La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea), que nuclea a profesionales cordobeses, sostiene que la herramienta debe ser obligatoria para gobernar con transparencia y equidad.
En tiempo electoral, los arquitectos agrupados en la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) salieron a reclamar que la agenda política incluya una Ley Nacional de Concursos para la obra pública “que brinde al Estado Nacional, Provincial y Municipal una herramienta eficaz y transparente de asignación de los proyectos, urbanos y arquitectónicos que emprende”.
La Comisión Directiva de la entidad emitió un comunicado en que subraya la necesidad de obligatoriedad del concurso para obras de escala nacional y provincial. “El concurso público debe ser obligatorio, ya que este camino permite la elección de la mejor solución, entre las innumerables alternativas que se presentan, para dar satisfacción a las necesidades que plantea el comitente”, señaló Fadea.
Los profesionales basan su requerimiento en los 120 años de experiencia que tienen las entidades profesionales organizando concursos de todo tipo y escala.
En este sentido, ejemplificaron que el Reglamento de Concursos de Fadea establece, entre otros requisitos, el anonimato, la presencia de representantes de los concursantes en el jurado, y la obligación del mismo de expresar mediante actas los criterios de adjudicación, esenciales en cualquier evento de este tipo para garantizar la transparencia.
“Este instrumento se pone al servicio de la comunidad sin apartarse de las normas éticas que deben regir el ejercicio profesional, enriqueciendo el patrimonio arquitectónico y urbanístico, sumando sustentabilidad al medio ambiente o mejorando la calidad habitacional. La mayor parte de las obras más significativas del país fueron concursadas, podemos citar la Biblioteca Nacional, el Hospital Garrahan, el Hotel Llao Llao, el Monumento a la Bandera, Embajadas de Argentina en varios países e innumerables concursos en municipios, bancos, facultades y museos”, graficó Fadea.
En los últimos años, la federación auspició más de 150 concursos en todo el país, donde compitieron “libremente y en igualdad de condiciones” arquitectos jóvenes y con poca experiencia, con estudios muy reconocidos.
Finalmente, la entidad presidida por Marta Ruarte concluyó que los arquitectos deben trabajar para que la temática se incluya en las agendas políticas y para que las promesas electorales se trasunten en realidades cotidianas. “Necesitamos persuadir a políticos y funcionarios de la importancia de la planificación a largo plazo y de la institucionalización de concursos para la adjudicación de proyectos de obra pública”, señaló.