ESCUCHARFue con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, también conocidas como “leyes de la impunidad”. Ya hubo 134 sentencias, pero aún quedan 456 expedientes en trámite.
El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaraba inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en un fallo histórico que aceleró los juicios a más de un centenar de represores, permitió nuevas detenciones por violaciones a derechos humanos y abrió el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
A partir de esa declaración de inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad, en la actualidad se están desarrollando en diversas jurisdicciones del país 14 juicios en los que son llevados al estrado represores y civiles cómplices de la dictadura, entre ellos funcionarios judiciales y empresarios.
Delitos imprescriptibles
El fallo, que puso fin al debate sobre la validez de ambas leyes contó con amplia mayoría de siete votos y se basó en pactos internacionales y en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Hace nueve años, el entonces presidente Néstor Kirchner aseguró que el fallo les devolvió a los argentinos “la fe en la justicia” porque esas leyes llenaban “de vergüenza” al país.
La inconstitucionalidad de las leyes 23492 y 23521, dictadas en el gobierno de Raúl Alfonsín, contó en 2005 con el aval del entonces presidente de la Corte, Enrique Petracchi, y de los ministros Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.
Las bautizadas “leyes del olvido o del perdón” fueron dictadas en 1986 y 1987 y frenaron decenas de causas judiciales contra acusados por la represión ilegal en la última dictadura.
La Corte Suprema emitió el fallo en una causa específica referida a un planteo del ex suboficial de la Policía Federal Julio “El Turco” Simón, detenido por el secuestro y desaparición de José Poblete, su esposa y su hija, ocurridos el 27 de noviembre de 1978.
Los ministros entendieron que el Congreso no tenía facultades para dictar esas leyes que favorecieron a los jerarcas de la dictadura y sus subordinados, porque en esa época ya regían normas que impedían cerrar sin sentencia causas por graves violaciones a los derechos humanos.
El veredicto del Máximo Tribunal sentaba precedente para las demás causas abiertas a represores, como las de la ESMA y del Primer Cuerpo del Ejército, reimpulsadas con la declaración de nulidad de las leyes en el Congreso Nacional, en agosto de 2003. El planteo llegó a la Corte después de que la Cámara Federal avaló la inconstitucionalidad de las normas dictadas por primera vez por el juez federal Gabriel Cavallo.
Desde entonces, el fallo “Julio Turco Simón” es citado como criterio y jurisprudencia en la totalidad de las demandas que se inician en las diversas jurisdicciones de la Justicia Federal Argentina y ha servido de verdadera “coraza” contra la sucesión de recursos que han presentado las defensas de los acusados por delitos de lesa humanidad.
El camino recorrido
De 2006 a la fecha ya se han completado 134 procesos judiciales en diversas provincias argentinas. En ese lapso, 554 genocidas fueron condenados, de los cuales 92 correspondieron sólo a 2014, año en el que terminaron 21 juicios. Otros 15 continúan en proceso, con más de 280 imputados. Este año deberían elevarse a juicio oral 180 causas.
Se contabilizan 970 imputados detenidos, con la mayoría (57%) alojada en unidades penitenciarias, 40% en domicilios, 1,5% en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales.
Según un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, existen en el país 456 expedientes en trámite (cifra que no incluye las acumuladas bajo una misma causa), y 120 causas a las puertas del juicio oral, con 889 procesados. Las víctimas judicializadas en todo el país son más de diez mil. Y existen 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas.
