso se trata, en definitiva) han elegido tasas de inflación arriba de cero. Esta decisión refleja el temor por la inflación inexistente, la cual muchas veces podría tener efectos negativos sobre la actividad económica. La evidencia sugiere, en consecuencia, mantener el objetivo de inflación arriba de cero (pero no muy arriba), lo cual facilita conservar la expectativa inflacionaria e impide una eventual caída en la credibilidad de la autoridad monetaria.
Su implementación en Argentina
Para Argentina este régimen de política monetaria no es novedoso, pues fue instrumentado en el pasado, cuando su ministro de Hacienda fue presidente del BCRA. Sin embargo, algunas situaciones vigentes son algo diferentes.
En primer término, sólo de manera reciente se ha conocido (por el ministro, no por la autoridad monetaria) cuál será la meta inflacionaria para 2016: 25%. Es menor que la inflación del año 2015, la que, de todos modos, no se conoce exactamente, pues los índices inflacionarios han sido de dudosa confección. Por si acaso, con la reciente declaración de la emergencia estadística, el número inflacionario de los meses actuales no se sabrá hasta que se elabore un índice adecuado para medir la suba de precios. Eso hace que no se pueda cotejar inmediatamente si la actuación de la autoridad monetaria logra el objetivo inflacionario deseado, pues el número que da la pista del movimiento en precios no existe (el índice de una provincia no es representativo de todo el país). Esto último hace, también, que se deba confiar a la fuerza (pues otra cosa no queda) en que “se está trabajando en bajar la inflación”. Y punto.
En segundo lugar, la situación fiscal de Argentina no es sólida bajo ningún punto de vista.
Existe un entramado de subsidios que debe desactivarse, entre otras cuestiones que los expertos en finanzas públicas se han encargado de señalar, al sugerir lo elevado del déficit fiscal en proporción a lo que produce la economía. La situación fiscal actual requiere financiamiento, pero el Gobierno nacional no han dicho aún qué piensa hacer al respecto, por lo que las dudas persisten con relación a si la autoridad monetaria habrá de prestar el socorro necesario. Aunque se supone que no lo hará, el terreno de la suposición puede hacer trastabillar la construcción de reputación que necesita el régimen de política monetaria de metas de inflación.
En tercer término, se desconocen, con precisión, los mecanismos de transmisión entre el dinero y los precios. Habitualmente se recurre a modelos que le indican a la autoridad monetaria cómo funcionan estas cosas, pero no se sabe si existen realmente. Si en verdad estos mecanismos han sido ya estudiados y descubiertos, no hay inconveniente. Lo habrá, en cambio, si se desconocen los conectores entre los movimientos en la oferta de dinero y los precios; y cuando se mencionan precios se recuerda que entra aquí el precio del trabajo: el salario.
Así las cosas, al menos durante los primeros pasos en este régimen de metas de inflación, las decisiones que adopte la autoridad monetaria estarán necesariamente basadas en una cuestión puramente subjetiva, la cual, de todas formas, puede ser adecuada para el destierro de índices de inflación elevados.
Con todo (y para bien de todos) es de rigor y buen gusto desearle éxito a esta política monetaria actual de metas inflacionarias.
* Del Instituto de Economía y Finanzas (UNC) y el Instituto de Ciencias Sociales (UNVM)
