ESCUCHARLuego de decidir, en marzo, el apartamiento del juez Ricardo Bustos Fierro de la causa que investigaba por manejos irregulares y lavado de dinero proveniente de ellos, la Cámara Federal concedió una apelación a esa decisión para que la resuelva la Cámara Nacional de Casasión Penal.
Se quedó momentáneamente sin juez la causa que pretendía investigar supuestas maniobras entre el Gobierno de la Provincia, el Banco de Córdoba, la fiduciaria Córdoba Bursátil y las consultoras Cobrex Argentina y Servicios y Consultorías por las irregularidades en la gestión de cobro y rendimiento de una extensa cartera de créditos morosos, compuesta por acreencias pertenecientes originariamente a los bancos Social y de Córdoba.
Se trata de una denuncia presentada el año pasado por el legislador Ricardo Fonseca (Frente Cívico) con el patrocinio del letrado Fabián Moscovich, que plantea posibles maniobras irregulares para el no rendimiento del cobro de una cartera de créditos afianzados de esas dos entidades, por una cifra que superaba 1.150 millones de pesos/dólares.
La investigación recayó en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, quien fue recusado por el denunciante Fonseca y también por el fiscal Enrique Senestrari.
Ambos entendieron que no estaba garantizada la imparcialidad del juez -quien, entre otros, debía investigar al gobernador De la Sota, a varios de sus ministros y a los empresarios allegados Herman Karsten y Horacio Miró-. Entendían que el hecho de que el gobernador hubiera propuesto a Pablo Bustos Fierro (hijo del juez) como fiscal General Adjunto, afectaría la “imparcialidad, independencia y objetividad” del juez.
El 27 de marzo, la sala B de la Cámara Federal hizo lugar a este planteo y apartó al magistrado, aunque sin resolver qué juez se haría cargo.
Sin embargo, sólo 10 días más tarde se presentaron a esa cámara Ángel Mario Elettore y Jorge Córdoba -ministro de Hacienda y fiscal General de la Provincia, respectivamente- en queja por la resolución, pidiendo que se les garantizara el juez natural. El cuerpo analizó el planteo, que también incluyó al denunciado Gustavo Gutiérrez, y resolvió hacer lugar a la apelación y girarla a la Cámara Nacional de Casación Penal, que deberá resolver si el expediente regresa o no al escritorio de Bustos Fierro.
Por tener efecto suspensivo, en los hechos la causa permanece en su juzgado natural, aunque se descarta que Bustos Fierro avance en ella.
“Esto tiene que ser resuelto de manera urgente por la Cámara Nacional de Casación”, señaló Moscovich, en representación del denunciante Fonseca. Moscovich adelantó que hoy viajará a Buenos Aires para tramitar una audiencia, por entender “que está en juego la continuidad de la investigación”.
Moscovich es muy crítico de Bustos Fierro, al señalar que “se encargó de no dar lugar a medidas de prueba evidentes, permitiendo además que la Justicia provincial se inmiscuyera a través de la Fiscalía Anticorrupción y ordenara ‘autoallanamientos’ con el fin de quedarse con la prueba documental”, disparó.
No obstante, el letrado está convencido de que “no habrá marcha atrás” hacia el juzgado de Bustos Fierro, pero entiende que “se están dando lugar a chicanas procesales para ganar tiempo”.
Planteo ante la CIDH
La complejidad procesal y las medidas “dilatorias” motivaron a Moscovich y Fonseca a presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para solicitar que envíen a tres veedores “a los efectos de que controlen la observación del debido proceso y sobre todo el tema probatorio”, sostuvo el abogado, al entender que es necesario “garantizar la prueba”.
