ESCUCHARLa elaboración y envío del Proyecto de Presupuesto, operando la Cámara de Diputados como de ingreso y la de Senadores como revisora, deberá ser, aceptado o adaptado, con cambios por el equipo económico que acompañe al nuevo gobierno.
La fecha de acceso efectivo por parte del nuevo equipo del Gobierno no es la más adecuada pues obliga a no perder el más mínimo tiempo en la necesidad de armonizar las líneas del Proyecto de Presupuesto 2016 con sus proyectos previos para encarar en las diversas áreas de acción. Sus flamantes funcionarios deberán por tanto abocarse a revisar y modificar el Proyecto para el ejercicio próximo que, en esa materia, fue la última tarea de gran importancia que queda como el virtual testamento de los que se van a los que recién toman posesión, pues muestran especial interés en su aprobación sin demora.
Los técnicos que alguna vez estuvieron en situación semejante saben muy bien, por experiencia propia, que “desde dentro” siempre se reciben sorpresas y que les tocará asumir riesgos al elegir la vía que crean más adecuada en cada caso. Por lo pronto, el equipo saliente, que ha utilizado en los últimos cuatro años el instrumento “subsidios” con una intensidad y generalidad poco comunes para cumplimentar los objetivos redistributivos mediante el gasto público, ha incorporado en el referido Proyecto 2016 un lineamiento general que implica algunas variantes de cierta relevancia.
Obviamente, en los gastos de funcionamiento es fácil de coincidir pero respecto al tratamiento que se quiera imprimir en cuanto a inversiones y, muy especialmente, el “grado de acompañamiento efectivo” que deberá darse a la población en la adquisición o uso de bienes y servicios mediante “subsidios” o desgravaciones selectivas, resulta obvio que se ratificará o reformarán las que vienen operando en la actualidad.
Los aspectos más salientes
El Proyecto, en oportunidad de su ingreso al Congreso por el ministro de Economía, Axel Kicillof, introduce ciertos cambios conceptuales, cualitativos y cuantitativos en materia de “Servicios Económicos” que, obviamente, no fueron consensuados con quienes los sustituyan. La forma de manejar el tema sólo puede explicarse si quienes lo han venido impulsando piensan que el nuevo equipo de gobierno no tendrá los votos en el Parlamento para introducir modificaciones.
El total general de los “Servicios…” para el ejercicio 2015 alcanza actualmente $280.896,6 millones, cifra ésta que no sería difícil que todavía se eleve algo más pues hay áreas que tienen agotadas sus respectivas partidas y deben completar lo que está en ejecución. Pero también puede suceder que deban resignar proyectos o emprendimientos que aspiran a convertir en realidades tangibles hasta que logren reunir los votos indispensables al efecto.
Dado que se ha presumido que en 2016 el incremento general de precios será de 15% hasta fines de diciembre, si se hubiese pretendido mantener las diversas áreas sin variantes cuánticas, los mismos deberían figurar en el Proyecto con una cifra global ajustada por dicho índice, lo cual les hubiera llevado a tener que hacer figurar como tales la suma global de $323.031,1 millones, pero en el Proyecto dichos conceptos suman “apenas” $276.011,1 millones; es decir, reflejan una reducción efectiva de 14,6%.
El actual ministro, que es candidato a primer legislador por la Capital Federal, no dio explicaciones sobre este cambio pero advirtió de que “si al gobierno que asuma o a la nueva mayoría parlamentaria les parece que hay que hacer otra cosa, en materia de subsidios o tarifas, será una decisión de política del próximo gobierno”, lo cual, sin dudas, constituye una verdadera obviedad pero no lo exime de lo que dejó de hacer; es decir, exponer claramente las causas técnicas y políticas de las modificaciones introducidas hacia futuro.
Esa disminución se localiza muy especialmente en los rubros “Energía, combustibles y minería” en los cuales, a valores constantes, la baja introducida implica haber pasado de los 166.445,2 millones de este año a un equivalente de $124.352,7 millones, haciendo así bastante más amplia la baja introducida pues llega a $42.892,5 millones (-25,3%). En todos los demás objetivos las diferencias no representan modificaciones significativas, pero esto no cubre la evidente omisión de aportar los elementos tenidos en cuenta para tan importante corte pues el rubro es decisivo en cualquier plan de expansión económica.
Una situación inversa de bastante menor cuantía se verifica respecto al rubro “Transporte” (terrestre, aéreo, fluvial y marítimo en todos los medios disponibles), que en 2015 ha figurado en segundo término de importancia y que para el año próximo lo han elevado a $94.186 millones, que es 16,5% superior a la cifra de 2015 pero que, deducido el incremento oficial estimado de precios, queda reducido a un modestísimo incremento de 1,5%.
