ESCUCHAREn la fecha límite, durante las últimas horas del día 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo giró a la Cámara de Diputados el proyecto elaborado por la actual gestión y que deberá ser ejecutado por las autoridades electas el próximo mes de octubre.
A su vez, el ministro de Economía, Axel Kicillof, cumplió con la misión de señalar esquemáticamente los principales lineamientos del proyecto ante los legisladores.
Seguramente, por el momento no se tratará en el recinto, a la espera de que lleguen a sus despachos los nuevos habitantes después de la asunción del 10 de diciembre del corriente año.
La exposición de la presentación requirió alrededor de dos horas e incluyó la mención explícita de los parámetros de la economía que fueron tomados en cuenta al efecto. Los analistas privados han coincidido en calificar al enfoque como “demasiado optimista” y los más críticos junto con los opositores, como una “mera ficción”. Estas opiniones no son ajenas a la pasión partidista y no ayudan a adquirir una visión objetiva.
En la oportunidad, el ministro informó que estiman la vigencia de una tasa de crecimiento de la economía para 2016 de 3%, un índice de inflación de 14,5% y que la evolución del tipo de cambio lo llevaría a una paridad para fines de ese año de $10,60 por cada dólar estadounidense. En cuanto a lo específico del Presupuesto, calculan un superávit primario de $11.000 millones derivado de haberse incrementado los ingresos 25,7% y los gastos lo harían solamente 15,8%, que no es probable que pueda concretarse.
En el ámbito de las bancadas parlamentarias de la oposición sostienen que para encarar un análisis serio “se debe esperar al nuevo gobierno para el tratamiento y sanción de la ley de presupuesto. Sería una irresponsabilidad avanzar en su tratamiento ahora”. Además, las diversas exposiciones sostuvieron de forma unánime que se ha “subestimado el gasto”, tratando de inducir a reiterar lo que fue “norma” durante más de diez años; es decir: corregir, subvaluar e incrementar sobre la marcha y sin fijarse límites previos.
Por otra parte, propician que en el momento más oportuno se abra una discusión a fondo, sin aprobar nada hasta agotar debidamente su estudio. Mostraron en ese aspecto la preocupación por una eventual subvaluación del rendimiento en materia de impuestos y en lo nocivo que sería insistir en la conocida actitud de “aprobar todo sin discutir ni corregir siquiera una coma del texto original”. Por supuesto, suponen que se modificarán las proporciones de las respectivas bancadas; lo cual permitiría una mayor participación en las decisiones.
La nueva problemática según las condiciones de 2016
Según lo ocurrido en 2015 y años anteriores, las circunstancias sobrevinientes al momento de la ejecución nunca coinciden, siendo muy habitual que los gastos siempre superen con amplitud a los recursos. A modo de referencia, se puede mencionar que para el año en curso se reconoce que habrá un déficit primario de $39.788 millones y que el desequilibrio financiero treparía a $94.203 millones después de receptados los envíos del Banco Central (utilidades del ejercicio 2014) y correlativos del Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) generados por dividendos e intereses de títulos públicos. Si bien no se modifica el régimen de subsidios, hay un “clima” dispuesto a tratar en profundidad este tema cuando asuman las nuevas autoridades, pues ellas deberán ejecutar dichas decisiones.
Si se adoptare como meta los números precedentes hay concordancia en todos los sectores de que causarían una severa recesión pues seguiría un proceso similar al que está aplicándose en Brasil, y allí no resolvieron nada. Obviamente, el próximo gobierno podrá introducir modificaciones si cuenta con la mayoría necesaria para imponerlas en ambas Cámaras; no obstante, se supone que lo manejarán con sumo cuidado pues sería una imprudencia revertir la tendencia descendente del proceso inflacionario.
La recaudación tributaria para el próximo año la estiman en $1.931,4 miles de millones y ello se verificaría al subir en el año próximo hasta representar 29,81% de PIB en vez del 28,7% que se aguarda en 2015.
Kicillof aprovechó la oportunidad para ponderar las elaboraciones del Indec, en especial las referentes a precios minoristas, que se publican mensualmente y vienen marcando una orientación decididamente bajista. Su crítica fue muy acerba para con la oposición, que sostiene lo que denominó un “insólito promedio” de índice inflacionario calculado tomando otros varios, que constituye una verdadera “aberración estadística”. Volviendo a las cuestiones centrales, subrayó que “Si los opositores quieren hacer tarifazos, tendrán que tener la mayoría parlamentara correspondiente”.
Los tiempos por venir no son propicios para mantener disputas internas y la visión expuesta por el ministro Kicillof sobre una probable recuperación en el ámbito internacional durante el segundo semestre no es compartida por muchos de sus colegas, incluso el de Brasil, pues tienen la convicción de que la recesión y el retorno a la normalidad no serán alcanzados en menos de dos años. Este colega es muy respetable pero ello no quiere decir que su visión sea compartida por todos o una mayoría de especialistas, estén o no comprometidos con los diversos partidos.
