La Oficina Anticorrupción concluyó que los plazos procesales estaban agotados y desistió de recurrir a la Corte Suprema. Casación Penal había absuelto a los imputados por el beneficio de la duda.
Luego de 15 años, la causa judicial por los presuntos sobornos en el Senado quedó cerrada y con los imputados absueltos por el beneficio de la duda.
El caso había quedado a un paso de llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pero la Oficina Anticorrupción dirigida por Laura Alonso decidió “consentir la sentencia dictada” por Casación Penal y no recurrir la sentencia. Con lo cual, al no existir una contraparte que promueva el debate judicial hacia una instancia siguiente, la causa quedó cerrada.
Como se sabe, en los últimos días, antes de la feria judicial de verano, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las absoluciones de todos los acusados por el “beneficio de la duda”.
Los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa (Alianza UCR-Frepaso) pagó o no sobornos a varios senadores del Partido Juticialista para aprobar la ley que quitaba beneficios laborales a trabajadores.
El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que se revelaron por la prensa presuntas negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley “de Reforma Laboral”.
Bajo investigación quedaron el entonces presidente De la Rúa; su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez; su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y los senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.
En 2003, el exsecretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, se presentó en los Tribunales como arrepentido y dio precisiones de las negociaciones y los pagos.
Sin pruebas
El Tribunal Oral Federal N° 3, sin embargo, absolvió a todos los acusados -incluido Pontaquarto, al que calificó de “embaucador”- en diciembre de 2013 al considerar que no se probaron las coimas.
El tribunal afirmó que los hechos investigados “no existieron”, y pidió al Consejo de la Magistratura que evaluara la actuación del juez federal a cargo de la pesquisa, Daniel Rafecas. En diciembre de 2015, la Cámara Federal de Casación confirmó la absolución de De la Rúa y del resto de los acusados. En esa oportunidad, los magistrados declararon que no había elementos que probaran que los sobornos habían existido y que, por lo tanto, correspondía aplicarse el beneficio de la duda.
Junto con De la Rúa, Casación también ratificó allí las absoluciones de De Santibañes, Flamarique -a quien en el juicio la Fiscalía y la querella no acusaron-; de los exsenadores Tell, Alasino, Constanzo y Ricardo Branda; de Augusto Alasino; y del arrepentido Pontaquarto.
Tras el fallo, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción acordaron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, al considerar que los plazos procesales se agotaron.