ESCUCHARLas empresas LUSA y Cotreco, actuales prestatarias del servicio de recolección de residuos en la ciudad, firmaron finalmente ayer una prórroga de sus respectivos contratos hasta tanto se resuelva la licitación abierta para adjudicar el servicio por los próximos ocho años.
En caso de que ese concurso en marcha se dé por caído, se activará una extensión por 24 meses de plazo.
Los términos del acuerdo fueron confirmados a Comercio y Justicia por el subsecretario de Ambiente del municipio, Sebastián Roca. “Las condiciones son las mismas que hasta ahora, el servicio será el mismo”, señaló.
El costo mensual se ubica en $104 millones y se ajustará en abril próximo luego de que se active un nuevo pedido de aumento de las empresas, consecuencia del escalonamiento salarial de las paritarias acordadas en 2014 con el Surrbac, gremio que nuclea a los recolectores de residuos.
Justamente, ayer el sindicato emitió un comunicado para fijar postura respecto a la decisión del municipio de prorrogar los vínculos actuales con las empresas.
Luego de señalar que la decisión es una potestad que le corresponde al municipio como poder concedente, el gremio asegura que un un encuentro con “el Ejecutivo municipal (en dicha reunión) se comprometió a abonar las indemnizaciones a los trabajadores afiliados al Surrbac en octubre de 2015 y en una sola cuota” -alternativa que sólo es posible si la Municipalidad resuelve adjudicar la licitación en marcha-.
No obstante, la comuna admitió que también podría activarse si se resuelve el traspaso de los trabajadores a LUSA y Cotreco aun con contratos extendidos. Actualmente, si bien dependen de esas compañías, tienen un vínculo de fondo con Crese, que luego resolvió tercerizar la prestación del servicio.
En cualquier caso, la decisión oficial parece apuntar a una lógica política mas allá de las diferentes situaciones planteadas en torno a la licitación. Es que adjudicar hoy sería abrir la posibilidad de fuertes cuestionamientos que incluso podrían derivar en acciones judiciales, en el marco de un proceso electoral en crecimiento.
Los flancos legales apuntarían a que se adjudicare un servicio ciertamente diferente al licitado oportunamente.
Una decisión postergada hasta octubre permitiría sortear el proceso electoral tanto en la provincia (las elecciones serían en julio) como en el propio municipio, que convocaría a los comicios para el 11 de octubre.
Para esa fecha ya se conocerá quién seguirá al frente del Palacio 6 de Julio. Si es Ramón Mestre o algún dirigente de la UCR, el proceso podría adjudicarse. En tanto, el resto de los postulantes con chances ya anticipó que desactivará el proceso y llamará a una nueva licitación.
