La gestante se agravió por el monto de la prestación, que calificó como “ínfimo”, y resaltó las limitaciones que implica su estado de gravidez para conseguir trabajo. Sin embargo, la alzada confirmó el fallo del a quo y valoró que la suma de $1.500 que fijó era “razonable y prudente” para atender a las necesidades del niño.
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