Se debe advertir también de que la comparación efectuada en el párrafo precedente se efectuó tomando como real la variación interanual de 15% en materia de precios ínsita en el mensaje que acompaña al proyecto, aunque en ese aspecto hay una gran diferencia con lo que sostienen los observadores y analistas privados debido a que anuncian una suba media de precios en que hay estimaciones desde 22% hasta 28%; las cuales, de verificarse, reducirían mucho más la capacidad inversora prevista.
Los especialistas que militan o asesoran a los partidos del arco opositor actual se extienden en una serie de críticas a la forma como han implementado los subsidios en el período 2003-2015 y varios sostienen que deberían contemplar criterios de equidad no sólo distributiva sino también su viabilidad real. Ninguno de ellos ofrece algún detalle sobre lo que aconsejarían hacer pero prima la problemática regional y en forma unánime coinciden en que deben ir reduciéndose progresivamente, comenzando por las provincias más ricas.
El tratamiento parlamentario
Quizá lo más lógico hubiese sido postergar el transito del proyecto por el Congreso, dando posibilidad a los elegidos en los comicios para que tomen razón de su contenido y tengan la posibilidad de introducir lo cambios que consideren indispensables para hacer viable la nueva gestión.
El 29 de septiembre, en un trámite ultrarrápido, la mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados suscribió el dictamen favorable sin modificar ni una coma del texto original del proyecto general, aunque agregó una autorización especial que faculta a la Jefatura de Gabinete a resolver sin nueva consulta la eventual asignación adicionales con destino a las universidades públicas, además de las provincias, municipios y la Procuración General de la Nación, cuya vigencia fenecía a fines de diciembre.
De la misma forma, en esa sesión se resolvió la prórroga de la Ley de Emergencia Económica y la ampliación de plazos para permitir la continuidad durante 2016 de los regímenes de los gravámenes que recaen sobre las transacciones en materia de créditos, el consumo de cigarrillos, así como sobre débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias. Estas medidas se explican por la preocupación para dar continuidad operativa a la gestión.
No obstante, el actual presidente de la precitada Comisión, Roberto Feletti, con el objeto de hacer resaltar las bondades del proyecto de nuevo Presupuesto subrayó que éste “recoge la experiencia de 12 años de gestión consistente en que no ha tenido sorpresas” y que han permitido “mantener una política de inversión social e inversión pública sin aumentar los impuestos vigentes”. Tales conceptos que, obviamente comparte con los demás componentes de su bancada, pueden no necesariamente ser avalados por los colegas del arco político opositor, quienes asistieron a disgusto el tratamiento que deseaban encarar con posterioridad al 10 de diciembre.
El enfoque, marcadamente parcial, lo reiteraron al anunciar que en la sesión que tuvo lugar el miércoles 8 pasado procederían a suscribir el dictamen favorable, según su criterio, haciendo honor “al espeto a la institucionalidad del país” que implica, según su criterio, “tratar el presupuesto en tiempo y forma como marca la ley de Administración Financiera”, que prevé que el Presupuesto se apruebe antes de fenecer el año en curso.
En la oposición se interpretó como una forma no muy aconsejable de imponer criterios sin esperar la nueva conformación del Congreso. El “clima” se puso espeso y el resto de los representantes repudió de diversas maneras las exteriorizaciones del oficialismo por pretender imponer al nuevo gobierno su posición sobre el curso que deberá cumplir la gestión del próximo año.
En especial se concentraron las críticas en la vigencia de una paridad peso/dólar media de $10.60; el cálculo sobre evolución del nivel de precios minoristas, que se ha fijado adoptando una devaluación acumulada de 14,6% y en sostener que el comercio exterior cerrará el año próximo con un saldo positivo de US$4.040 millones, resultado de evaluaciones no compartidas tanto en su elaboración técnica como en considerada inadecuada oportunidad para imponerlas.
Esa sensación de contrariedad y marcado disgusto fue expresada por el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto Hacienda quien, luego de insistir en la suspensión del tratamiento para los últimos 20 días de diciembre, sostuvo en términos muy firmes que “El tratamiento del Presupuesto indica que debemos considerar la opinión del gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo”. En cuanto a la orientación y destino del gasto, también consideró que deben respetarse “las prioridades que el próximo gobierno determine”.
Lo actuado no es coherente con los precedentes criterios e intenta decidir para el futuro sin contar con el apoyo de las otras bancadas, incluso de la que acompañe políticamente al nuevo gobierno que surja de la futura compulsa. Insistir en la aprobación anticipada es, además de poco razonable, consecuencia del ejercicio de un poder en extinción que puede enrarecer innecesariamente el ambiente y conspirar contra la indispensable convivencia que debe reinar en el país.
