ESCUCHARLa readecuación de las cárceles es fundamental para no agravar las condiciones de encierro de estas personas, advirtió la Mabel Remón, directora del Programa de asistencia para personas con discapacidad en la Administración de Justicia a Comercio y Justicia.
Casi 10 por ciento de las personas detenidas en las cárceles federales argentinas posee algún tipo de discapacidad. Así lo demuestra el relevamiento que está realizando el Ministerio de Justicia de la Nación y que -aunque no está finalizado- ya permite vislumbrar un panorama sobre la cantidad y la situación de estas personas que permanecen privadas de su libertad.
Mabel Remón es la directora del Programa de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus) y una de las encargadas de realizar este relevamiento en la cárceles argentinas. Claro está, la intención no es conocer sólo el número de personas con discapacidad en ellas sino mediar para adecuar, cuando sea necesario, la infraestructura para que puedan cumplir su condena sin el castigo adicional de vivir en condiciones infrahumanas.
Pero el programa que dirige Remón va mucho más allá de relevar cárceles. Su equipo interdisciplinario trabaja en todas las instancias judiciales, desde que una persona recibe una simple cédula de notificación en su casa hasta la etapa del juicio oral, si el caso lo amerita.
Adajus se puso en marcha en octubre de 2011, recuerda Remón en una entrevista que brindó a Comercio y Justicia. Nació con un decreto presidencial como un espacio pionero en el mundo y lo novedoso es que podría convertirse próximamente en ley cuando el proyecto sea debatido en comisiones y llegue al Congreso para su sanción.
-¿Qué es Adajus y cómo trabaja?
– Somos un equipo interdisciplinario, trabajamos unas 20 personas entre psicólogos, sociólogos, antropólogos y abogados, muchos de ellos incluso padecen algún tipo de discapacidad. Nuestro trabajo comienza ya sea por la convocatoria de un familiar, de la misma persona que concurre a vernos o de algún juzgado que necesita que vayamos para colaborar con sus equipos técnicos. Cabe aclarar que nosotros no hacemos patrocinio letrado sino que acompañamos en el patrocinio y trabajamos en todas las instancias del proceso judicial.
– ¿Es difícil el acceso a la Justicia para una persona discapacitada?
– Claro que sí. Nos ha pasado que una persona recibe una cédula en su domicilio pero es discapacitada visual, entonces no se presenta en Tribunales y es declarada en rebeldía y detenida, todo esto pese a que muchas veces se comprueba su discapacidad.
– ¿Y cuál es la situación de las personas que están detenidas y son discapacitadas?
-En las cárceles federales estamos haciendo un relevamiento para ver la cantidad de personas detenidas con discapacidad, ya concluimos con 75% del trabajo y nos encontramos con que 9,2 por ciento de los presos federales tiene alguna discapacidad. En ese marco es que estamos trabajando para que se les extienda un certificado de discapacidad, no para que se les otorgue el arresto domiciliario -como puede pensarse- sino para que los servicios penitenciarios comiencen a pensar en readecuar la infraestructura en función de las necesidades de estas personas.
– ¿Y esa readecuación llega efectivamente cuando la piden?
– Un caso que fue muy conocido fue el de Luis Patti (condenado por delitos de lesa humanidad), quien tuvo un ACV y quedó postrado, entonces el penal tuvo que armar una sala de rehabilitación, poner un baño especial, implementar una serie de medidas para que este hombre continuara detenido allí pero con las medidas que necesitaba en función de su estado de salud.
Pero la adecuación es fundamental, nosotros tuvimos un caso en Misiones de un hombre detenido por un intento de homicidio que pedía prisión domiciliaria por su situación de discapacidad, la cárcel no se adecuaba a las necesidades del detenido y éste pretendía volver al domicilio donde vivía su víctima. Una locura.
– ¿Cómo está Argentina respecto de otros países en materia de acceso a la justicia para quienes padecen alguna enfermedad?
– Nuestras leyes son muy completas pero a su implementación es otra cosa. Muchas veces las leyes existen pero lo que está en juego en muchos casos es la percepción social hacia estas personas. Nuestra sociedad no acepta las diferencias y esto afecta a todos, incluso a los funcionarios judiciales, jueces y cuerpo médico forense.