Un claro testimonio de la seriedad con que se han definido los miembros de las distintas bancadas lo aporta el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados (opositor), quien subrayó, exhibiendo gran prudencia y mesura, que “El Presupuesto, como es lógico, incorpora elementos centrales que, naturalmente, condicionan de manera importante la marcha de la economía en los próximos tiempos por lo que para aprobarlo tenemos que considerar el análisis y la evaluación del próximo Presidente y el equipo económico que lo acompañe”.
Los principales parámetros y evaluaciones
Según las normas vigentes, se debe elaborar una proyección presupuestaria de por lo menos de tres ejercicios; en consecuencia, también exponen datos de los ejercicios subsiguientes 2017 y 2018, que se expresan como viables en el bienio de +3,2% en cada uno de ellos y con tendencia creciente la inversión pública pues en el próximo año sería de +4,2%, ascendiendo en los dos posteriores a 4,9% y 5,5%. Respecto al tipo de cambio, cuyo promedio anual en 2015 se calcula será de $9,12, la previsión inserta lo supone ascendiendo a $10,60 en 2016; previendo para 2017 y 2018, respectivamente, $11,90 y $13,14, lo cual querría decir que habrá continuidad en la política cambiaria y no se prevería ningún “salto” devaluatorio.
Respecto al índice general de precios minoristas o al consumidor, utilizado como la forma de medir el ritmo inflacionario, al cierre de año actual bajaría a 13,2%; y en el trienio 2016/18 haría lo propio, sucesivamente, a 10,4, 8,8 y 8,2%. Asimismo, los técnicos de Hacienda consideran que en 2016 las importaciones crecerán +4,4%; el saldo comercial sería positivo, ascendiendo a US$4.040 millones. En suma, en el resultado financiero global, computando incluso las erogaciones que cubren los intereses que se devengan sobre la deuda pública, el déficit final ascenderá a $97.694 millones.
El tema decisivo: los subsidios
Según el presupuesto en ejecución, los subsidios se elevan a $280.896,6 millones, cifra ésta que, muy holgadamente, constituye la más elevada de que se tengan antecedentes, correspondiendo 58,9% al rubro “Energía, Combustibles y Minería”, con $165.445,2 millones (58,9%), en el segundo término figura el área de “Transporte” con $80.810,8 millones (28,8%), queda así asignado nada menos que 87,7% del total precitado. El residual de $34.640,6 millones (12,3%) se ha distribuido en cifras muy inferiores, de mayor a menor, a Comunicaciones, Ecología y Medio Ambiente, Agricultura, Industria, Comercio y Otros Servicios y por último a Seguros y Finanzas.
Para 2016 las respectivas previsiones del proyecto no se actualizan en función del índice de la devaluación monetaria, sino que su respectivo total aparece ligeramente inferior en su comparación interanual pues asciende sólo a $276.911 millones, siendo el primero de los rubros mencionados el que sufre una mayor reducción pues lo incorporan con $143.955,7 millones, es decir $21.489,5 millones menos (-13%). Ese diverso tratamiento no registra explicación alguna aunque, en forma genérica, se aclara que las nuevas autoridades, si lo consideran adecuado, podrán rectificarlos con el acuerdo de los legisladores.
Esas modificaciones llevan implícita una moderada decisión política que se exterioriza al analizar en detalle el tratamiento dado a cada rubro para el año próximo. Poco se sabe sobre si ciertos asesores de los principales candidatos han sido consultados pero, salvo que haya disidencias muy trascendentes, se irán introduciendo cambios sobre la marcha y, especialmente, en el segundo semestre de 2016.
Este presunto cronograma será bastante diverso si el nuevo equipo es o no afín a los que dejaran sus cargos el 2 de diciembre próximo. Las diferencias conceptuales y la diversa orientación en materia de política económica son importantes en las filas de la oposición, por tanto es lógico que a medida que se aproxime la fecha de las elecciones, la inquietud en las esferas empresariales crecerá, ya que al igual que el Estado, según su magnitud deben elaborar sus proyectos, metas y objetivos por lo menos para el futuro inmediato (hasta 2020).
Esta tarea es bastante comprometida pues a las dificultades que se enfrentan en el mercado mundial ahora, hay que agregar los diversos enfoques de quienes actualmente disputan el ejercicio efectivo de la Administración pública en la jurisdicción federal. Las expectativas no son muy favorables e incluso nuestro gran vecino (Brasil) ha anunciado que continuará en 2016 afrontando la vigencia de una tasa negativa de expansión. Por ello, el objetivo ínsito en el Presupuesto de lograr un crecimiento de 3% en ese contexto es muy loable.
En consecuencia, sería aconsejable y harto positivo para el país que se coordine entre los principales líderes una conducción concertada con puntos mínimos comunes para superar un momento tan difícil de la coyuntura mundial.
